La Comunidad de Madrid ofreció parches para detectar estupefacientes en adolescentes en 2001

La idea de que los padres puedan saber si sus hijos consumen algún tipo de estupefaciente no es nueva. Al poco tiempo de empezar a comercializarse los sistemas de detección caseros, en 2000, la Comunidad de Madrid, con el Gobierno del PP, ofreció a los progenitores que quisieran participar en un ensayo de uno de estos dispositivos, un parche que recogía los restos de cannabis o éxtasis en el sudor.

El ensayo fue muy criticado en su momento. Las ONG de lucha contra la drogadicción y la oposición, entonces también formada por el PSOE e IU, criticaron el carácter "policial" del plan.

El proyecto tuvo escaso éxito. En octubre de 2000, la Agencia Antidroga de la Comunidad restringió su uso a algunos casos, y siempre después de que padres, hijos y expertos hubieran mantenido al menos una reunión de información sobre el asunto. Al final, sólo cinco padres apuntaron a sus hijos para la prueba. Sus cinco hijos recibieron un parche, y el experimento duró, al menos de febrero a mayo de 2001. "El resultado no debió de ser muy bueno, porque se abandonó", dijo ayer un portavoz de la Agencia madrileña. "Si la prevención debe basarse en la confianza y el diálogo, no parece un sistema adecuado", indicaron. También hubo algunos presos que participaron en un ensayo, sin que los resultados aconsejaran extender el sistema.

El método de 2000, sin embargo, era diferente del que se quiere implantar en Milán. El parche servía, sobre todo, para recoger los restos de droga presentes en el sudor, pero luego había que mandarlo a analizar. Tenía la ventaja de que una vez implantado -en el brazo, por ejemplo- no se podía despegar sin que se notara. Los modernos métodos se parecen más a un análisis de embarazo con un dispositivo que cambia de color en contacto con orina o saliva de una persona que ha consumido estupefacientes.

Una portavoz del Plan Nacional sobre Drogas no quiso comentar ayer la iniciativa milanesa, pero apuntó que, a priori, le veía el problema de la falta de confidencialidad de la prueba y de la pérdida de la confianza entre padres e hijos.