La corrupción política es negra y no rosa

Cuando hace aproximadamente un año se inició el proceso que tan popular se ha hecho con el nombre Malaya (Desde Málaga a Ayamonte), pocos consideraban la trascendencia que tendría para la política, el que "una ciudadana" que se dedica al mundo de la canción, pudiese incurrir en un delito contra la Hacienda Pública, si es que llega a demostrarse tal imputación. Sorprende comprobar que lo que es muy serio para la solvencia de nuestra Democracia, es decir, la lucha eficaz contra la corrupción, pudiese convertirse en un circo romano, donde la ira se enfila hacia quienes pueden ser producto del propio sistema, distorsionando hacia donde se deben dirigir las miradas.

La Justicia debe de actuar eficazmente contra aquellos que han incumplido la ley. La Opinión Pública no debe disculpar a aquellos que han ejercido una de las peores acciones humanas, al aprovecharse de la confianza que los ciudadanos ponen en sus representantes políticos; pero hay que aprender a diferenciar al sujeto que ejerce la representación política de aquel que en la gestión de su patrimonio comete ilegalidades. Sobre todo, porque aún tratándose de un mismo hecho, como puede ser apropiarse de lo ajeno, las consecuencias son diferentes al estar tratando mundos tan diferentes como el público y el privado.

La corrupción política es una seta que nace y se multiplica con la oscuridad, y con la existencia de una débil moral que permite que prevalezca la oportunidad política sobre otros valores como el de la honestidad y la honradez. Aparece y se propaga con la falta de concreción de las leyes, o el excesivo poder discrecional que provoca cierta debilidad en el Estado de Derecho. La corrupción política surge y se reproduce con la lentitud, en los procesos administrativos, que manifiestan ineficacia y poca agilidad que se suple, en demasiados casos, con el soborno, el pago de comisiones, el tráfico de influencias, etcétera. La corrupción política se extiende como una plaga cuando se ejerce una Gobernanza incipiente, donde no se combinan la responsabilidad, la transparencia y la participación en todo lo relacionado con lo público.

Así mismo, la corrupción es uno de los instrumentos más eficaces para impedir la consolidación de un Estado de Derecho. Es la forma más utilizada para ralentizar su eficacia, pero sobre todo, la corrupción, si no se erradica, puede ser quien destruya una Democracia, al provocar que la ciudadanía llegue a aceptar que es inevitable, y mucho peor aún, que entienda y asuma como normal su aparición en la política.

En España hemos encontrado a tiempo, y gracias al escandaloso caso Malaya, y algunos otros, que el hábitat más prolífero para la multiplicación de la corrupción está en torno a la gestión del suelo y el urbanismo. La respuesta por parte de los que tienen alguna responsabilidad, o la pueden tener en el futuro, suele ser la de entrar en la ya utilizada costumbre de discutir quien tiene mayor responsabilidad, y hacer ver que es el adversario el culpable de la situación. O propiciar que cada una de las administraciones públicas culpe a la del color político diferente, mientras se gestan nuevos casos y se aumentan las posibilidades de que la corrupción siga su curso y multiplicación. Sería deseable que, sin dejar de juzgar lo ocurrido hasta este momento, se manifieste una voluntad política clara de acabar con este lastre de forma eficaz.

Por ello, no cabe la distracción sorprendente de enfocar hacia Isabel Pantoja, personaje mediático del mundo del corazón, para alejarnos de lo que es un problema, mucho más complejo, y que afecta a demasiados intereses, no del todo visibles. Sobre todo, porque pudiéramos vestir de "rosa" lo que debe tener un color negro, y además, pudiéramos debilitar los derechos fundamentales de quienes son inocentes, hasta que no se demuestra lo contrario, con tal de distraer al público y entretenerlo en lo intrascendental, fortaleciendo la cultura que se genera a partir de los programas basura.

Existen numerosos estudios realizados por organismos internacionales que luchan contra la corrupción, en países en vías de desarrollo, en los que se demuestra, empíricamente, que cuando aumenta el tiempo que duran los encuentros entre gerentes de empresas privadas, y burócratas del ámbito público, el índice de sobornos aumenta. O también, que cuando las decisiones están concentradas en un ámbito reducido de poder, la capacidad de obtener beneficios particulares, a costa de lo público, crece. E incluso, que en los procesos de descentralización, no regulados de forma exhaustiva, dejando márgenes grises donde la legalidad y la ilegalidad conviven amigablemente, la corrupción anida profundamente. Estos deben ser los focos de atención si se pretende luchar contra la corrupción política..

En la actualidad, y ante los acontecimientos ocurridos, la acción judicial es imprescindible, pero sobre todo lo es la acción legislativa que marque las pautas claras para evitar el mal uso de lo público. Un alcalde no debería poder vender suelo como si fuese su cortijo. No debería poder intercambiar usos de ese suelo, para financiar la precariedad económica de su ayuntamiento. No debería poder firmar convenios donde hipoteca el futuro del patrimonio de todos, de los parques, de las zonas de uso público, de los espacios verdes o de uso para el ocio. Desde el poder que los ciudadanos conceden a los políticos que los representan para legislar, es desde donde cabe ver la eficacia en la lucha contra la corrupción, no en los escándalos mediáticos. La única forma eficaz para controlar la discrecionalidad del político está en las normas claras donde no quepa ninguna de las acciones que hoy han provocado la situación de Marbella. Esta localidad se ha convertido en la mejor oportunidad para abordar un problema de peores consecuencias para el Estado de Derecho, si no se ataca desde sus raíces.

Los partidos políticos no pueden cambiar el pasado, eso queda para los jueces que lo juzgarán, pero sí tienen la responsabilidad de que, en el futuro, nadie pueda recibir comisiones. Tienen en sus manos la fórmula para que nadie necesite blanquear dinero, porque no habrá posibilidad de recibirlo. Y sobre todo, tienen en sus manos el hacer visible sus apuestas por la transparencia, no sólo para que se tenga la convicción moral de que se le está robando al pueblo, al de hoy y al de mañana, cuando se actúa como se ha hecho en este caso, sino para mostrar que nadie se dedique a la política con el fin de enriquecerse económica o políticamente, ni sea utilizada para tal fin por interés privado y contra el interés general. Una de las mejores formas de demostrar esa voluntad política es hacer público el patrimonio de alguien que comienza en la política y en qué medida se transforma, cuando decide dejarla.

Una gobernanza eficaz, basada en la responsabilidad, la transparencia y la participación ciudadana, son la mejor fórmula para que los partidos políticos aprovechen la oportunidad que el caso Malaya nos ofrece. Por eso, que no nos distraigan con Isabel Pantoja, que los tiros no van por ahí, y que mientras no se demuestre lo contrario, tiene la presunción de inocencia. Porque... ¿cuantas veces muchos imputados, en diferentes procesos judiciales, finalmente, han quedado absueltos y declarados inocentes, sin que nadie haya restablecido su honor, en las mismas proporciones en las que se hizo su acusación?, ... Esta inmoralidad es equiparable a la que sustenta a la corrupción, no sólo por el sufrimiento que provoca en el inocente que lo sufre y en su familia, sino por la injusticia social que se comete cuando se trata de hacer Justicia.

Susana Corzo Fernández es profesora titular de Ciencia Política de la Universidad de Granada.