Uribe no cede

El trágico caso de los 11 legisladores del valle del Cauca, en Colombia, que estaban en poder de las FARC, y en cuya muerte sus captores tuvieron indudable responsabilidad, si es que no fueron ellos mismos quienes se la dieron a sangre fría, no conmueve al presidente Uribe, que ha reiterado su negativa a hacer concesiones para liberar a un grupo de secuestrados que la guerrilla dice canjeables. Entre ellos están Ingrid Betancourt, ex candidata presidencial, así como tres ciudadanos norteamericanos, pero ya sólo son 45 en vez de 56, porque el 18 de junio, según las FARC, murieron los 11 diputados provinciales, "en un fuego cruzado", en una operación rescate del Ejército o paramilitares.

La historia es inverosímil; de 12 legisladores secuestrados en 2002 sólo se salva uno, que estaba en otro campamento, y en el tiroteo con unas fuerzas que los terroristas insurrectos identifican mal, mueren los 11 vallecaucanos. Los comunicados oficiales, hoy con Uribe y antes con sus predecesores, Andrés Pastrana o Daniel Samper, han merecido en ocasiones el escepticismo de la opinión, pero éste no es el caso. El presidente niega de manera airada, acongojada y convincente que hubiera rescate. Y se mantiene en su negativa a abandonar a las FARC -el llamado despeje- dos municipios, Florida y Pradera, para discutir un canje que afectaría a cientos de insurgentes detenidos, en el marco de una cierta humanización de la guerra. El propósito de los marxistas trocados en terroristas y narcotraficantes es diáfano: que el mundo les vea tratando de igual a igual con el poder, como ya hicieron, sin que ello sirviera de nada, con Pastrana.

¿Qué hay que hacer en estos casos? ¿Qué tiene precedencia, la vida o la razón de Estado? Sin ser colombiano parece difícil dar una respuesta tajante. Pero, entretanto, y bajo la conmoción que ha suscitado la masacre, condenada en el mundo entero, sí que hay que pedir que las FARC vengan con un cuento mejor que el del "fuego cruzado"; que entreguen los cadáveres de inmediato, operación para la que ya se ha ofrecido la Cruz Roja, porque la autopsia de los cadáveres permitirá establecer si hubo o no tiro en la nuca, y que accedan al canje sin condiciones. Eso haría un patriota, cualquiera que fuese su actitud ante el poder del Estado. De esa manera, cabe que la presidencia hiciera alguna concesión. Pero una pandilla de asesinos, bandoleros y terroristas nunca obrará así.