El Gobierno subirá el impuesto a los coches potentes para frenar las emisiones de CO2

Hacienda bloquea las iniciativas de Medio Ambiente para gravar residuos, agua y electricidad

La reforma fiscal verde que desde hace un año anuncia el Gobierno se centra en un cambio en el impuesto de matriculación para que los todoterreno y los coches más potentes -los que más contaminan- paguen más. El resto de las iniciativas

(como gravar los residuos, el agua y la electricidad) acordadas por cuatro grupos de trabajo de los ministerios de Economía y Medio Ambiente no saldrán adelante por las pegas de Hacienda. Y ello pese a que el PSOE ha votado en el Congreso por una fiscalidad ecológica.

"El Gobierno está preparando una reforma fiscal del automóvil para combatir el cambio climático", según explicó el viernes en el Congreso Nacional de Medio Ambiente el secretario general para la Prevención del Cambio Climático de Medio Ambiente, Arturo Gonzalo Aizpiri. El proyecto del Gobierno, pactado entre Hacienda y Medio Ambiente, es crear un nuevo tramo más alto en el impuesto de matriculación para los todoterreno y los coches más potentes.

Actualmente, el impuesto de matriculación de los coches depende de la cilindrada. Los coches diésel con menos de 2.000 centímetros cúbicos pagan un 7% del precio inicial y los mayores, un 12%. La intención del Gobierno es crear un tercer tramo para los todoterreno y los coches de más de 2.500 centímetros cúbicos, que pagarán el 17%. Para un todoterreno de 21.000 euros, el aumento de precio sería de 1.200 euros.

El Gobierno pretende reducir las emisiones de dióxido de carbono (CO2) del transporte, que están disparadas y no sujetas a ninguna restricción. Las emisiones de gases de efecto invernadero del transporte han crecido más del 80% desde 1990 y son responsables en gran medida de que España sea el país industrializado que más se aleje del Protocolo de Kioto. La intención del Gobierno es desincentivar la compra de estos automóviles muy contaminantes o, al menos, que el que contamine, lo pague. Además, pretende dificultar la importación de estos coches muy potentes y todoterreno, que mayoritariamente se fabrican fuera de España.

El Gobierno también subirá el impuesto de los coches diésel y lo igualará al de gasolina. Tradicionalmente, el diésel estaba favorecido por el uso profesional de estos vehículos. Ahora, Hacienda considera que no es necesario favorecerlo tras pactar la creación de un gasóleo profesional con menos impuestos. Las ventajas fiscales del diésel han disparado la venta de estos vehículos, que han pasado de suponer el 12,8% del total en 2001 al 65,1% en 2004. Esto ha causado que las importaciones de gasóleo se hayan multiplicado y que las refinerías no den abasto mientras sobra gasolina. Además, el diésel emite más partículas y contamina más en las ciudades que la gasolina. Al igualar el impuesto de matriculación, el Gobierno pretende igualar poco a poco las ventas. También estudia, aunque no está decidido, rebajar algo el tramo menor para que no todo sean subidas de impuestos.

Tasas según la polución

La patronal del automóvil se opone a esta reforma y pide que los coches paguen impuesto en función del CO2 que emitan. Ésta sería la situación más justa, porque actualmente dos coches con la misma cilindrada pagan el mismo impuesto aunque uno emita mucho más que otro. El Parlamento Europeo ha pedido que los impuestos dependan de las emisiones, porque es la forma de incentivar más el desarrollo tecnológico de ahorro de emisiones. El Ministerio de Industria se ha sumado a la tesis de los fabricantes, pero Hacienda ha contestado que no es posible. El problema que esgrime es que la recaudación del impuesto de matriculación está cedida a las comunidades autónomas. Para cambiarlo de la cilindrada a las emisiones habría que pactarlo con las autonomías, algo difícil, ya que esa reforma podría bajar la recaudación. Sin embargo, al crear un nuevo tramo más alto para los todoterreno, la recaudación será siempre mayor, por lo que las comunidades deberían apoyar el cambio. La reforma también gravará las motos de agua y los quads (motos de cuatro ruedas), que actualmente están exentos.

