Uno de los suicidas de Guantánamo iba a ser trasladado a otro país

El Pentágono ha identificado a los tres presos que se suicidaron en Guantánamo el pasado sábado como Mani Shaman Turki al Habardi al Utaybi y Yaser Talaj al Zaharani, de Arabia Saudí, y Alí Abdullah Ahmed, de Yemen. Son los primeros que logran quitarse la vida en cuatro años y medio. El primero de ellos iba a seguir en la cárcel en otro país, aunque no lo sabía, según confirmó el Ministerio de Defensa estadounidense, que mantiene las investigaciones sobre lo ocurrido en medio del nuevo debate y el aumento de críticas sobre la prisión y la ausencia de procedimientos legales.

Ninguno de los tres estaba formalmente acusado, como la gran mayoría de los internados en Guantánamo, la base la Marina estadounidense situada en territorio cubano. Mark Denbeaux, abogado que representa a varios detenidos y que llamó la atención sobre el previsto traslado, dijo en Puerto Rico: "Un hedor de desesperación impregna Guantánamo".

El abogado añadió que en su última visita comprobó que uno de sus clientes, el tunecino Mohamed Abdul Rahman, estaba "enormemente deprimido", y que cuando quiso hacerle llegar un recorte de periódico en el que el presidente George W. Bush decía que tiene intención de cerrar la prisión, los guardianes se lo impidieron. "Quería decirle que había esperanzas, pero no me dejaron".

Uno de los aspectos de la investigación se ocupa de averiguar por qué se tardó tanto tiempo en descubrir lo ocurrido; las normas de Guantánamo exigen que cada dos minutos se controle a los presos. Según el teniente Robert Durand, citado por The New York Times, los tres presos lograron engañar a los guardianes. Uno de ellos "se colgó del techo de su celda, oculto por ropa que tenía tendida, después de haber dejado su cama arreglada para que pareciera que estaba durmiendo. Los otros dos hicieron algo similar".

El Pentágono afirma que el saudí al Habardi al Utaybi, de 30 años, era miembro del grupo Jama'at al Tablighi, relacionado con Al Qaeda, e iba a ser trasladado a otro país, aunque el Pentágono no informó sobre su destino ni si el preso conocía esta información.

Se cree que Al Zaharani, también saudí y de 21 años, luchó con los talibanes en Afganistán y estuvo supuestamente implicado, hace cuatro años y medio, en el levantamiento que hubo en la cárcel de Mazar-i-Sharif, en Afganistán, que se saldó con la muerte del agente de la CIA Michael Spann, y de decenas de presos que fueron bombardeados.

A Ahmed, un yemení de 28 años, se le atribuye una posición de responsable intermedio de Al Qaeda con acceso a miembros de la dirección del grupo, pero, como en el resto de los casos, no se conocen las pruebas en las el Pentágono basa estas afirmaciones.

Los suicidios han relanzado las críticas sobre la situación de los 460 detenidos. No sólo se trata del clamor internacional -el primer ministro danés, Anders Fogh Rasmussen, que acaba de estar en Washington, denunció la violación del imperio de la ley que supone Guantánamo-, sino de la creciente preocupación de aliados del Gobierno, como el republicano Arlen Specter, presidente del Comité de Asuntos Jurídicos del Senado, que declaró a la CNN: "Si hay pruebas, tendrían que ser juzgados, y si son condenados, deberían ser sentenciados". Pero, ahora mismo, casi todos ellos están "en un limbo".

Fuentes oficiales establecen en 41 el número de intentos de suicidio por parte de 25 presos en los últimos tres años y medio, pero los abogados creen que el número es más elevado. Bush dijo desde Camp David, a través de su portavoz, que estaba "seriamente preocupado" por lo ocurrido y pidió, según Tony Snow, "una investigación y que los cuerpos de los suicidados fueran tratados de manera humanitaria".

El imam de la Marina estadounidense, Abuhena Saiful Islam, está en Guantánamo para asegurar la aplicación de los ritos islámicos en la disposición de los restos.

En las próximas dos semanas, se espera que el Tribunal Supremo tome una decisión que será fundamental para el futuro de los internados y de la propia cárcel de Guantánamo. Lo magistrados deben decidir si los juicios en Comisiones Militares creadas después del 11-S son legales y si el presidente Bush se extralimitó en su autoridad al sustituir los tribunales normales con estas comisiones.

El propio Bush dijo el viernes, delante del primer ministro danés, que comunicó a Rasmussen que le gustaría "acabar con Guantánamo, vaciarlo", y que si la decisión del Supremo invalida la política de combatientes extranjeros no amparados por la Convención de Ginebra, los tribunales estadounidenses podrían asumir los procesos de los detenidos en la base.