Google desafía a Bush y se niega a entregar sus registros de búsquedas

Google, el servicio más usado de búsquedas en Internet, se ha negado a aceptar un requerimiento del Departamento de Justicia de Estados Unidos que pretende forzar a la compañía a entregar millones de datos de las búsquedas de sus usuarios (aunque sin identificarles) almacenados en sus ordenadores. El Gobierno de Bush trata de conseguir los listados de búsquedas y enlaces para demostrar la necesidad de una ley de protección del menor cuestionada por el Tribunal Supremo. Google considera que el requerimiento es una invasión de la privacidad de consecuencias imprevisibles para los usuarios.

El caso se remonta a una ley de 1998, la Child Online Protection Act (Ley de Protección del Menor en Internet). El texto establecía 50.000 dólares y seis meses de prisión para los dueños de páginas de Internet que incluyeran material "dañino para los menores" en fotos o descripciones de contenido sexual.

Seis años después, el Tribunal Supremo bloqueó la ley y estableció, por cinco votos contra cuatro, que su cumplimiento entorpecería el ejercicio de la libertad de expresión. En la argumentación, los magistrados favorables al bloqueo explicaron que, aplicada con rigor, la ley llevaría a la cárcel a quienes ofrecieran páginas de Internet con cuadros renacentistas de desnudos femeninos.

Uno de los jueces expresó su convicción de que los programas de filtrado de contenidos instalados individualmente por los adultos son mucho más efectivos y menos controvertidos que esa ley. Además, los filtros individuales salvarían uno de los defectos de la ley: dado que dos de cada cinco lugares de Internet con contenido pornográfico tiene su sede social fuera de Estados Unidos, la ley nunca podría proteger plenamente a los menores frente a ese material.

Sin embargo, el Tribunal Supremo optó por no declarar inconstitucional el texto de la ley sino por establecer que fuera sometida a un juicio civil entre quienes optaran por personarse en el caso. El Gobierno de George W. Bush decidió volcar su maquinaria legal para resucitar la ley y la American Civil Liberties Union -la principal asociación estadounidense de defensa de los derechos civiles- se personó contra el texto en defensa de la libertad de expresión. El juicio se celebrará en octubre de este año en Philadelphia.

Páginas y términos

Para construir su argumento, la fiscalía del Departamento de Justicia pidió a varias empresas con servicios de búsqueda en Internet el listado con todas las páginas posibles a las que se puede acceder desde su portal de búsqueda y "con todos los términos buscados" en un periodo de dos meses, entre el uno de junio y uno de agosto del año pasado. Tras negociar con las empresas, la fiscalía aceptó reducir esa petición y pedir la entrega de una muestra aleatoria de un millón de páginas de Internet accesibles desde el portal de búsqueda y un millón de términos buscados en un periodo de una semana.

Tres de las cuatro empresas que recibieron el requerimiento acataron su cumplimiento: Microsoft, America Online y Yahoo. La cuarta, Google, se niega a facilitar esa información y parece dispuesta a luchar en los tribunales. Aunque la ACLU asegura que las otras tres compañías colaboran con el Gobierno, ninguna reconoce hacerlo plenamente. Yahoo asegura que la información que ha facilitado garantiza la privacidad de los usuarios: "No proporcionamos ninguna información personal. En nuestra opinión, esto no tiene que ver con privacidad", dijo una portavoz, Mary Osako. America Online dice haber facilitado tan sólo "una lista genérica de término buscados -sin resultados- a lo largo de un periodo de 24 horas, sin que haya manera de vincular esos términos a las personas que los buscaron", dijo el portavoz, Andrew Weinstein, y en cambio Microsoft sugirió que su colaboración fue plena: "Atendimos el requerimiento de información para ayudar a proteger a los menores de una manera que proteja también la privacidad de nuestros consumidores", dijo la compañía en un comunicado.

Con la información, el Gobierno pretende demostrar la ineficacia de los programas de filtrado de contenidos para defender la aplicación de las sanciones y los métodos contenidos en la ley, y para eso ha contratado a uno de los mayores expertos en técnicas estadísticas, Philip Stark, de la Universidad de California.

"Resistiremos"

Google, que no está personada en el proceso, considera que la solicitud de datos "es excesiva". "Hemos tenido un largo debate con ellos para intentar resolver esto pero no lo hemos conseguido. Nuestra intención es resistirnos vigorosamente a este requerimiento", ha dicho la consejera general de la empresa, Nicole Wong.

El diario San Jose Mercury News, el principal en la zona californiana donde Google tiene su sede y el primero que informó sobre este conflicto, lamentó ayer en sus páginas de opinión la postura del Departamento de Justicia: "El Gobierno no quiere los datos de Google como prueba en un caso sino para llevar a cabo un experimento con el que espera demostrar que los filtros de Internet no son efectivos". En otras palabras, "el Gobierno quiere que Google le ayude a demostrar su argumento".

Muchas compañías de servicios de Internet -incluida Google- colaboran con la justicia cuando reciben requerimientos para que faciliten información sobre usuarios investigados por sospechas de delitos. Según algunos juristas, el problema en este caso es comparable a las escuchas indiscriminadas de la Agencia de Seguridad Nacional autorizadas por el presidente Bush.

En los datos solicitados por el Departamento de Justicia puede haber, por ejemplo, individuos que hayan buscado en Google guías para plantar marihuana en su jardín. La fiscalía puede intentar ir contra ellos a pesar de que el delito se descubrió de manera casual; es lo que en el argot de los abogados estadounidenses se conoce como "pescar" delitos. Un experto de CNET, una compañía de análisis del sector, asegura que todos aquellos que hayan realizado una búsqueda privada o confidencial en Google en junio o julio del año pasado deberían estar preocupados porque esa información, junto con su identificación y quizá su dirección, puede acabar en manos del Departamento de Justicia.