Bruselas pide cuentas al Gobierno

La infraestructura que mejor simboliza el tenso pulso que mantienen los defensores del desarrollismo a ultranza y los vigilantes de la conservación en Doñana es un camino rural. O lo fue. Los 21 kilómetros que unen Villamanrique de la Condesa (Sevilla) y El Rocío (Huelva) a través de una finca del Parque Natural de Doñana -creado en 1989 por la Junta a modo de colchón para amortiguar la presión sobre el parque nacional- fueron acondicionados en 2001 por la Consejería de Agricultura y Pesca. "La mejora del asfaltado, que convirtió de facto el camino agrícola en carretera, permite que se alcancen fácilmente velocidades de hasta 160 kilómetros por hora", denunció Adena en un informe.

A pesar de cruzar por una zona de alto valor ecológico, la Junta de Andalucía no elaboró un estudio de impacto ambiental al considerar el arreglo del camino agrícola una obra menor. Tras el acondicionamiento de la vía, que posibilitó más circulación y más velocidad, murieron dos linces atropellados. En marzo de 2003, Moralejo, un ejemplar joven que había nacido en el parque nacional y se encontraba en fase de dispersión, murió debido al "impacto violentísimo" contra un automóvil en el antiguo camino agrícola.

Al año siguiente, otro macho joven, Arena, falleció también atropellado en la misma vía. Sólo entonces la Administración autonómica tomó medidas correctoras para tratar de suavizar el peligro para la fauna con la creación de algunas rotondas y pasos específicos para animales.

La reforma del camino de Villamanrique de la Condesa-El Rocío fue denunciada ante la Comisión Europea por Adena y Ecologistas en Acción por carecer de la preceptiva evaluación ambiental y por dañar el hábitat de especies amenazadas, entre ellas el lince ibérico. Por esta razón, Bruselas abrió en julio de 2004 un procedimiento de infracción contra el Estado español y, en julio pasado, envió una carta de emplazamiento en la que censuraba a España por haber "incumplido las obligaciones" respecto a la legislación comunitaria.