Las empresas ganan seis meses para lograr el permiso ambiental de la UE

Las 284 empresas vascas más contaminantes tendrán mayor margen para cumplir la ley de Prevención y Control integrados de la Contaminación (IPPC). El Gobierno central ha aprobado ampliar hasta el 30 de abril el plazo para disponer de la Autorización Ambiental Integrada, un permiso que endurece los requisitos actuales y viene fijado por una directiva europea de 1996. Su carencia supone el cierre automático de la empresa.

La directiva, traspuesta en 2002 en España, había fijado la fecha límite del pasado 30 de octubre, pero incluía una disposición adicional que permitía a las empresas seguir funcionando sin la autorización, en el caso de que hubieran presentado la documentación a las distintas administraciones. Esta indefinición se ha resuelto tras aprobarse hace dos semanas una modificación en la norma a través del proyecto de ley de Patrimonio Natural, que fija la moratoria en seis meses. En Euskadi sólo 15 empresas habían logrado el permiso en los plazos establecidos.

Según los últimos datos de la consejería de Medio Ambiente, encargada de conceder las autorizaciones en Euskadi, otras 25 compañías están a punto de lograrlo. A ellas se unen otras 170 que han entrado ya en el proceso de exposición pública, el paso previo a que el departamento conceda el permiso.

Lo más preocupante es la situación de una treintena de empresas, que no han presentado ningún tipo de información relevante para tramitar el permiso, pese a que este proceso empezó a desarrollarse en 2006. Medio Ambiente está estudiando la situación de una decena, sobre las que tiene "dudas jurídicas" de que necesiten la autorización ambiental y sus técnicos están analizando cada caso. Sin embargo, otra veintena sí debe adaptarse a la nueva legislación y, dado el tiempo transcurrido y su silencio a los requerimientos enviados, "no creemos que presenten la documentación", señaló un portavoz de la consejería. Medio Ambiente asegura que será inflexible con estos casos, con lo que podría darse una situación inédita en Euskadi: el cierre de varias empresas por no cumplir los requisitos medioambientales.

El nuevo permiso endurece significativamente las condiciones actuales: ahora se protege el agua, el suelo y la atmósfera de forma independiente, fijando niveles máximos de emisiones en cada ámbito. La nueva regulación se basa en una visión integral, al globalizar todos los impactos y reunir en una sola todas las autorizaciones, que ahora otorgan de manera separada las distintas administraciones.

Junto a esto, cada industria tiene impuestos unos límites de emisiones o vertidos de manera individualizada, en función de su emplazamiento, el sistema de producción empleado o los riesgos existentes. La vigencia del permiso es de ocho años.