El proyecto autoriza con restricciones la conservación privada de células madre
Las empresas que guardan cordones umbilicales afirman que la ley es demasiado restrictiva
La creación en España de bancos privados de cordones umbilicales es todavía una incógnita. El proyecto de Ley de Investigación Biomédica presentado ayer por el Gobierno permite que empresas privadas almacenen las células madre de cordón siempre que se atengan a dos requisitos: ceder las muestras recogidas a cualquier persona que las necesite y no tener ánimo de lucro. Las empresas interesadas en realizar esta práctica en España no están de acuerdo con esos dos puntos clave del proyecto, aseguran que la normativa es demasiado exigente y que tendrían muchos problemas para montar los bancos.
La conservación de las células madre de cordones umbilicales es una práctica que se realiza en el momento del parto para poder usarlas después, en caso de necesidad, como tratamiento de posibles enfermedades de la persona. El Gobierno, las empresas privadas y los investigadores coinciden en que el cordón umbilical es un bien de gran valor, no sólo para tratar enfermedades como la leucemia y otros males congénitos de la sangre sino para su uso en alternativas terapéuticas que todavía se hallan en fase de investigación.
El Ministerio de Sanidad se ha manifestado siempre en contra de que bancos privados conserven la sangre de cordón umbilical por considerar que chocan con el sistema público de trasplantes basado en el altruismo y en el anonimato. Sin embargo, tras constatar que cientos de familias españolas, entre ellas la familia real, estaban conservando la sangre de los cordones de sus hijos en el extranjero tras pagar entre 1.500 y 2.000 euros por este servicio, el Gobierno se vio obligado a rectificar y anunció su intención de autorizar la existencia de estos bancos privados en España.
Esa autorización se plasma en dos regulaciones. La primera es el proyecto de ley que ayer presentó el Gobierno y la segunda es un decreto específico que el Ministerio de Sanidad elabora desde marzo pasado, basándose en las recomendaciones de la UE, que prima los bancos públicos por encima de los privados.
En estas dos normativas el Ejecutivo es muy claro. Permitirá que compañías privadas conserven la sangre de los cordones siempre que se atengan a dos requisitos esenciales: que las empresas se establezcan como fundaciones sin ánimo de lucro y que las células madre estén a disposición de cualquier enfermo que lo necesite.
Las empresas interesadas en montar estos centros en España consideran que esos dos puntos convierten la autorización del Ministerio en una prohibición. Consideran que las familias no querrán pagar por guardar los cordones umbilicales si saben que el Gobierno los "expropiará forzosamente" cada vez que lo necesite otra persona y plantean que sean los usuarios los que decidan en ese momento si quieren donarlos o no.
"Lo único que consiguen con esa medida es que las familias sigan mandando los cordones fuera de España", explica Guillermo Muñoz, director de la empresa Criocord. En el mismo sentido se expresa Ángel Álvarez, presidente y fundador de Vidacord: "Que a las familias se les obliga a donar los cordones al sistema público es contrario a derecho porque atenta contra la voluntariedad de cualquier individuo".
Los bancos privados tampoco entienden que tengan que constituirse como asociaciones sin ánimo de lucro. Exponen que la creación de este tipo de bancos requiere una tecnología de mucho coste y que, obviamente, su naturaleza es la de ganar dinero. "Montar una empresa supone mucho esfuerzo y dinero. Obviamente, cuando uno se mete en algo así es porque quiere ganar dinero, algo bastante lícito, por otra parte, siempre que uno cumpla la legalidad, como cualquier otra clínica o un dentista que tenga su consulta privada", explica el director de Criocord.
La Comunidad de Madrid aprobó el pasado marzo la existencia de estas empresas en la región con un real decreto que regulaba su funcionamiento y constitución. Sin embargo, los jueces suspendieron cautelarmente el decreto a instancias del Ministerio de Sanidad argumentando que la regulación nacional no se había elaborado todavía.
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