La Generalitat realizará un inventario de símbolos franquistas para ordenar su retirada
Ningún ayuntamiento se acogió en 2006 a las subvenciones para eliminar estos vestigios
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El Departamento de Relaciones Institucionales de la Generalitat, encargado de aplicar las dos leyes de memoria histórica en fase de redacción -la española y la catalana- realizará un inventario de los monumentos franquistas que todavía quedan en pie y los símbolos que permanecen en edificios oficiales e iglesias de Cataluña a fin de ordenar su retirada. Si bien la mayoría de ayuntamientos catalanes ya han eliminado de forma voluntaria la mayoría de estos vestigios de la dictadura, otros aún los mantienen pese a las subvenciones que ha otorgado la Administración de la Generalitat.
La Ley de Memoria Histórica que se está debatiendo en el Congreso de los Diputados decreta la retirada de todos los símbolos que aún perduran del régimen dictatorial del general Franco, incluidos los que se conservan en las iglesias católicas en honor a los caídos del denominado bando nacional. En aplicación de esta norma, que se aprobará previsiblemente en diciembre, la Generalitat realizará un inventario de todas estas reliquias para retirarlas.
Cataluña es la comunidad autónoma con menos símbolos franquistas, pues los ayuntamientos de izquierda -mayoritarios en las grandes ciudades desde la restauración de la democracia- los han ido demoliendo paulatinamente. Sin embargo, otros no han adoptado la misma actitud pese a las ayudas económicas que el Gobierno catalán ha concedido desde que está presidido por el tripartito. El año pasado, sin ir más lejos, la Generalitat abrió una línea de subvenciones para que los ayuntamientos suprimieran los símbolos franquistas de edificios, calles y otros lugares emblemáticos. Ningún municipio se acogió a estas ayudas. "El problema es que hay alcaldes que nos dicen que no quieren enfrentarse con sus vecinos y por eso prefieren mantener estos restos. Pero ahora con la Ley de Memoria Histórica va a ser diferente, porque la ley obliga a su retirada", comenta María Jesús Bono, directora general de Memoria Histórica de la Generalitat.
Bono explica -en declaraciones a EL PAÍS- que ha habido experiencias anteriores, como la realizada por el Ayuntamiento de Barcelona en colaboración con la Universidad, que inventarió los símbolos franquistas de la ciudad, o la retirada de las placas del antiguo Ministerio de la Vivienda en los edificios de pisos de protección oficial por parte del Departamento de Medio Ambiente y Vivienda.
Asesoramiento legal
También en Lleida la Generalitat ha catalogado los vestigios franquistas, pero en el marco de un programa piloto para recuperar el patrimonio de la memoria histórica tanto de la Guerra Civil como de la lucha antifranquista. De este modo, el pasado mes de septiembre, el consejero Joan Saura inauguró en la comarca leridana de la Noguera la señalización de trincheras y refugios donde se desarrollaron episodios bélicos de la batalla del Segre. En esta visita, Saura anunció la convocatoria de subvenciones por 1,5 millones de euros para extender esta experiencia por toda Cataluña, lo que servirá también como reclamo turístico.
El Gobierno catalán está a la espera de cómo queda la redacción final de la Ley de Memoria Histórica en cuanto a la anulación de las sentencias dictadas por el régimen franquista por delitos políticos. En el caso de que el articulado previera la suspensión de estas condenas y su nulidad jurídica, la Generalitat está dispuesta a asesorar legalmente a los afectados en función de las competencias que otorga el nuevo Estatuto catalán.
Devolución en marcha
El ministro de Cultura, César Antonio Molina, aseguró ayer durante su visita a la Feria del Libro de Francfort, que la segunda fase de la devolución de los papeles de Salamanca -documentos privados- a Cataluña se hará "lo más rápidamente posible cumpliendo la ley".
Molina señaló que el proceso "ya está en marcha" y recordó que la cuestión de los papeles incautados tras la Guerra Civil en Cataluña son "heridas del pasado que han llegado hasta nosotros, a generaciones que no vivieron afortunadamente el conflicto". El ministro pidió paciencia a los afectados porque "si hemos podido esperar setenta y tantos años, esperar unos meses no es tanto".
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