Inmobiliarias en el Gólgota

Mientras se discute si son galgos o podencos los males de la desaceleración económica, hay un sector productivo que presenta todos los síntomas del sufrimiento: el inmobiliario. En la presentación de los resultados del ejercicio 2007, la pasada semana, el consejero delegado de Banesto reconocía meridianamente lo que va a suceder a continuación: uno de los segmentos que más notarán la sequía en el crédito será el inmobiliario.

Antes de que en el mes de julio de 2007 estallase en EE UU la crisis de las hipotecas locas y provocase un shock crediticio de liquidez y confianza que se contagió inmediatamente, ya había síntomas de desaceleración en el sector de la construcción en España: primero disminuyó el número de viviendas en construcción y luego el de ventas. Se hablaba entonces de una desaceleración controlada. Ahora, seis meses después, la secuencia es la siguiente: menos viviendas construidas o por construir, menos ventas de pisos nuevos o usados (y con una disminución fuerte en el incremento de su precio), dificultades en el acceso al crédito de los compradores (control de las hipotecas y mayores tipos de interés), disminución de la liquidez a las promotoras e inmobiliarias para la compra de suelo y condiciones más rígidas para la renegociación de la deuda pendiente con los bancos y cajas de ahorro. Naturalmente, el sector financiero quiere disminuir la exposición al riesgo en un sector al menos coyunturalmente en fuerte retroceso. Hoy los reyes del ladrillo han sido sustituidos en el imaginario colectivo del éxito por aquellos que disponen de lo más preciado que se puede poseer hoy: liquidez.

El sector inmobiliario será uno de los que más notarán la sequía en el crédito

¿Qué salidas puede tener una situación así? En primer lugar, la obtención de financiación nueva o una mejora de las condiciones para renegociar la antigua. Según estimaciones del Banco de España, la deuda financiera del sector inmobiliario en España (unas 40.000 empresas, muy atomizadas) asciende a unos 280.000 millones de euros, el equivalente a una cuarta parte del PIB español. Tal es la magnitud del problema. De ahí que hace unos meses, el presidente de Gobierno pidiese en un acto público que las entidades financieras fueran generosas en su oficio. Quizá en aquel momento no se entendió en toda su extensión la demanda de Zapatero que, sin duda, disponía de datos que luego el resto ha ido conociendo. Según otras fuentes, el llamado G-14, un lobby creado por las 13 mayores inmobiliarias españolas para influir en la sociedad, está negociando con el Gobierno líneas de financiación pública adicional, en condiciones blandas, a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), para obtener la liquidez que le niega el sector financiero privado. Otra vez el sector público en ayuda de un sector privado en dificultades.

El Gobierno está apoyando también de hecho al sector con la activación del Plan Estatal de Viviendas (medidas para facilitar la salida al mercado de pisos sin vender, ampliación de los beneficiarios de ayudas, alquileres con opción a compra, préstamos, etcétera) que lidera con tenacidad y convencimiento la ministra de Vivienda Carme Chacón, aunque es difícil que esas reformas obtengan un reconocimiento rotundo en el corto plazo. Por último, entre las salidas que da el propio sector figura la venta de activos que están protagonizando algunas inmobiliarias, en varios casos de forma desesperada, para reducir su apalancamiento, y de lo que hay numerosos ejemplos en los últimos días. Muchas de estas ventas las protagonizan terrenos que hace un año estaban tasados a un precio muy superior al actual.

Las inmobiliarias que cotizan en los mercados de valores viven momentos de derrumbe bursátil, de los que Astroc (que pasará a denominarse Afirma) y Colonial son sólo los ejemplos extremos. A final de mes ha de conocerse el plan que presentará el grupo Habitat para evitar la suspensión de pagos que ya han conocido otras empresas (como la valenciana Llanera). Ello afecta a los intereses particulares de sus accionistas, pero también existen los de quienes pueden verse perjudicados con la pérdida de su puesto de trabajo, cifrados en unos 500.000, según las estimaciones quizá exageradas del G-14, intentando llamar la atención de que si los constructores lo pasan mal, no serán los únicos que sufran esta coyuntura.