México endurece las penas contra la explotación sexual de menores
"Teníamos que hacer algo. Nuestro país es el principal proveedor de pornografía infantil en el mundo", dijo ayer el presidente del Senado México, Manlio Fabio Beltrones, del Partido Revolucionario Institucional (PRI) al valorar las reformas aprobadas el martes por la Cámara Alta, que endurecen las penas contra la explotación sexual de menores. La nueva legislación, que permite destituir e inhabilitar a religiosos pederastas, tuvo que sortear intensas presiones de la jerarquía católica, que considera que los miembros de cualquier culto religioso no son servidores públicos y, por tanto, no pueden ser sancionados por el Estado.
La Conferencia del Episcopado Mexicano esgrimió hasta el último momento que la reforma del Código Penal aprobada invade la competencia de la Iglesia. Los legisladores hicieron caso omiso a las presiones y aprobaron por unanimidad el nuevo decreto que modifica el marco penal para combatir la prostitución infantil, la pornografía y el tráfico de niños. Corresponde ahora al Ejecutivo federal la promulgación de la nueva legislación.
Las reformas aprobadas duplican por lo general las penas por los delitos referidos, que pueden alcanzar hasta 15 años de prisión. Beltrones lamentó que hasta el martes, adultos y niños eran sancionados de igual manera por tales delitos.
La premura con que ha actuado el Senado no es ajena a los escándalos destapados en los últimos tiempos. Concretamente, la red de pornografía infantil descubierta por la periodista Lydia Cacho, en la que estaban implicados destacados empresarios y políticos, encabezados por el hotelero Succar Kuri.
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