Un camino peligroso

Los espacios radiofónicos de la Cope que han suscitado un dictamen adverso del Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC) son un muestrario, ni siquiera exhaustivo, de lo que nunca debe hacer un medio de comunicación: mentir, denigrar, atizar el odio entre los ciudadanos. Nada de esto está protegido por el artículo 20 de la Constitución Española, que consagra el derecho fundamental a la libertad de expresión. La Conferencia Episcopal española, como propietaria de la cadena, tiene una grave responsabilidad en esta deriva de algunos de sus programas.

Por si faltaban pruebas de su irresponsabilidad, la cadena de emisoras se regodeó ayer durante todo el día con la emisión de un diálogo entre el presidente electo de Bolivia, Evo Morales, y un humorista que se hacía pasar por el presidente Zapatero. En vez de envanecerse por la gamberrada y transmitirla una y otra vez, deberían disculparse ante los presidentes de Bolivia y de España y ante los oyentes.

El CAC ha emitido su dictamen 24 horas después de que el Parlamento catalán ampliara sus competencias, de forma que este organismo tendrá en el futuro un papel decisivo en la concesión de licencias y en la vigilancia y sanción por incumplimiento de las condiciones de concesión de una frecuencia radiofónica. Este organismo emanado del Parlamento juzgará sobre la veracidad de las informaciones o sobre las fronteras entre información y opinión. Lo hace de hecho en un dictamen en el que, citando una amplia jurisprudencia del Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, concluye que la Cope ha vulnerado los límites constitucionales al ejercicio legítimo de la libertad de información.

El prolijo dictamen del CAC incluye un amplio catálogo de excesos, pero no creemos que un órgano de estas características, emanado del Parlamento, por independiente que se proclame, pueda ser el árbitro que juzgue y sancione a los medios en materia de información. Siempre hemos sostenido que los periodistas estamos sometidos a la ley, que la libertad de expresión no ampara todo, pero el control de legalidad deben realizarlo los tribunales. El camino emprendido por el Parlamento catalán al dotar de tan amplias capacidades al CAC es extremadamente preocupante y peligroso.