Zapatero resuelve con una orden la cesión a Barcelona del castillo de Montjuïc

Barcelona recuperará el jueves el castillo de Montjuïc. Ese día se publicará en el Boletín Oficial del Estado la orden del Ministerio de Economía que así lo dispone y que ayer presentaron el alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, y el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Una escueta orden suplirá la ley que debía ceder el castillo y que está bloqueada en el Congreso. La instalación acogerá un Centro por la Paz y en ella ondearán las banderas europea, española, catalana y de Barcelona. Las administraciones acuerdan buscar otro emplazamiento para el retén militar en tres años.

"El castillo de Montjuïc, testigo de acontecimientos históricos de amargo recuerdo...". Así arrancaba el proyecto de ley que aprobó el Gobierno el 17 de marzo del año pasado. Una ley promovida por el anterior ministro de Defensa, José Bono, y que cayó como un jarro de agua fría en Barcelona por la terminología que adoptaba -"el Centro por la Paz debe enaltecer a Barcelona, Cataluña y España sin herir la memoria de los que allí murieron", continuaba aquella exposición de motivos- y porque imponía condiciones, como la permanencia de las antenas militares instaladas y el personal necesario y el acuerdo unánime de las tres administraciones para tomar decisiones sobre la fortaleza.

Aquel texto quedará retirado por "inútil", dijo ayer el alcalde de Barcelona, el socialista Jordi Hereu, tras el encuentro que mantuvo con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y que sirvió para sellar la cesión del castillo.

La orden de Economía y Hacienda es aséptica. Justifica jurídicamente que la fórmula no es aquel proyecto de ley de Bono, sino una orden ministerial de cesión del patrimonio de las Administraciones Públicas. En la propuesta sostiene que el "inmueble denominado" castillo de Montjuïc se destinará a Centro por la Paz y que se regirá por un consorcio en el que participarán "al menos" las tres administraciones.

Ese consorcio, aclaró Hereu, supone la derogación del actual patronato que tomaba las decisiones sobre el castillo, integrado por representantes de Defensa y de la ciudad. Un patronato en el que la última palabra la tenían los militares.

En el punto segundo de la orden se precisa que las "administraciones se comprometen a encontrar un emplazamiento alternativo para las instalaciones de antenas en un plazo máximo de tres años". Y en el tercero argumenta "que dado el carácter público del edificio y para reflejar la colaboración de las administraciones concernidas en el proyecto del Centro por la Paz, ondearán las banderas de España, Cataluña, Barcelona y la Unión Europea".

Las antenas y el retén militar que custodia el castillo seguirán allí tras su cesión al Ayuntamiento y hasta que se encuentre un emplazamiento alternativo. Además del Centro de Transmisiones del Ejército, las antenas dan servicio a Protección Civil, la Guardia Urbana o la Cruz Roja, entre otros organismos.

Hereu se defendió de las acusaciones de "electoralismo" que le han llovido desde sus aliados y de la oposición por el momento del acuerdo, a 10 días de la campaña electoral: "No creo que las citas electorales tengan que paralizar las cosas de la ciudad, sobre todo si se trata de un buen acuerdo para Barcelona". La demanda de que el castillo fuese cedido a la ciudad se planteó hace años y ha sido motivo de sucesivos pronunciamientos y mociones tanto del consistorio como del Congreso. Una de las primeras se produjo hace más de seis años. Fue presentada por Esquerra Republicana en el Congreso. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se comprometió en la campaña para las elecciones generales de 2004 a ceder "sin condiciones" el castillo a la ciudad.

De ese compromiso nació la ley que impulsó Bono y que condicionó la cesión a que la bandera española ondeara en "sitio preferente" y que las antenas y el destacamento permanecerían. Aquel proyecto de ley ha dormido en el en el Congreso. Y la patata caliente que suponía desdecirse de un proyecto de ley se ha resuelto cambiando el método por una orden ministerial.