La juez archiva la causa contra los científicos de Granada

La denuncia que produjo escándalo y sembró incertidumbre entre los científicos que investigan sobre las células madre ha tenido cinco días de vida. La juez sustituta del Juzgado de Instrucción 8 de Granada, María Paz Pérez, decretó ayer el archivo de la causa contra los cuatro investigadores del Banco de Líneas Celulares de Granada por un supuesto delito de manipulación genética.

La declaración de estos cuatro científicos como imputados quedó en papel mojado tras las siete denuncias presentadas por Carmen Areoso, de 74 años, en un juzgado de guardia de Santiago, empujada por su "fe" y sus "principios", debido a su oposición al uso de células madre embrionarias.

La magistrada sostiene en un auto que la actividad de los investigadores no es "constitutiva de infracción criminal", tras estimar la petición de la Fiscalía, que pidió el "inmediato archivo" de la toma de declaración. El dictamen resalta la inconsistencia de la denuncia presentada por Areoso, que se limitó a calcar una denuncia redactada por la Asociación Pro Derechos Fundamentales contra el investigador valenciano Ángel Simón: "Únicamente consta la inferencia por parte de la denunciante de hechos delictivos a través de la lectura de un artículo, sin que exista ningún otro dato indiciario que permita concluir" que la ley se ha quebrantado.

La ley les ampara

La denuncia se dirigió contra los investigadores del banco granadino (su actual director Pablo Menéndez; su predecesor en el cargo, Ángel Concha, y los investigadores Fernando Cobo y Alicia Barroso) con el argumento de que los proyectos de investigación atentan contra el artículo 15 de la Constitución, referente al derecho a la vida. La juez añade que la pretensión de Areoso "produciría una instrumentalización indebida del proceso penal", ya que en este caso "no concurren los presupuestos procesales exigidos legalmente", por lo que desestima su pretensión.

La magistrada estima que los cinco proyectos de investigación donde participan los científicos han sido evaluados por las comisiones de seguimiento y control autorizadas. El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, afirmó ayer que en este caso se ha producido "cierta discordancia legislativa" entre la normativa específica y el Código Penal, que según Conde-Pumpido "está desbordado por esta materia".