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Reportaje:

La suerte juega en negro

La venta de décimos premiados es delito si sirve para lavar dinero negro - Los premios no pagan al fisco

"Todo director de sucursal bancaria tiene algún cliente que le pide números de lotería premiados para lavar dinero negro. Hay formas de blanqueo más sofisticadas, pero ésa no pasa de moda. La lavadora empieza a funcionar en cuanto asoma el Gordo". A sus 34 años, Javier dirige una oficina de una caja de ahorros. Es su cuarto destino en la entidad, en la que lleva más de 10 años, desde sus tiempos de estudiante de Empresariales. En todas las sucursales por las que ha pasado le han ofrecido dinero por conseguir décimos premiados. "Para el vendedor la prima puede llegar a ser del 20%; el anzuelo es sugerente", prosigue antes de dejar claro por qué prefiere no dar su apellido: "Para los empleados de banca también hay prima, pero se corre el riesgo de perder el trabajo".

Es fácil seguir la pista de los billetes premiados, según los técnicos

Hacienda reconoce que se trata de una práctica "bastante común"

La compra de billetes de lotería premiados es una de las formas más tradicionales de blanqueo de dinero negro, un submundo en constante evolución pero en el que algunos métodos no pasan de moda. La Operación Malaya es el último caso sonado que ha acabado con varias detenciones: a la familia de Juan Antonio Roca -ex asesor de Urbanismo en Marbella y principal cerebro de la trama de corrupción masiva- llegó a tocarle la lotería 50 veces en 15 años. Las últimas, de la mano de un cuñado de Roca que dirigía una oficina de La Caixa en Murcia y ejercía como conseguidor.

Demostrarlo es complicado, pero las sospechas aparecen en infinidad de ocasiones. Al presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra (PP), el Gordo le ha visitado también varias veces. Al menos tres. La más reciente, en el sorteo del Niño, le dejó dos millones de euros y una petición de los partidos de la izquierda valenciana para que se investigue el asunto. Durante años, el concejal del PP en Madrid Ángel Matanzo era un agraciado habitual de la lotería. Cierto es que gastaba miles de las pesetas de entonces y que le gustaba intercambiar participaciones. Todos los años se llevaba un premio, gordo o pequeño.

La Agencia Tributaria asegura que la venta de boletos premiados no está generalizada, "pero sí es bastante común", reconoce un portavoz. El cuerpo de técnicos de Hacienda y el Registro de Economistas y Asesores Fiscales (Reaf) suscriben esa opinión. Pero nadie se atreve a ponerle el cascabel al gato. El Gobierno del PP apostaba en 1998 por imponer una retención del 20% en los premios de la lotería nacional y de la ONCE para dificultar esa práctica, pero ni en las dos legislaturas de los populares ni con el Gobierno socialista se ha dado un solo paso adelante en esa dirección.

La venta en sí no es ningún delito. Pero sí un pésimo negocio: los premios están exentos del pago de impuestos, mientras que al vender se acumulan los problemas. "Por un lado el vendedor pierde la exención y tiene que tributar por esa venta. Pero además se considera que eso puede ser un indicio de que se ha operado con dinero negro", afirma el portavoz de Hacienda.

Un contribuyente medio que resulte agraciado con un premio de 300.000 euros y venda el décimo a un defraudador por 330.000 euros puede acabar pagando 175.000 euros al fisco si se descubre el pastel. El comprador del billete, por el contrario, podrá acreditar el origen lícito de 300.000 euros, aunque Hacienda considera "bastante obvio" que si eso ocurre varias veces es un claro indicio de que ha puesto a funcionar la lavadora. Si no es así, el único coste para él será la prima de 30.000 euros.

José María Mollinedo, del cuerpo de técnicos de Hacienda Gestha, asegura que este procedimiento "es bastante común, pero no tanto como hace 20 años". Y advierte que para los inspectores "es relativamente sencillo seguir la pista de los billetes premiados, peinando las oficinas bancarias cercanas a la administración de lotería que ha vendido el premio". Aconseja "no dejarse tentar", porque puede incurrirse en un delito de blanqueo de capitales, con penas que incluyen la prisión.

Mollinedo hace gala de una excelente memoria sobre los casos más sonados: "La Operación Malaya es la más destacada, tal vez junto al de la familia Charlín, en Galicia, que instruyó el juez Garzón hace ya más de 10 años. Más recientemente, la mayoría de los casos están relacionados con desmanes urbanísticos, como en Andratx (Baleares), Telde (Canarias) o Castellón". A varios presidentes de clubes de fútbol también les ha tocado a menudo. "Tan a menudo que se hace muy difícil pensar en la suerte", apostilla

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 13 de enero de 2008