La Corte Suprema argentina anula los indultos a los jefes de la dictadura militar

La Corte Suprema de Argentina anuló ayer los indultos que el ex presidente Carlos Menem (1989-1999) había otorgado a la cúpula de la última dictadura militar (1976-1983). De esta manera, el tribunal reiteró la doctrina que viene sosteniendo desde 2004 -a partir del Gobierno de Néstor Kirchner- de que los crímenes de lesa humanidad no prescriben. A partir de este fallo, la justicia podrá continuar con los nuevos procesos contra los máximos dirigentes de una dictadura que ha sido responsable de la desaparición de 30.000 personas.

Con cuatro votos a favor, dos en contra y una abstención, la Corte sentenció ayer que debe juzgarse al ex comandante de Institutos Militares Santiago Riveros pese a haber sido indultado por Menem. Riveros había sido condenado por homicidio y está acusado de desaparición de personas, robo de bebés de detenidas desaparecidas -en el Hospital Militar del que era responsable se hacían partos clandestinos- y por la participación en el Plan Cóndor, la represión coordinada entre las dictaduras de Argentina, Chile, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia en los setenta.

El fallo de ayer anula también el perdón que Menem había concedido a los otros dirigentes del Gobierno militar, como los ex presidentes Jorge Videla y Leopoldo Galtieri y el ex comandante en jefe de la Marina Emilio Massera. Menem difundió ayer un comunicado en el que justificó los indultos al decir que en su Gobierno "hacía falta cerrar una etapa de odio y mirar adelante, pensando en la concordia y la reconstrucción nacional".

Riveros había sido detenido en 1985 y condenado por homicidio, pero Menem lo indultó en 1989 y la Cámara Federal de la localidad bonaerense de San Martín lo terminó sobreseyendo. Los querellantes recurrieron al año siguiente a la Corte Suprema de aquel entonces, que por un argumento formal rechazó el recurso de apelación. Riveros quedó libre, pero en 2006 volvió a ser detenido, aunque bajo arresto domiciliario por su avanzada edad, por la causa del Plan Cóndor y por el robo de hijos de desaparecidas.

Cuando la democracia se restableció con el Gobierno de Raúl Alfonsín (1983-1989) se juzgaron a los líderes del Gobierno militar por homicidios, privaciones ilegítimas de la libertad y otros delitos, en unas 30 causas. Pero bajo la presión de los militares, Alfonsín impulsó las llamadas leyes del perdón (la de obediencia debida y la de punto final) para que no se juzgaran a todos los demás ejecutores de las violaciones a los derechos humanos, incluidos los mandos medios y niveles inferiores de las fuerzas de seguridad. En 1989, a poco de asumir la presidencia, Menem indultó a los máximos responsables del terrorismo de Estado, a los guerrilleros que habían actuado durante periodos democráticos y dictatoriales en las décadas del 60 y del 70 y a los militares que se habían rebelado contra Alfonsín por los juicios contra la dictadura. La sentencia de ayer sólo anula el perdón a la cúpula militar.

En 2003, Kirchner asumió la presidencia argentina e impulsó la doctrina de que los crímenes de lesa humanidad no prescriben. Para el nuevo presidente, el procesamiento de los militares ha sido una obsesión: desde sus primeros discursos ha reclamado "juicio y castigo" contra militares y policías de la dictadura.

En los primeros meses de Gobierno, Kirchner emprendió una renovación de la Corte Suprema, promoviendo jueces de reconocida trayectoria. Ayer, esa Corte expresó que "los delitos de lesa humanidad, por su gravedad, son contrarios no sólo a la Constitución, sino también a toda la comunidad internacional" y que el Estado tiene la "la obligación de esclarecerlos e identificar a sus culpables".