El Tribunal de La Haya avala las dos papeleras de Uruguay

El Tribunal Internacional de Justicia (TIJ), con sede en La Haya, rechazó ayer la petición de Argentina de detener la construcción de dos papeleras, una española y otra finlandesa, en Uruguay. Previstas para funcionar en 2007 y 2008, Buenos Aires teme que los vertidos al río Uruguay contaminen su territorio al dibujar la corriente la frontera natural entre ambos países. Según Montevideo, ambas cumplen estrictas medidas de seguridad.

A pesar de no haber paralizado las obras, el TIJ se reservó dicho derecho si las dos fábricas de celulosa contaminaran. También reconoció la completa responsabilidad uruguaya si ello ocurriera. El caso no está, sin embargo, cerrado. A partir de ahora los jueces analizarán la posible violación del Estatuto del Río, que estipula la gestión común de sus aguas y recursos.

"Argentina no ha logrado convencer a este Tribunal del peligro inminente de contaminación presentado por las papeleras. Su construcción tampoco produce de momento un daño irreparable al entorno", señaló Rosalyn Higgins, presidenta del TIJ, al hacer pública la decisión.

Ambas condiciones son indispensables para que el máximo órgano judicial de Naciones Unidas pueda dictar una medida cautelar de suspensión de trabajos como la solicitada por Buenos Aires. El fondo de la cuestión es más prolijo. El Estatuto del Río Uruguay entró en vigor en 1975, e impone a las partes la notificación previa de cualquier uso del caudal. Argentina alegó en junio pasado ante el TIJ que no había sido informada de la construcción de dos papeleras, que rechaza por sus peligros para el entorno.

Los representantes uruguayos adujeron que la explotación de los recursos naturales propios está protegida por el Derecho Internacional. Sus vecinos no tendrían, además, derecho de veto ante el ejercicio de soberanía que supone la construcción de las fábricas. La ley fluvial previene, asimismo, la contaminación de las aguas de la cuenca del Uruguay. Las dos partes tendrán que presentar más estudios de impacto ambiental para avalar sus posiciones.

1.330 millones de inversión

Destinadas a generar celulosa para la exportación, extraída de eucaliptos uruguayos, las papeleras suponen una inversión de 1.700 millones de dólares (1.330 millones de euros), el 2,5% de su producto interior bruto. Una de ellas está siendo levantada por la española Empresa Nacional de Celulosa, S. A. (ENCE), y producirá 500.000 toneladas anuales de pasta de papel. De la otra se ocupa la finlandesa Botnia, que fabricará un millón de toneladas anuales.

Los representantes uruguayos, que ayer mostraron su satisfacción ante la decisión judicial, subrayaron que ésta ha sido tomada por 14 votos a favor y uno en contra. Para el embajador en La Haya, Carlos Mora, el hecho de que sea además vinculante y sin posibilidad de apelación, supone una doble alegría. El contencioso ha enturbiado las relaciones de dos buenos vecinos cuyos presidentes, Tabaré Vázquez, y Néstor Kirchner, se llevan bien a título personal.

Una vez conocido el rechazo del TIJ a su petición, la secretaria argentina de Medio Ambiente, Romina Picolotti, aseguró que aún había "esperanzas de conseguir la paralización de las fábricas". La política había acudido a la localidad de Gualeguaychú, en la orilla argentina del río, para acompañar a sus habitantes, los más afectados por una posible contaminación. "Hay que hacer entender a los bancos que las papeleras no son una buena inversión. A la larga hay daño ambiental", añadió. Las plantas de celulosa se levantan a seis kilómetros de Gualeguaychú, en la localidad uruguaya de Fray Bentos. Los vecinos cortaron el paso fronterizo entre los dos lugares durante 80 días entre 2005 y 2006.