Una empresa británica pagó 1.800 millones en presuntos sobornos a un príncipe saudí

El fabricante de armas y aviones británico BAE Systems pagó al menos 1.800 millones de euros en presuntos sobornos secretos a un alto miembro de la familia real de Arabia Saudí y durante 20 años embajador en Washington, el príncipe Bandar. Los pagos se hacían de forma trimestral a través de una cuenta confidencial del Banco de Inglaterra y con la aprobación del Ministerio de Defensa. Esta acusación, lanzada ayer por The Guardian y la BBC, está en el corazón de la investigación paralizada en diciembre pasado por Tony Blair alegando "razones de seguridad nacional".

La suspensión de la investigación, tras las amenazas saudíes de paralizar la colaboración antiterrorista con Londres y cancelar un gran contrato de compra del avión de combate europeo, el Eurofighter, provocó entonces un enorme escándalo político en el Reino Unido y acusaciones a Blair de "ceder ante el chantaje saudí" y renunciar a la lucha contra la corrupción internacional para defender intereses nacionales.

Las acusaciones de corrupción y pago de sobornos cristalizaron en 2004 en una investigación de la Oficina de Grandes Fraudes, paralizada luego por Blair. Lo que no se conocía hasta ayer son algunas cifras concretas, los modos de pago y la aparente implicación del príncipe Bandar bin Sultán, hombre clave en las relaciones entre Arabia Saudí y Occidente y que, ahora, es consejero de seguridad nacional del rey Abdalá.

Según The Guardian y una investigación del programa Panorama de la BBC, que parecen haber bebido en las mismas fuentes dada la coincidencia de datos y de la fecha de difusión de la información, los pagos se realizaron por montantes de 30 millones de libras cada trimestre (45 millones de euros) "durante por lo menos 10 años", aunque sostienen también que los pagos empezaron hace 20 años, cuando el Gobierno de Margaret Thatcher firmó con Arabia Saudí el llamado contrato Al Yamamah (paloma, en árabe) por el que los saudíes se comprometían a comprar 120 aviones Tornado, aviones de guerra Hawk y otro equipamiento militar.

Uno de los puntos clave de la investigación es delimitar si los pagos se prolongaron hasta 2002, como afirma el diario londinense que ocurrió, porque eso significaría que se siguieron pagando comisiones una vez entrada en vigor en 2001 la ley británica que prohibía expresamente ese tipo de pagos corruptos a funcionarios extranjeros.

Los pagos se canalizaron a través de una cuenta confidencial puesta en marcha por el Banco de Inglaterra especialmente para el programa Al Yamamah. Además de los otros pagos, cada tres meses se enviaban al Banco Riggs de Washington 30 millones de libras adicionales, autorizados previamente por el Ministerio de Defensa y que no iban adscritos como comisión, sino como "pagos casi oficiales por servicios de marketing".

La BBC cita a David Caruso, un investigador que trabajó para el banco estadounidense, afirmando que el príncipe Bandar cogía dinero de las cuentas saudíes para uso personal: "No había distinción entre el dinero de la Embajada, o las cuentas oficiales del Gobierno, como las llamábamos, y las cuentas de la familia real". Eso ocurrió "durante años y años" y afectaba a "cientos de miles y millones de dólares".

Los implicados lo niegan

El príncipe Bandar hizo público ayer un comunicado en el que negaba que haya cobrado comisiones ilegales. BAE Systems asegura que siempre operó dentro de la legalidad. Sir Raymond Lygo, consejero delegado de la compañía cuando se firmaron los acuerdos Al Yamamah, aseguraba ayer en declaraciones a la BBC que no ha habido "nada inconveniente" en el acuerdo. "Yo soy el que ganó el contrato. Y no sé nada en absoluto acerca de él. Me acordaría del nombre", afirmaba. "Por lo que yo sé, no hubo pagos secretos. Todo se hizo de acuerdo con la ley de entonces, no hubo absolutamente nada irregular", insistía.

En una nota hecha pública ayer, la compañía británica insiste en que no hubo nada ilegal. "Al Yamamah es un programa de Gobierno a Gobierno y todos los pagos hechos bajo ese acuerdo se hicieron con la aprobación expresa de los Gobiernos de Arabia Saudí y del Reino Unido", dice la nota. Las acciones de la compañía cayeron ayer un 2,6% en el mercado de Londres.

El portavoz de Finanzas de los liberales-demócratas, Vincent Cable, pidió una investigación parlamentaria sobre el caso. A juicio del diputado laborista Roger Berry, que encabeza la comisión parlamentaria que examina las exportaciones británicas, "es perjudicial para los negocios británicos y las acusaciones de sobornos han de ser debidamente investigadas". Los conservadores suelen guardar un prudente silencio en torno a este caso.