Carmen Calvo dice que se ha cumplido la ley

El respeto por la ley ha sido escrupuloso, explicó ayer Carmen Calvo en el Ministerio de Cultura, al referirse a la salida del Archivo de la Guerra Civil de Salamanca de las 500 cajas con documentación relacionada "con la vida y existencia de la Generalitat" que volverán en los próximos días a Cataluña. El Parlamento aprobó la ley el pasado 3 de noviembre, se publicó en el BOE el 18 del mismo mes y establecía un plazo de tres meses para que se cumpliera la restitución de un material que empezó a ser arrebatado a la Generalitat cuando las tropas franquistas tomaron Barcelona en febrero de 1939.

Han sido 500 las cajas que salieron ayer de Salamanca con destino final a Barcelona, previa parada en Madrid, y no 507, como se habló en un primer momento. "Los expertos han establecido que la documentación de las siete cajas que finalmente se han quedado no tenía nada que ver con la Generalitat", explicó Carmen Calvo.

"No se trata de un momento histórico", dijo la ministra. "Histórico será el momento en que se inaugure el nuevo Prado. Esta vez simplemente se ha reparado una injusticia histórica y no gana ni pierde nadie". Sobre el momento elegido para sacar los papeles del archivo, comentó que era una buena hora para no interrumpir la vida cotidiana de los salmantinos. El traslado se ha hecho dentro de los plazos que exige la ley. El Tribunal Constitucional notificará hoy a la Junta de Castilla y León la admisión a trámite del recurso que presentó contra la ley de restitución.

La ministra evitó establecer el menor paralelismo entre la salida de las cajas de Salamanca y las negociaciones en torno a la reforma del Estatuto de Cataluña. "La reclamación de los papeles es un viejo asunto que viene de 30 años atrás y la reforma del Estatuto es un problema actual. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Por eso no hemos tenido el menor problema en que coincidiera la salida de los papeles con las negociaciones sobre la reforma. Si hubieran tenido que ver, acaso hubiéramos buscado otro momento".

Menos del 3%

Así que las 500 cajas, una cantidad que no llega al 3% de la documentación reunida en Salamanca, salieron por fin rumbo a Cataluña, donde pueden llegar entre hoy y el próximo lunes, aunque ayer se confiaba en que el traslado se produciría finalmente el sábado. "Lo único que es seguro es que los papeles estarán en Cataluña el día 25 de enero", indicó la consejera de Cultura de la Generalitat, Caterina Mieras. "Esta mañana finalmente hemos enviado por correo las invitaciones para el acto oficial que se celebrará en el Palau Moja de Barcelona durante la inauguración de la exposición que explica la larga historia de este retorno".

Será a la una del mediodía y contará con la presencia del presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall -que ayer manifestó su "respeto por las autoridades españolas que han hecho posible el retorno, y por la ciudad de Salamanca"-; el presidente del Parlamento catalán, Ernest Benach -para quien el retorno "es un primer paso para la recuperación de la memoria histórica"-, y representantes de las entidades, instituciones y fuerzas políticas y sociales que han reivindicado a lo largo de los años el retorno. A las 19.00 habrá otra inauguración para el público. La exposición estará abierta hasta el 12 de marzo y después, más reducida, viajará por Cataluña.

No habrá, según indicó Mieras, ningún acto protocolario en el Archivo Nacional de Cataluña, que será el depositario de los legajos. No sólo por la dificultad de organizar el acto cuando aún no se conoce con exactitud la fecha, sino también para evitar un excesivo triunfalismo. Ayer, pese a la evidente satisfacción, la mayoría de políticos catalanes se mostró prudente en sus declaraciones. Tanto el alcalde de Barcelona, Joan Clos, como el presidente de ERC, Josep Lluís Carod Rovira, se refirieron al hecho como "un acto de justicia". Carod Rovira agradeció el trabajo de la Comisión de la Dignidad, elogió al Gobierno que hubiera cumplido su compromiso y recordó que los papeles fueron sacados de Cataluña "por un acto de fuerza y han sido devueltos por una ley, por un acuerdo de un Parlamento democrático".

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, resaltó ayer la "normalidad democrática del traslado" y declaró a Efe: "Felizmente, se ha cumplido el designio de quienes toman las decisiones en este país, que son el Gobierno democráticamente elegido y el Parlamento soberano".

No todo era satisfacción por un retorno que no ha dejado de levantar ampollas en la oposición.El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Eduardo Zaplana, calificó de "asalto nocturno" el traslado de los documentos. "El Gobierno es débil con Batasuna y con los nacionalistas, y tremendamente fuerte con los demócratas, con los que cumplen la ley". En varias ocasiones repitió que lo ocurrido obedece al "capricho y no al interés general de los españoles", informa Camilo Valdecantos. Diego López Garrido, secretario general del Grupo Socialista, replicó que se ha cumplido con "lo dispuesto en una ley aprobada por el Parlamento" y que se ha hecho con "total normalidad", y recordó que se trata de documentos obtenidos "como botín de guerra".

El secretario general del PP, Ángel Acebes, sentenció que la "ruptura" del archivo implica la destrucción de un símbolo nacional, realizada de manera "humillante". "Que no se equivoque nadie. Esto no afecta sólo a Salamanca; afecta a la nación. Carod Rovira pide que se rompa el archivo de Salamanca por ser un archivo nacional. Esto está íntimamente ligado a que Cataluña sea una nación y que no lo sea España. Por eso hay que romper el archivo, daba igual éste u otro, pero nacional. Y que Zapatero le entregue sumiso a sus pies un archivo que es del patrimonio de todos los españoles". "Zapatero habrá llamado a Carod para decirle 'orden cumplida', que ya se ha roto el Archivo Nacional", concluyó, informa Carlos E. Cue.