Un tribunal argentino declara ilegal el indulto a dos militares de la dictadura

El último obstáculo legal para la persecución de los crímenes cometidos por la dictadura argentina (1976-1983) fue declarado ayer inconstitucional por la Cámara Federal argentina (el equivalente a la Audiencia Nacional), que, por unanimidad, se pronunció contra los indultos concedidos a los ex jefes militares Jorge Rafael Videla y Eduardo Emilio Massera, condenados a cadena perpetua, de la que se libraron en 1990 gracias al perdón otorgado por el entonces presidente, el peronista Carlos Menem.

Tras la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final en junio de 2005, que permitió la reactivación de numerosas causas por violación a los derechos humanos paralizadas desde hacía décadas, quedaba el espinoso tema de los indultos firmados por Menem a la cúpula de la dictadura, juzgada y condenada en 1985 en los llamados Juicios a las Juntas Militares. El presidente Néstor Kirchner, también peronista, se ha declarado siempre contrario a estos indultos, pero nunca ha sido partidario de anular la polémica disposición presidencial con otra, entre otras razones por la dudosa constitucionalidad de que un indulto pueda ser anulado por decreto del poder Ejecutivo. En vez de ello, ha pedido en numerosas intervenciones públicas a la justicia que se pronunciara sobre ello y acelerara los plazos.

"Los hechos por los que fueron condenados Videla y Massera no resultan susceptibles de perdón". Con esta frase, pasado el mediodía local, los seis jueces de la Cámara Federal reactivaban la cadena perpetua contra los dos ex militares, condenados en la llamada Causa 13, en la que se investigó su responsabilidad en lo que ellos calificaron de "lucha contra el terrorismo".

Durante la dictadura -a la que los militares denominaron oficialmente como Proceso de Reorganización Nacional- desaparecieron al menos 30.000 personas y otros varios miles sufrieron detenciones extrajudiciales, torturas y diversas violaciones a los derechos humanos. En el mismo proceso, junto a Videla (presidente de facto del país) y Massera (jefe de la Marina) fueron condenados Orlando Agosti (cadena perpetua), Roberto Viola (16 años de cárcel) y Armando Lambruschini (8 años). Los tres ya han fallecido.

La resolución emitida ayer establece que "existe una obligación estatal imperativa que deriva del Derecho internacional y que consiste en investigar, juzgar y sancionar a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos".

En la actualidad, Videla se encuentra bajo arresto en su domicilio del barrio porteño de Belgrano, acusado por el robo y entrega en adopción ilegal de niños nacidos de detenidas embarazadas a las que posteriormente se asesinaba y se les hacía desaparecer. El crimen está considerado como de lesa humanidad y no prescribe. Por su parte, Massera, con importantes problemas de salud, tampoco abandona su domicilio y está declarado incapaz de defenderse en un proceso. Esta circunstancia hace que, en la práctica, la anulación de sus indultos no vaya a provocar un cambio en la situación de los ex militares, ya que, por edad avanzada, ambos permanecerán en sus casas. En cualquier caso, el tema ha quedado en manos de un juez de ejecución penal que deberá decidir la situación de los condenados.

La sentencia es apelable ante la Corte Suprema (que equivale al Tribunal Supremo y al Constitucional al mismo tiempo), reformada hace poco por Kirchner y de la que, en el supuesto de recibir un recurso, no se espera una disposición contraria el tribunal que ayer falló a petición de abogados de la Asociación de Detenidos Desaparecidos y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre.

La resolución se produce después de que en septiembre de 2005 el juez federal Norberto Oyarbide declarara inconstitucional los indultos a dos ex ministros condenados de la dictadura: José Alberto Martínez de Hoz, titular de Economía, y Albano Hargindeguy, acusados de secuestro con extorsión contra dos empresarios acaecido en 1976.