Buscando un bálsamo en las raíces

Media empanada, junto al cuchillo que la había cortado, fue el mensaje sutil que le dejaron a Nilda Eloy los allanadores de su casa. No robaron ni rompieron ni revolvieron nada. Pero el mensaje fue recibido. Como cuando, camino ella de los tribunales, dos individuos le gritaron en la calle, desde un coche y a cara descubierta, "¡feliz aniversario!" el 1 de octubre que conmemoraba los 26 años del día de su secuestro. Nilda Eloy es la testigo más protegida en los procesos que se siguen contra los crímenes de la dictadura argentina entre 1976 y 1983. Está en Galicia, invitada por la Asociación de Argentinos en el Exterior y la CIG, buscando en aldeas fronterizas con Asturias el rastro de sus abuelos, pastores sin patrimonio, que las abandonaron en los años de la Primera Guerra Mundial para no volver. Viene a ser para ella un bálsamo de melancolía sobre las heridas abiertas por la dictadura que, 25 años después, aún no cicatrizan.

Tardó 20 años en poder hablar de su infierno en seis centros clandestinos

Su testimonio fue clave para condenar a cadena perpetua a un jefe de policía

Eloy fue testigo de cargo y querellante contra el comisario Miguel Etchecolatz, en aquellos años negros jefe de la policía de Buenos Aires. En la querella la acompañaba Jorge Julio López, secuestrado dos meses después en un momento crucial del proceso, en septiembre de 2006, cuando ambos trataban de añadir el delito de genocidio a los de homicidio, detención ilegal y torturas, por los que finalmente, Etchecolatz fue condenado a cadena perpetua, como el año pasado el sacerdote Christian von Wernich. De Jorge Julio López nunca se ha vuelto a saber. Dos días después de su secuestro, le pusieron a Eloy la custodia permanente de tres policías que, sin embargo, no se percataron del allanamiento de su casa y del robo de la otra mitad de la empanada.

"La custodia no equivale a más seguridad. Es más vigilancia que custodia", afirma esta represaliada en Vigo, feliz de verse liberada por unas semanas de sus acompañantes cotidianos. Y aduce los motivos de su desconfianza. Sólo en el ámbito de la policía de Buenos Aires -por no citar milicos y civiles-, aún siguen activos un tercio de los efectivos, más de 9.000 hombres, que trabajaron con la dictadura. En ninguna parte se hizo limpieza. Los jueces, para poner luz a esa tenebrosa época y dirimir las responsabilidades, reclaman los listados de los destinos militares y policiales que correspondieron a los distintos centros de detención clandestina, unos 600 en todo el país, pero desde la actual Administración dan la callada por respuesta.

"Las víctimas tenemos que aportar cada prueba, y es muy difícil: vivíamos siempre encapuchados, anulados... En un solo caso, el de la Comisaría 5ª, hubo 134 represores imputados, pero sólo fueron identificados nueve". Ella reconoció al comisario Etchecolatz por su tono de voz en un programa de televisión. Fue el detonante. Habían pasado casi 20 años y hasta ese momento no había reunido fuerzas para contar su peripecia.

"No es fácil", afirma, justificando los muros de silencio que levantan las propias víctimas con la quimera de borrar así la atrocidad que, como sombra alargada, los culpabiliza sólo por sobrevivir. Ni siquiera se sabe su número.

A ella la secuestraron el 1 de octubre de 1976. Tenía 19 años, trabajaba y estudiaba Medicina, vivía con sus padres y no militaba en ninguna organización. Fueron preguntando por su novio y, como no estaba, la tropa comandada por Etchecolatz se la llevó. Estuvo once meses desaparecida, saltando por seis centros clandestinos de detención. En agosto de 1977 fue ingresada en una cárcel. "No podía hablar, ni caminar, casi no veía. Pero fue como entrar en un paraíso". Venía del infierno, que atravesó como todos, encapuchada: filas, golpes, violaciones, picana... la destrucción sistemática del ser humano. "Llegué a pesar 29 kilos. Nunca sabías, cuando te trasladaban de centro, si llegarías vivo al siguiente".

Habla maravillas de la Fundación Puigvert, donde en 1979 le curaron, entre otras heridas, unos riñones machacados. En 1999 empezó a contar su historia. En el país hay abiertas ya más de 1.100 causas judiciales por aquellos crímenes, pero esto mismo, con la falta de colaboración de la Administración, dispersa los procedimientos hasta hacerlos inmanejables. Las víctimas quieren que los procesos se unifiquen por centros clandestinos de detención. Nilda Eloy está en Galicia para informar de esa situación y buscar sus raíces sin sobresaltos de empanada.