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El Constitucional admite el recurso del PP contra el traslado de los 'papeles' de Salamanca

Pide la opinión de las partes sobre una posible suspensión cautelar de la devolución a Cataluña de los documentos de la Guerra Civil

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Junta de Castilla y León contra la ley de devolución a Cataluña de los papeles de Salamanca, y ha pedido la opinión de las partes sobre una posible suspensión cautelar de la misma.

En una providencia fechada el 17 de enero y dada a conocer hoy por el Tribunal Constitucional, la Sección Segunda acuerda dar traslado de la demanda y la documentación presentada por la Junta de Castilla y León al Congreso, al Senado y al Gobierno para que en el plazo de quince días puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimen oportunas.

Además, y en respuesta a la petición de la Junta de que se suspenda cautelarmente la aplicación de la ley hasta que haya sentencia, el TC emplaza asimismo al Congreso, al Senado y al Gobierno a que formulen sus alegaciones también en un plazo de quince días.

Las 500 cajas con documentación de la Generalitat de Cataluña que las tropas franquistas se llevaron a Salamanca a partir de febrero de 1939 al conquistar Barcelona iniciaron ayer su viaje de regreso. Se cumple así con la Ley de Restitución aprobada por el Parlamento español el pasado 3 de noviembre, que fijaba un plazo de tres meses para que se devolvieran los papeles.

Sin fecha exacta para el traslado

Los responsables del Ministerio de Cultura han advertido hoy que no van a dar ninguna fecha exacta de la salida de los papeles desde Madrid "por motivos de seguridad", aunque es probable que los documentis, que estaban hoy en la cámara acorazada del Ministerio de Cultura, pasen ya el fin de semana en Cataluña. Cultura ha informado de que "se cumplirá la Ley" y se seguirá adelante con el traslado de los documentos, pese de la decisión del Constitucional.

Sobre esta cuestión se ha pronunciado el presidente de ERC, Josep Lluís Carod-Rovira, que pese a mostrar respeto por la decisión judicial, ha advertido de que se trata de "un proceso irreversible".