La indiscreta basura judicial

Peleas conyugales por la custodia, teléfonos, domicilios, un desahucio por no pagar el alquiler del piso, declaraciones de la renta, un informe médico sobre depresión o esquizofrenia, un psicólogo acreditando malos tratos o abusos sexuales, la historia detallada de una relación de pareja... la vida entera pasa por delante de los jueces, y queda grabada en los legajos que se almacenan en sus oficinas. Periodistas de Tele 5 han encontrado parte de estas vidas en la calle, en la basura de varias provincias españolas -Madrid, Sevilla, A Coruña, Valencia y Barcelona-, según un reportaje emitido esta semana en la cadena.

Primero se hallaron papeles en un contenedor de Valencia. Después, en un vistazo rápido por los alrededores de varias ciudades, se comprobó que no era, en absoluto, un caso único. ¿Un error de algunos empleados? No lo parece, a juzgar por la cantidad ingente de papeles con datos de carácter personal encontrados en las basuras de los aledaños de muy distintos juzgados. Más bien parece ser otro problema más de los infinitos de la justicia en España. El director de la Agencia Española de Protección de Datos, Artemi Rallo, que está analizando la documentación hallada, pide que se cree una comisión multilateral a la que acudan el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y las administraciones autonómicas con competencias en la materia para tomar, cuanto antes, medidas que garanticen el derecho a la intimidad.

La Agencia pide que se cree cuanto antes una comisión para tomar medidas

"Cualquier juzgado debería tener reglas estrictas y claras para proteger los datos de los ciudadanos", explica Rallo, que se encuentra en Cartagena de Indias (Colombia) en el VI Encuentro Iberoamericano de Protección de Datos. "No hay excusas. El hecho de que un órgano judicial no tenga mecanismos adecuados de custodia de los documentos pone en riesgo el propio ejercicio de la función jurisdiccional. Es un mal funcionamiento de la Administración de justicia", añade. El Consejo General del Poder Judicial ha anunciado que va a abrir una inspección "a fondo" para aclarar lo ocurrido. Pero lo cierto es que el Consejo carece de un protocolo de medidas de seguridad aplicables en todos los juzgados y tribunales y cada uno se organiza como quiere y puede.

En el caso de los papeles hallados en las calles de Madrid, algunos eran de un juzgado de violencia de género e incluían datos de víctimas y agresores, solicitudes de órdenes de alejamiento e informes médicos y psicológicos. La Consejería de Justicia de esta comunidad, que asegura que hay máquinas de destrucción de papeles -no en cada juzgado, pero sí en cada sala-, ha señalado que quizá acuda a la fiscalía para depurar responsabilidades.

En cualquier caso, no hay más que darse una vuelta por cualquier juzgado de España para ver que la Ley de Protección de Datos no se cumple. Muchos expedientes judiciales incluyen datos sensibles, que gozan, según la ley, del máximo nivel de protección. Deberían estar en armarios o archivadores cerrados con acceso limitado y siempre cerrados con llave. Y debería estar estipulado en un documento de seguridad -que es obligatorio- cómo hacer reproducciones o destruir los documentos. Pero nada de esto sucede. Los expedientes están a la vista de cualquiera que acude a una oficina judicial. En ocasiones se acumulan por los pasillos o en el suelo.

No es la primera vez que aparecen datos judiciales en la basura, pero uno de los problemas que se plantean en estos casos es que la Agencia Española de Protección de Datos no puede sancionar a la Administración -ni a sus funcionarios-. Sólo puede acreditar que ha habido una infracción legal. "Aunque la responsabilidad de custodiar los documentos y garantizar la intimidad de los usuarios recaiga en los juzgados, el Consejo tiene la obligación de arbitrar todas las medidas necesarias para que estas cosas no ocurran", señala Artemi Rallo.