Justicia, no victoria

La satisfacción por el inicio puntual y pacífico, en la mañana de ayer, del proceso que ha de restituir a la Generalitat sus documentos tan largamente retenidos en Salamanca, esa satisfacción no me parece incompatible con algunas reflexiones -esperemos que finales- sobre el significado del pleito y sobre los lastres político-partidistas con que se ha querido cargarlo.

En la comparecencia mediática, el miércoles por la tarde, del portavoz municipal salmantino, Fernando Rodríguez, y en posteriores declaraciones de altos jerarcas del Partido Popular han descollado dos ideas, o mejor dicho, dos denuncias: la de las "prisas" del Gobierno de Rodríguez Zapatero por realizar la devolución legislada el pasado diciembre; y la del sometimiento de ese Gobierno -el concejal Rodríguez habló de "arrastrarse"- ante las exigencias del "tripartito catalán", ese deus ex machina de todos los males patrios.

Al cabo de 10 años de intoxicación, ahora resulta difícil enfriar y despolitizar el asunto

¿Prisas? ¿Cabe calificar de apresurado un proceso que se prolonga desde hace casi tres décadas? ¿Saben los ciudadanos de buena fe -los agitadores y los demagogos, esos lo saben perfectamente- que las primeras iniciativas parlamentarias para obtener la restitución de lo expoliado datan de 1979 y no cesaron desde entonces? ¿Puede hacerse cargo la opinión española de las dosis de frustración acumuladas en Cataluña a lo largo de cinco lustros de tácticas dilatorias, de subterfugios técnicos, de compromisos gubernamentales incumplidos? Espero que sí, que pueda comprenderlo.

En cuanto a que la restitución ayer comenzada sea un diktat del tripartito o de Esquerra Republicana, bastará recordar que la primera pregunta parlamentaria sobre los papeles la formuló ese conspicuo independentista que era Antoni de Senillosa, y la primera proposición no de ley instando el traspaso a la Generalitat de sus documentos "secuestrados (sic) durante la Guerra Civil" la firmaba en 1980 otro peligroso abertzale llamado Manuel Fraga. A partir de aquella iniciativa, fueron sobre todo los gobiernos catalanes de Convergència i Unió los que, hasta 2003, vehicularon sin éxito la reclamación, asumida en Cataluña por la práctica totalidad del espectro político y social, Partido Popular incluido. El Ejecutivo de Maragall tomó el relevo de la demanda dos años atrás -no la inventó-, y ha tenido la fortuna de llevarla a buen puerto gracias a una coyuntura propicia.

Caso arquetípico de patrimonio documental expoliado con ocasión de un conflicto bélico, el de los papeles catalanes almacenados en Salamanca debió enfocarse desde buen principio en términos de reparación democrática; con la misma lógica que la amnistía de 1977, la restitución de bienes sindicales y partidarios o la rehabilitación de militares, funcionarios y otros colectivos represaliados por el franquismo. Pero las reclamaciones catalanas en esta línea toparon con una eficaz resistencia corporativa desde el cuerpo de archiveros, forzando a la Generalitat a buscar una salida política en el marco, ya agonizante, de los acuerdos PSOE-Convergència de 1993-1996. Fue entonces, y sólo entonces, cuando el Partido Popular convirtió el Archivo de San Ambrosio en metáfora de la unidad de España, en incomprensible bandera del orgullo local salmantino y en mazo para machacar a los socialistas. Así, hasta hoy.

Tras 10 años de intoxicación, ahora resulta francamente difícil enfriar y despolitizar el asunto, reformularlo en sus justos términos históricos: una incautación a punta de bayoneta y con finalidades puramente represivas, un almacenamiento de décadas sin ningún tratamiento archivístico, un agravio que la renacida democracia española tenía el deber de corregir. Pero, aun siendo difícil, es imprescindible que todas las partes implicadas nos esforcemos por trasladar el asunto de los papeles desde el dominio de las pasiones al de la razón. Lo sucedido esta semana no es la victoria de un partido, de un gobierno, de una ideología ni de un territorio; es un acto de justicia que debería reconfortar a todos los demócratas españoles.

Joan B. Culla es historiador y fue miembro de la comisión técnica creada en 2000 para estudiar el retorno de los papeles.