Una discapacitada tendrá derecho a un producto no incluido en el sistema de salud

Los padres de N. G., una chica de 16 años que nació con espina bífida, llevan años pidiendo que el Estado pague las finas compresas de alta absorción que tiene que llevar su hija por un problema de incontinencia congénito. El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha sólo les ofrecía pañales, demasiados visibles para una adolescente que quiere llevar una vida normal en el instituto. El Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad acaba de darles la razón, anteponiendo, por primera vez, el derecho a la integración al rígido catálogo de prestaciones sanitarias públicas.

N. G. tiene reconocida una discapacidad del 44%. Nació con espina bífida, una anomalía del sistema nervioso central que afecta a algunas vértebras. En su caso, aparte de numerosas molestias al andar, le ha provocado incontinencia urinaria y fecal. La menor acaba de terminar la educación secundaria obligatoria, la antesala del bachillerato. Está en plena adolescencia. "Es un momento difícil", asegura su padre, Jesús. Y unos gruesos pañales no la ayudarían en absoluto a integrarse entre los alumnos.

La chica lleva desde hace varios años unas compresas finas de alta absorción que le hacen la vida más fácil porque apenas se notan, pero el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha nunca ha aceptado financiárselas. Sólo ofrece pañales de adulto, lo que está incluido en el catálogo de prestaciones de la Sanidad pública.

Después de numerosas cartas e intentos -y siempre la misma respuesta: no está en el catálogo-, los padres acudieron a los tribunales. El Juzgado de lo Social número 1 de Toledo dio la razón a la Junta, haciendo una estricta aplicación de la ley. La familia recurrió. Ahora, el Tribunal Superior de Castilla-La Mancha, invocando el principio de igualdad y la dignidad de la persona consagrados en la Constitución y la Ley de Integración Social de los Minusválidos de 1982, ha reconocido el derecho de la menor a recibir compresas "que pasen desapercibidas para los demás" aunque no aparezcan en las prestaciones sanitarias públicas. Los magistrados entienden que no se conseguiría su integración social y educativa si tuviera que ir a la escuela y "relacionarse con sus compañeros con unos absorbentes claramente perceptibles".

El tribunal señala que los pañales de adultos incluidos en el catálogo "añadirían una mayor carga psicológica negativa" a la que ya pueda tener la menor. Al ser de un Tribunal Superior, y no del Supremo, la sentencia no sienta jurisprudencia, pero será un precedente que otros tribunales podrán tener en cuenta en el futuro. "Es muy valiente y novedosa porque se sale del listado de la Seguridad Social atendiendo al argumento de la integración social", asegura el abogado de la familia, Carlos Sardinero, de la Asociación el Defensor del Paciente (Adepa). "No defendíamos que las compresas estaban en la lista, como se ha hecho en otras reclamaciones", explica. "Partíamos de que no lo estaban, pero entendíamos que la obligación de los poderes públicos es prestar todos los recursos necesarios para que una menor con minusvalía no tenga problemas psicológicos y se sienta excluida".

Importante precedente

"En el colegio se han reído de ella más de una vez por llevar pañales", relata el padre. "Para mi hija es muy difícil; imagínate tener 16 años y tener este problema". La chica prefiere no hablar y mantener su anonimato. La sentencia todavía no es firme pero el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha no la recurrirá. La familia está contenta. "Esperamos que otra gente con problemas similares se pueda beneficiar de esta resolución", exclama el padre, satisfecho de que la justicia, tras años de lucha, le haya dado la razón. "Este caso era muy concreto", señala el abogado Sardinero. "Pero los minusválidos tienen muchos problemas con el listado de prestaciones sanitarias, que muchas veces no incluyen lo que más favorece su integración, y con esta sentencia las cosas podrían empezar a cambiar".

El catálogo de prestaciones sanitarias común a todas las comunidades tiene 10 años de antigüedad y no recoge los avances sanitarios de la última década. En mayo de 2005, el Ministerio de Sanidad preparó un borrador de lista común, pero lo tiene paralizado por las disputas con las comunidades por su contenido y su financiación, informa Emilio de Benito.