El Gobierno boliviano obliga al BBVA a entregar las acciones de petroleras
El Ejecutivo amenaza con intervenir fondos de pensiones si no recibe los títulos en tres días
El Gobierno boliviano dio ayer tres días de plazo a las dos administradoras de pensiones (el grupo español BBVA y el suizo Zúrich) para que entreguen "a título gratuito" las acciones que gestiona, en un fondo colectivo, de las empresas petroleras nacionalizadas el pasado 1 de mayo. De lo contrario, "habrá intervención de esos fondos de pensiones. Así de claro", dijo taxativo el vicepresidente del país, Álvaro García Linera. Fuentes del BBVA y del Gobierno español restaron importancia al alcance de la operación.
Las administradoras del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, BBVA, y Servicios Financieros Zurich (Zurich Financial Services) gestionan desde 1997 un Fondo de Capitalización Colectiva creado con las acciones resultantes del proceso de privatización parcial de media docena de empresas estatales (petróleos, telecomunicaciones, ferrocarriles, aeronavegación y de energía eléctrica) en la década pasada. Esos fondos pertenecen a todos los bolivianos que en diciembre de ese año eran mayores de 21 años.
El decreto, aprobado ayer, dispone la entrega de las acciones de las petroleras Andina (filial de la hispanoargentina Repsol YPF), Chaco (de la British Petroleum) y Transredes (de la holandesa Shell) a la restablecida estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), que desde el 1 de mayo asumió el control total de los hidrocarburos.
Según García Linera, que ejerce interinamente de presidente en ausencia de Evo Morales, que ayer se encontraba en Estrasburgo, la disposición es el resultado de las infructuosas negociaciones con las dos administradoras. Los fondos recaudados en su día en la capitalización de las empresas estatales significaron un monto de 1.600 millones de dólares (1.250 millones de euros) de los que aproximadamente unos 700 millones se van a destinar a capitalizar a YPFB, que también se convertirá en accionista mayoritario de las empresas dedicadas a la producción y comercialización de gas natural.
Parte de este dinero se destina al llamado Bono de Solidaridad, que se entrega una vez al año a unos 300.000 ciudadanos mayores de 65 años. Se trata de 1.800 bolivianos (unos 176 euros), que representa una verdadera fortuna, especialmente entre los ancianos indígenas, que no suelen tener ingresos mayores a los 50 dólares por año.
Fuentes oficiales del BBVA no quisieron realizar declaraciones sobre las negociaciones entre la entidad y el Gobierno de Bolivia. Sin embargo, otras fuentes conocedoras de esta operación explicaron que el decreto no tendrá una gran repercusión práctica para los titulares de los fondos de pensiones.
En Bolivia, estos fondos tienen dos tipos de clientes. Por un lado, los que invierten cada mes una cantidad de dinero y que recibirán la pensión en proporción a su rentabilidad y otros que están protegidos por el Estado boliviano. Estos últimos son personas mayores o con escasos recursos que el Gobierno entiende que no podría formar una pensión, por lo que entregó al BBVA y a Zurich las acciones de las petroleras públicas para que con los dividendos que reciben, hicieran frente a los pagos de estas pensiones. Ahora, si el Estado se queda con las acciones que tenían en garantía, y por lo tanto con los dividendos, las entidades financieras entienden que debe haber un acuerdo legal por el que se les exima del pago de estas pensiones. Estas fuentes no descartan que se alcance pronto un acuerdo con el Gobierno.
Por su parte, el presidente Evo Morales aseguró ayer en Estrasburgo que en virtud de la medida anunciada ayer en la paz, "no se expropiarán nada a nadie", y que sólo se trata de un cambio en la gestión, informa Ana Carbajosa. Fuentes próximas al líder cocalero explicaron anoche que esperaban recibir el decreto al que aún no había tenido acceso el presidente. Horas antes, los populares europeos boicotearon la intervención de Morales en la Eurocámara, ausentándose del pleno por considerar que no era "el momento adecuado" para la visita del dirigente aymara, que se produce dos semanas después del anuncio de nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia, el país con las segundas reservas de gas natural de América Latina. Poco antes, un hemiciclo semivacío recibía con aplausos al "primer presidente de etnia aymara", en palabras del presidente del Parlamento Europeo, Josep Borrell, que hizo un breve recorrido por la biografía del líder cocalero.
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