Un largo proceso

No es la primera vez que salen papeles del archivo de Salamanca, que se construyó para reunir la información que durante la Guerra Civil las tropas franquistas incautaban allí donde llegaban con objeto de reprimir a su enemigo. Cuando los vencedores de la contienda elaboraban la Causa General para denunciar los crímenes de los rojos, salieron muchos documentos para ilustrar sus argumentos.

El proceso que culminará cuando lleguen las 500 cajas a la Generalitat de Cataluña se inició en su última fase -ya en anteriores legislaturas se había tratado el asunto, sin llegar a ningún puerto- el 18 de mayo de 2004, con una proposición no de ley que instaba al Gobierno a que iniciara un proceso de diálogo con la Generalitat que resolviera el contencioso planteado a propósito de la documentación incautada y depositada en el Archivo General de la Guerra Civil de Salamanca.

El 3 de octubre de 2004, Calvo presentó al pleno del patronato del archivo una lista de 18 expertos para asesorar técnicamente al ministerio. Este comité consideró, en diciembre de 2004, por 14 votos a favor y tres abstenciones, que las reclamaciones eran "justas y legítimas". Propuso la devolución de los papeles a la Generalitat, una vez que se hubieran hecho copias auténticas que quedarían en Salamanca y que se garantizara la conservación de los originales y el acceso a los mismos.

El 15 de abril de 2005, el Consejo de Ministros aprobó la propuesta de Calvo para la devolución, que incluía, además, el proyecto de creación del Centro Documental de la Memoria Histórica en Salamanca. La propuesta llegó a las Cortes y la ley se aprobó el 3 de noviembre de 2005. Una comisión mixta Estado-Generalitat identificó las 500 cajas, cuyo contenido se corresponde con los documentos a los que se refiere la ley.