La Junta denunció 347 obras ilegales en Medina Azahara entre 1995 y 2003

La Delegación de la Consejería de Cultura en Córdoba sostiene que, entre 1995 y 2003, remitió 347 denuncias al Ayuntamiento que alertaban de la urbanización o construcción de casas en el entorno de Medina Azahara. En esos años, se levantaron 190 edificaciones en un suelo que primero fue no urbanizable y luego estuvo protegido por un plan especial. La Junta se hizo cargo del entorno de Medina Azahara al ampliarse la zona de protección en 2003 y remite las nuevas denuncias al fiscal.

A principios de 1995, el problema de las tres urbanizaciones ilegales del entorno de Medina Azahara no era más que un incipiente grano dentro de la proliferación de viviendas sin control en el término municipal de Córdoba. La Junta tenía contabilizadas siete casas en la parcelación ilegal La Gorgoja II; 20 en El Cercado de Las Pitas; y 12 en Córdoba La Vieja. Pero aquello empezaba a convertirse en un quiste para Medina Azahara. El 16 de enero de ese año, la Delegación de la Consejería de Cultura presentó la primera denuncia ante el Ayuntamiento de Córdoba. Se alertaba de que en Las Pitas se estaban realizando "una serie de parcelaciones ilegales y obras de urbanización (movimientos de tierras, exploraciones, construcción de caminos) totalmente contrarias a las prescripciones de los artículos 323y 324 del PGOU de Córdoba". La Junta pedía al Ayuntamiento, gobernado por el PP, que tomara "las medidas oportunas destinadas a la inmediata paralización de dichas obras". Se argumentaba en el escrito que "el mantenimiento sin alteración de la zona, en los términos previstos en el PGOU de Córdoba, resulta útil para los intereses de la protección paisajística de Medina Azahara, cuyo plan especial, en fase de tramitación, lo incluye en su ámbito de actuación".

La Consejería de Cultura sostiene que presentó 347 denuncias entre 1995 y 2003. Primero, se alertaba de parcelaciones ilegales, es decir, de la roturación de los terrenos para vender parcelas más pequeñas. Luego, se denunciaba la construcción de las casas que hoy están en el centro de la polémica debido a que IU y PP han aprobado la tramitación de un plan para dotar de saneamientos a las tres urbanizaciones ilegales. El problema se convirtió en un cáncer. Entre 1995 y 2003, La Gorgoja II pasó de siete a 34 casas; Las Pitas, de 20 a 152; y Córdoba La Vieja, de 12 a 46. El crecimiento más acentuado se produjo durante el gobierno del PP, que estuvo en el poder hasta 1999, cuando IU ganó las elecciones.

Las casas, desde un principio, se levantaron en un terreno en el que no se podía construir. El PGOU de 1986 establecía que el suelo que ocupan las tres parcelaciones era no urbanizable. En 1996, cuando la Junta comienza a denunciar la situación, se realiza la aprobación inicial del Plan Especial de Protección de Medina Azahara. Se aprueba definitivamente dos años después y se determina que las tres parcelaciones son ilegales "no reconducibles". Los vecinos recurren el plan especial pero, en abril de 2002, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía desestima el recurso.

¿Y qué ocurrió a partir de 2003? Ese año se aprueba, con los votos favorables de los tres grupos municipales, el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Córdoba en el que se incluye la declaración de "no reconducibles" para las tres parcelaciones ilegales, tal y como fijaba el Plan Especial de Protección de Medina Azahara. Los vecinos recurren entonces la aprobación del PGOU y el TSJA desestima de nuevo la demanda.

Además, en julio de 2003, la Junta decreta la ampliación de la zona del Bien de Interés Cultural de Medina Azahara. Esto supone que las competencias de control de la proliferación de casas ilegales en las tres urbanizaciones recayeron en la administración autonómica. Desde esa fecha, la Junta ha presentado en la Fiscalía de Córdoba diez denuncias más por construir en la zona. Seis se presentaron hace dos semanas.

La alcaldesa de Córdoba, Rosa Aguilar (IU), sostuvo ayer que la ampliación de la zona BIC impulsada por la Consejería de Cultura provocó que las parcelaciones ilegales que estaban construidas se "quedaran en medio".