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La Cámara cuestiona el esfuerzo inversor del Estado en Cataluña

Un informe técnico interno de la institución sostiene que se "ganará lo mínimo"

El Estatuto catalán estableció que la inversión en infraestructuras del Estado en Cataluña debía ser equivalente al peso del producto interior bruto (PIB) catalán en el conjunto de la economía española, es decir, un 18,8%. La Generalitat y el Gobierno central aseguran que ya se cumple este año, el primero en que se aplica el Estatuto. Pero los expertos no lo ven claro. Un informe técnico interno de la Cámara de Comercio de Barcelona cuestiona el esfuerzo inversor en 2007. Afirma que "la ganancia neta para Cataluña será mínima".

La Cámara de Barcelona cifró el déficit inversor, el pasado agosto, en 917 millones de euros. Pero tras los primeros Presupuestos del Estado con el nuevo Estatuto, los de 2007, la institución que preside Miquel Valls dijo que estudiaría a fondo el tema y no tiene posición oficial.

La entidad ha pedido a varios expertos de reconocido prestigio que elaboren sendos dictámenes sobre el asunto. Además, dispone de un informe de su servicios técnicos que arrojan un poco de luz. "El aumento de las dotaciones presupuestarias y extrapresupuestarias del Estado destinadas a infraestructuras de transporte y medio ambiente en Cataluña ha sido prácticamente compensado por una disminución del esfuerzo inversor de otras partidas del presupuesto de 2007", apunta este documento de trabajo.

El informe llega a esta conclusión tras constatar que la inversión real del sector público estatal en Cataluña creció un 2,7% respecto de 2006, cuando el ritmo de crecimiento para el conjunto del Estado superó el 13%.

En primer lugar, los servicios técnicos de la institución cameral advierten de que la comparación que hace el Gobierno central de los volúmenes de inversión entre 2006 y 2007 "no es homogénea" y de que "la mezcla de conceptos dificulta" hacerse una opinión sobre el cheque inversor del Estado en Cataluña en 2007.

La inversión real (capítulo 6 de los Presupuestos) consignada por el Gobierno en Cataluña en 2007 asciende a 2.957 millones de euros, lo que representa un 14% de la inversión total del Estado. Pero tanto el vicepresidente segundo del Gobierno, Pedro Solbes, como el consejero catalán de Economía, Antoni Castells, sostienen que la brecha entre este 14% y el 18,8% -como manda el Estatuto- se cubre con unas transferencias de capital y dotaciones extraordinarias, que elevan el montante hasta 3.195 millones.

Inversiones reales

En este capítulo, figuran partidas como la destinada a la de la empresa pública de infraestructuras de transporte terrestre (SEITTSA), de 110 millones; otra sin concretar que incluye el rescate de peajes (169 millones); la financiación de entes territoriales (40 millones), y otros 130 millones de plan extraordinarios de carreteras. Si se añaden los 250 millones correspondientes a la inversión prevista por Renfe en Cataluña, el cheque total suma los 3.445 millones de Solbes y Castells.

Pero los técnicos de la Cámara consideran que las partidas anteriores "no son inversiones reales". Para poder comparar las cifras, es decir, para saber si Cataluña sale beneficiada, la inversión de 2006 debería incluir entonces las obras del Plan extraordinario de carreteras, que se ejecuta desde 2005 y que sí se contabilizan en 2007. Pero el Gobierno no concreta el dato. Además, es la primera vez que se considera inversión en Cataluña la partida del SEITTSA.

Lo que pide la Cámara es un "marco de acuerdo" sobre los criterios para evitar que cada año las inversiones del Estatuto en Cataluña sean objeto de batallas políticas: qué se considera infraestructura y qué inversión. De acuerdo con la literatura económica y el Banco de España, la institución entiende por infraestructura todas las instalaciones y edificios que den algún servicio, ya sean productivos (carreteras, ferrocarriles) o sociales (escuelas, hospitales). El Gobierno, en cambio, sólo se refiere a las infraestructuras de dos ministerios: Fomento y Medio Ambiente, lo que para la Cámara constituye un "riesgo obvio" de compensar el aumento en ambas áreas con una disminución en otras.

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