El grupo de trabajo formado por Hacienda y Medio Ambiente recomendó todos estos cambios hace ya un año, pero Hacienda guardó sus conclusiones en un cajón. Y eso pese a que el PSOE se comprometió en su programa electoral a elaborar "una Ley de Bases de Fiscalidad Ecológica". Además, una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado de 2007 introducida por Izquierda Verde y votada por el PSOE exige al Gobierno que "a lo largo del ejercicio presupuestario de 2007 incorpore, a través de las reformas normativas necesarias, elementos de fiscalidad verde utilizando las figuras fiscales actuales o creando nuevas figuras".

Sobre el papel está clara la intención del Gobierno de aplicar el principio de quien contamina paga. Pero en la práctica es otra cosa. Como explica el subdirector de Impuestos Especiales de Hacienda, Alberto Cornejo, "no sería la primera vez que el Gobierno incumple un mandato del Congreso". Cornejo hizo una exposición sobre el tema en el Congreso Nacional del Medio Ambiente en el que, quizá pensando que no había prensa, se expresó con una claridad poco habitual: "La decisión es que no hay ninguna decisión, hacer estudios y esperar", "cuando se cambian los impuestos hay un coste político", "la fiscalidad ecológica se defiende desde la oposición, pero desde el Gobierno se hace muy difícil, por no decir imposible".

Pese a esta chocante exposición, que contradecía declaraciones previas, fuentes del Gobierno insisten en que hay acuerdo con Hacienda para cambiar la reforma del automóvil en el primer semestre de 2007 y aplicarla en 2008. El diputado de Izquierda Verde Joan Herrera considera "muy insuficiente que la reforma fiscal verde tan anunciada se limite al impuesto de matriculación, algo que tenía que estar hecho hace un año". Por el momento, la única iniciativa del Gobierno ha sido suprimir las deducciones fiscales que tenían las empresas por inversiones en medio ambiente.

RESIDUOS. Sin ley de coordinación

Hace un año, la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, anunció que la reforma fiscal verde iba a ser "la mejor herramiento en la lucha en favor del medio ambiente". Narbona afirmó que esta reforma paliaría el modesto incremento del presupuesto de su departamento en 2006. Medio Ambiente y Hacienda cerraron cuatro grupos de trabajo.

Uno de lo grupos "consideró viable" que el Gobierno hiciera una ley de coordinación para gravar los residuos y que paguen más las empresas que más residuos generan. Como ya lo hacen algunas comunidades autónomas, la ley serviría para aunar criterios y que las autonomías lo pudieran imponer o no. Fuentes de Hacienda afirman que no habrá tal ley.

AGUA. No en esta legislatura

La directiva Marco del Agua obliga a que los consumidores paguen el precio real del agua, incluyendo los costes ambientales, a partir de 2010. Esto en España supondría elevar el recibo doméstico un 30%, según anunció una economista del Ministerio de Medio Ambiente y según recomendó el grupo de trabajo Economía y Medio Ambiente.

Pero quedará para otro momento. El precio del agua lo fijan los ayuntamientos y es muy complicado dirigirlo desde el Gobierno. Además, el agua desalada ya ha obligado a subir el precio en Murcia y Alicante, y el Gobierno no quiere más reyertas políticas por este motivo. Medio Ambiente ya intentó en 2004 imponer un canon por el uso de agua a agricultores, campos de golf, hoteles y consumo, y el Ministerio de Agricultura logró pararlo.

ELECTRICIDAD. Tramos por obligación

Otra propuesta de los expertos del Gobierno era establecer tramos en la tarifa eléctrica y, según algunas fuentes, reducir la parte del recibo que va a subvencionar el carbón. La idea es que no pague lo mismo el dueño de un palacete con calefacción eléctrica o una familia con consumo moderado, ya que la primera contribuye mucho más al cambio climático.

Al final, Industria opta por un camino intermedio. El recibo subirá en 2006 lo mismo que la inflación para los 135.600 consumidores con menos potencia instalada y más para el resto. Además, las autonomías podrán imponer un recargo. Pero las razones que han llevado a tomar la decisión no ha sido el cambio climático, sino mitigar la deuda galopante del Gobierno con las eléctricas del llamado déficit de tarifa.

* Este artículo apareció en la edición impresa del sábado, 02 de diciembre de 2006.

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