Evo depura su propia casa

El escándalo financiero más grave del mandato de Evo Morales ha estallado en el último lugar donde el presidente boliviano y sus colaboradores querrían. Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia (YPFB), la empresa estatal sobre la que debía pivotar el proceso de nacionalización de los hidrocarburos, se encuentra en el ojo del huracán, acusada oficialmente de varios delitos presuntamente cometidos por los responsables designados para dirigir la empresa por el propio Morales.

Cuando en la primera semana de agosto el Gobierno boliviano se vio obligado a reconocer que días antes había suspendido las actividades de YPFB en toda la cadena productiva "debido a la falta de recursos económicos", las alarmas se encendieron en La Paz y Santa Cruz. La empresa declaraba su incapacidad técnica y financiera cuando se suponía que su presidente, Jorge Alvarado, de 62 años, formado en la antigua Unión Soviética y estrecho colaborador del presidente Morales, estaba recibiendo todo el apoyo del Estado.

El Ministerio de Hidrocarburos explicó entonces que el problema eran 180 millones de dólares, que necesitaba YPFB para volver a arrancar, pero las explicaciones del Ejecutivo, a día de hoy, no convencen a quienes conocen bien el tema.

Morales ha resuelto -por ahora- el agujero financiero anunciando la semana pasada la imposición de un nuevo impuesto a Repsol, Petrobras (Brasil) y Total (Francia) por un valor total de 161,7 millones de dólares.

Pero los problemas de YPFB no sólo son financieros. La Superintendencia de Hidrocarburos -un organismo auditor del ministerio del mismo nombre- investiga desde julio las actividades de la petrolera estatal. En concreto, la firma de un contrato para la exportación de 2.000 barriles de petróleo a Brasil, a la compañía Univen, mediante un intermediario: Iberoamérica Trading.

En su informe, la Superintendencia considera que la iniciativa de Alvarado viola el decreto de nacionalización y además causa un perjuicio directo al Estado boliviano por valor de 39 millones de dólares.

Con el proceso nacionalizador tambaleándose, una tormenta política en la Asamblea Constituyente e importantes protestas sociales en la calle, Morales ha decidido tirar por la calle de en medio y prescindir de Alvarado -quien cada vez que aparece en los medios de comunicación insiste en que ha dimitido- y a la vez denunciar una conspiración para hacer fracasar el proceso de nacionalización, el eje de su política de nacionalismo energético.

Tras los cambios ordenados por Morales en su cúpula, YPFB queda menos ligada políticamente a Morales, con un nuevo presidente, Juan Carlos Ortiz, de carácter más técnico aunque también partidario de Morales.