El Ayuntamiento de Toledo pagó un plus de 8,4 millones por la vega visigoda

El Ayuntamiento de Toledo pagó en 1999 un sobreprecio de 8,4 millones de euros por los terrenos donde se han hallado los restos de la vieja capital visigoda. La zona fue objeto de permuta en 1997. El municipio adquirió la antigua fábrica de armas, propiedad del Ministerio de Defensa, para convertirla en centro universitario. A cambio recalificó los terrenos adyacentes y los entregó a Defensa. Se tasaron en 13,2 millones. Dos años después el Ayuntamiento los recompró por 21,6 millones. Desde entonces la empresa municipal Vega Baja ha gestionado la venta de las parcelas con una ganancia de 44,5 millones.

Los terrenos de la Vega Baja, donde ha emergido una ciudad visigoda única en Europa, son el escenario del proyecto de construcción de 1.300 viviendas, según el nuevo Plan de Ordenación Municipal (POM), aprobado este año con los votos favorables del Partido Popular y el Partido Socialista. Los terrenos han sido objeto de varias recalificaciones en los últimos 20 años, por las que han pasado de ser industriales a protegidos y, finalmente, urbanizables. A las necesidades de expansión de la ciudad, y de dotación universitaria, se han añadido las consecuencias de la explosión inmobiliaria.

El Ministerio de Defensa, propietario de la fábrica de armas que se levantaba en el lugar desde la época de Carlos III y de los solares colindantes, permutó la titularidad de la fábrica con el ayuntamiento, a cambio de la recalificación de parte de sus terrenos. De esta manera, el ayuntamiento adquirió el edificio central de su nuevo campus universitario, tras el acuerdo con la Consejería de Educación de Castilla La Mancha. Y el Ministerio de Defensa obtuvo la posibilidad de construir hasta 1007 viviendas en la nueva zona urbanizable. Esta operación era un segundo intento de permuta. En 1991, el PSOE, entonces mayoritario en el ayuntamiento, intentó el mismo intercambio, pero su plan sólo incluía la construcción de 400 viviendas. El Partido Popular se opuso tenazmente al proyecto. Lo consideró un pelotazo. Seis años después, el PP materializó el plan, con un incremento de 606 viviendas con respecto a la propuesta original.

Los terrenos, en el momento de la permuta, fueron tasados en 13,2 millones de euros. En 1999, el ayuntamiento recompró la zona al Ministerio de Defensa por 21,6 millones de euros. En dos años, el sobreprecio fue de 8,4 millones. El boom inmobiliario, la cercanía a Madrid y la llegada del AVE a Toledo han producido un efecto exponencial: el ayuntamiento ha vendido las parcelas de los terrenos por una cifra que supera los 66 millones de euros. La creación de la empresa municipal Vega Baja, tras la adquisición de los solares, se ha encargado de las distintas operaciones inmobiliarias que se han sucedido en los últimos años, siempre con el acuerdo de PP y PSOE. La única voz discordante ha sido la de José Esteban Chozas, representante de Izquierda Unida en el consistorio. Chozas ha llevado el asunto a los tribunales por incumplimiento de normativas urbanísticas.

El hallazgo de los restos de la vieja capital visigoda ha alimentado la polémica. Los dos partidos mayoritarios han tratado de mantener su proyecto a toda costa. A la aparición de nuevos yacimientos se ha respondido con desinterés o quitándole importancia a los hallazgos, en el mejor de los casos, por parte del ayuntamiento.

El acuerdo entre ambos partidos trascendía a la propia administración municipal porque uno de los concejales, el socialista Enrique Lorente, que ha persistido en la idea de construir 1.300 viviendas en la zona, es a la vez director general de patrimonio de Castilla La Mancha. En sus manos obran los informes arqueológicos que han encargado en los últimos meses los empresarios que han comprado terrenos en la zona para valorar los hallazgos.

Entretanto, las protestas informadas de las organizaciones defensoras del Patrimonio Histórico se han sucedido y han llegado hasta los despachos de los responsables regionales y del ministerio de Cultura. Desde instancias internacionales como la UNESCO, a través del instituto ICOMOS, se ha manifestado el terrible atropello contra el patrimonio que suponía la urbanización prevista.María Rosa Suárez-Inclán, presidenta de ICOMOS en España, mostraba su preocupación por el expolio que se puede producir en Toledo. En declaraciones a este periódico, Suárez-Inclán consideraba que "la construcción de las viviendas supone una pérdida irreparable para la ciudad". En su opinión, el nuevo plan de ordenación municipal ataca la esencia de Toledo, ciudad declarada patrimonio de la humanidad desde 1986.

Numerosas voces se han opuesto al proyecto. Asociaciones culturas en defensa del patrimonio han manifestado su rechazo al plan. Las academias de Bellas Artes de toda España elaboraron un informe de repulsa a los proyectos municipales. El argumento ha sido el mismo desde que se conocieron las intenciones del ayuntamiento: se puede destruir un tesoro único en el continente europeo. La respuesta hasta ahora ha sido la misma. El ayuntamiento se mantiene en su plan de integración de los yacimientos en el proyecto urbanístico, aunque eso suponga preservarlos en las rotondas que se instalen en los viales.