Fe en el crecimiento

El Gobierno ha hecho público el cuadro macroeconómico en el que se asentarán los Presupuestos Generales del Estado para 2008. Lo más relevante es la revisión al alza de la tasa de crecimiento prevista para este año, hasta el 3,8%, mientras mantiene para el año próximo una previsión de crecimiento del 3,3%. Ambas previsiones están en línea con las que ha hecho el Fondo Monetario Internacional (FMI), que ha pronosticado para este año un crecimiento de la economía mundial del 5,2%. Es decir, el Gobierno sostiene que el año próximo continuará el crecimiento económico elevado, la generación de ingresos tributarios derivada de ese crecimiento, tasas altas de creación de empleo -la EPA del segundo trimestre de este año sitúa ya la tasa española de paro por debajo del 8%- y una consolidación del superávit del sector público consecuencia de la próspera recaudación tributaria.

Tantas buenas noticias son sólo una parte de la realidad económica. De hecho, llaman menos la atención que las espesas incertidumbres que amenazan la continuidad del crecimiento. La más inquietante es el deterioro de las condiciones crediticias que parece avecinarse a causa de la crisis inmobiliaria en Estados Unidos. Los mercados de renta variable ya están notando el nerviosismo de los inversores y no son pocos los analistas económicos que temen que se inicien en fechas próximas correcciones a la baja en las bolsas del orden del 10%. Sean o no exagerados tales temores, más los que puedan derivarse del encarecimiento del petróleo, éste es el momento perfecto para descubrir si las autoridades europeas son capaces de conducir con firmeza y prudencia la política monetaria o, por el contrario, ceden a la inercia fácil de endurecer excesivamente las condiciones de financiación.

La atención principal de la política presupuestaria del año próximo debe centrarse en las opciones de gasto público. Parece irrenunciable la opción de aumentar el gasto de inversión en capital tecnológico y en infraestructuras, porque ésa es la vía para asegurarse ritmos altos de crecimiento económico y reforzar los niveles de bienestar. El crecimiento prolongado provoca un aumento de la demanda de servicios públicos que obliga a renovar y ampliar las infraestructuras. El riesgo más acusado es que el Gobierno ceda a las tentaciones electorales con ocurrencias similares a la de los 2.500 euros por hijo, que resultan arbitrarias, ridículas y costosas.