La historia, en los juzgados

A la salida del juzgado de paz de Cerdedo, ayer, un vecino gritó desde su casa "¡Viva Franco!". Sin una explícita relación causa-efecto, casi simultáneamente, el Gobierno gallego, la Real Academia Galega, las tres universidades y el Consello da Cultura Galega manifestaron su apoyo al historiador Dionisio Pereira, autor de referencia en temas relacionados con el asociacionismo obrero en Galicia y la represión -terrible- en el mar.

Paul Preston, Ángel Viñas, Julio Aróstegui o Josep Fontana ya lo habían hecho, en una lista que sigue sumando adhesiones desde todos los estamentos de la sociedad gallega, a los que ayer se añadieron escritores como Suso de Toro o Manuel Rivas. El historiador gallego acudía al juzgado para responder por un relato incluido en la primera versión de su libro La II República y la represión en la comarca de Cerdedo, un ayuntamiento pontevedrés de 4.000 habitantes. Entre el 11 y el 12 de agosto de 1936, en Cerdedo murieron siete personas sin constancia documental. Pereira intentó reflejarla tras numerosas entrevistas con ancianos de la zona. Lo hizo así: "Personas señaladas por su participación en los asesinatos y maltratos o como instigadores de los mismos: Ángel, Luis y Manuel Gutiérrez Torres (jefe de Falange, alcalde de Cerdedo en los cuarenta y cincuenta), Eligio y Francisco Nieto (falangistas)".

"Él habla de unos 'señores que dicen'. Yo digo que no dicen", señala el abogado

El párrafo vio la luz en 2003, dentro del relatorio de las actas del I Congreso sobre la Represión Franquista. Pero la publicidad llegó en 2006, cuando la asociación cultural Verbo Xido editó el libro, con el patrocinio de Cultura, al albur del Ano da Memoria que siguió a la entrada de la izquierda en el Gobierno de Galicia. En la versión final, Pereira añadió "presunta" a la implicación de estas personas "en diversas manifestaciones de esta represión", además de citarlas con iniciales. Ayer respondió a las dos demandas de conciliación presentadas por los hijos y nietos de los imputados retroactivos, residentes en Pontevedra y -según fuentes cercanas- "gente demócrata". "Los hay hasta filosocialistas. Uno de ellos participaba en las excursiones campestres de Verbo Xido hasta que empezaron a acusar a su padre", dicen.

El abogado de los conciliantes, Santiago Taibo, relató a este periódico que las familias afectadas "pretenden salvaguardar el derecho al honor de sus antecesores". "En el libro de 2006 pone 'presuntas', pero el nudo gordiano es la primera versión". Para Taibo, "la única prueba de Pereira son testimonios. Él habla de 'unos señores que dicen'... Yo digo que no dicen". El abogado también cuestiona la pertenencia de Manuel Gutiérrez a Falange en los días posteriores al 18 de julio de 1936. "Manuel entonces estudiaba Farmacia", aseguró. "En todo caso, quien tendrá que demostrar que Manuel fue un asesino es Pereira".

No hubo conciliación, y Pereira podría enfrentarse ahora a una demanda civil. Los herederos de los afectados exigen que se retracte y una indemnización todavía por definir. "Mis fuentes viven en Cerdedo", dice Pereira, "y debo protegerlas". "¿Cómo se documenta una muerte pararregular sin acudir a fuentes orales?", se pregunta. "Ni quiero ni puedo retractarme", señala. "Está en juego la dignidad de las víctimas".

"Si los hijos no quisieron hablar de lo que les pasó a sus padres, habrá que defender la posibilidad de que hablen los nietos", apuntó Ramón Villares, presidente del Consello da Cultura Galega. En el 70 aniversario del 18 de julio, la asociación Verbo Xido inauguró un pequeño monumento en Pedre en memoria de los canteros de la CNT Secundino Bugallo y Francisco Arca. No tardó en ser arrasado, pero ya lo han repuesto.