Morales pide derechos exclusivos para los indígenas bolivianos en la nueva Constitución

El presidente de Bolivia, Evo Morales, reveló ayer algunos detalles de su proyecto de reforma constitucional, que arrancará dentro de cuatro semanas con la elección de los 225 miembros de la Asamblea Constituyente. Entre las propuestas se incluye la concesión de derechos exclusivos a los pueblos indígenas, la nacionalización de tierras y de todos los recursos naturales y la protección del cultivo de la hoja de coca. La Asamblea Constituyente surgió tras las manifestaciones de los últimos años de las clases más pobres y de los indígenas para acabar con la exclusión y la injusta distribución de la riqueza.

El Gobierno de Morales ya se ha anticipado a la reforma constitucional con la nacionalización de los hidrocarburos y el anuncio de una nueva distribución de las tierras entre miles de campesinos, lo que ya ha causado inquietud entre los ganaderos y grandes agricultores. "Ésos son solamente decretos que no van a impedir el tratamiento de estos temas en la Asamblea Constituyente, pero ya marcan una línea", explicó la analista Maria Teresa Zegada. "Los decretos [ya publicados] no modifican las leyes vigentes y eso está claro en la Carta Magna", coincide el constitucionalista Edgar Montaño. Éste considera importante que el actual Poder Legislativo elabore un borrador para darle a la Asamblea Constituyente ciertas pautas, "pues si van por libre, los constituyentes no terminarán su labor en un año".

El proyecto antepone los derechos colectivos y de los indígenas a los individuales

La propuesta de Morales también establece una "economía social comunitaria con iniciativa privada", acepta el derecho de propiedad con condiciones, y consigna la "voluntad indeclinable" de obtener una salida al Pacífico, que Bolivia perdió en una guerra con Chile a finales del siglo XIX. El proyecto de Morales antepone los derechos colectivos y de los pueblos indígenas y campesinos a los individuales, según el documento Refundar Bolivia, editado por el partido gubernamental, el Movimiento al Socialismo (MAS).

El texto del proyecto de reforma sostiene, además, que los pueblos indígenas "tienen derecho a la autodeterminación y la territorialidad". También tienen derecho "al reconocimiento de sus sistemas políticos y de conformación de autoridades", a gestionar sus recursos colectivos "de acuerdo a sus propias tradiciones y costumbres", a practicar su medicina ancestral, y a "ejercer derechos políticos y ciudadanía diferenciada, de acuerdo a sus usos y costumbres". La propuesta no detalla en qué circunstancias se aplicarán los sistemas políticos indígenas y en cuáles otras los occidentales, que actualmente rigen en el país. Tampoco contempla las formas para coordinarlos y compatibilizarlos.

El documento, por otro lado, establece que "el régimen agrario y la tenencia de la tierra serán regulados por el Estado en base a la no superposición del interés individual al colectivo". "Los recursos naturales son de propiedad social y se delega la gestión de su explotación sostenible al Estado", prosigue el texto, e insiste en otro aparte: "son de dominio inalienable e imprescriptible del Estado los recursos naturales y estratégicos".

"La hoja de coca forma parte de las tradiciones culturales y será protegida por el Estado", reza el proyecto de Morales, que sigue siendo dirigente de los sindicatos cocaleros del Chapare. Al mismo tiempo, agrega que "Bolivia condena el narcotráfico en todas sus formas y manifestaciones".

El derecho de propiedad "se reconoce en sus formas individual y colectiva", pero con condiciones: "deberá asegurar el cumplimiento de su función social y su compatibilidad con el respeto a un desarrollo sostenible, equitativo y en armonía con el medio ambiente".

También se fijan límites a lo que pueden ganar el presidente del país y cualquier funcionario y se propone la posibilidad de revocar el mandato del presidente y todos los demás funcionarios, legisladores y jueces, por medio de consultas populares.