El Consejo Audiovisual de Cataluña cree que la Cope vulnera la libertad de expresión

El Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC), autoridad reguladora del sector en esta comunidad autónoma cuyos miembros son designados por el Parlamento autónomo, concluye en un extenso informe de 71 páginas que la cadena Cope "ha incurrido en una vulneración de los límites constitucionales al ejercicio legítimo de los derechos fundamentales a la libertad de información y de expresión", lo que constituye un "incumplimiento grave del régimen de concesión". Pero la Generalitat no sancionará a la cadena, porque no hay informes reiterados de faltas como exige la actual -y confusa- normativa.

"Parece bastante claro que nos encontramos ante claros ejemplos de ejercicio extralimitado de la libertad de expresión, entrando de forma clara dentro de la ilegítima vulneración del honor y dignidad de personas físicas y jurídicas, así como del ataque al prestigio de instituciones fundamentales de nuestro sistema constitucional". Ésta es una de las valoraciones que aparecen en el informe y que hace referencia, por ejemplo, a las siguientes expresiones que corresponden a Federico Jiménez Losantos (La mañana) y a César Vidal (La linterna): "Montilla quiere fundar otra vez el GAL

para matar periodistas incómodos" (Jiménez Losantos); "La historia del socialismo español es la apoteosis del golpe de Estado permanente" (Jiménez Losantos); "A mí me recuerda leyendo el Estatuto, muchísimo la Italia de Mussolini, extraordinariamente" (César Vidal).

El CAC, como todas las autoridades audiovisuales europeas, tiene competencias para velar porque se cumplan las leyes del sector, también las que hacen referencia a los contenidos. En este sentido, el organismo catalán juzga "inadmisibles" tales manifestaciones, incluso en un contexto opinativo, porque "se dirigen, de manera directa, a provocar en el público receptor efectos de descrédito, vejación o denigración". Lo que, según el CAC, "resulta particularmente grave por los riesgos que genera desde el punto de vista de la convivencia y la participación democrática".

Renovación de licencias

En otro apartado, el CAC rechaza que éste constituya "un acto de censura", porque "es previo a la difusión de informaciones y de expresiones con el objeto de decidir sobre la autorización o aceptación de dicha difusión" y niega que tenga relación con la "renovación" o no de concesiones.

El informe, abordado a raíz de "una cantidad significativa de denuncias" ciudadanas, según el CAC, se centra pues en los espacios La mañana y La linterna. espacios de los que el CAC seleccionó 24 "cortes de voz", que son los que ha estado analizando los últimos meses, y los que permiten concluir al organismo que algunos contenidos de las nueve emisoras de la Cope concesionarias de la Generalitat catalana contravienen los derechos fundamentales, establecidos por la Constitución, a la libertad de información y de expresión, lo que supone "un grave incumplimiento de las obligaciones que les corresponden y que prevé el decreto 269/1998", del Gobierno autónomo. Esta norma regula hasta que entre en vigor la Ley Audiovisual -aprobada por el Parlamento catalán el martes pasado- las concesiones de emisoras comerciales de frecuencia modulada.

El mencionado decreto establece como "principios inspiradores de la actividad" de las emisoras concesionarias, entre otros, "la objetividad, la veracidad y la imparcialidad de las informaciones", "el respeto al pluralismo" político, religioso, social, cultural, ideológico y lingüístico, así como al "honor, a la intimidad de las personas, a la propia imagen y otros derechos y libertades reconocidas por la Constitución" y "la separación entre informaciones y opiniones". Principios considerados por la norma "obligaciones" para el concesionario, cuyo "incumplimiento reiterado" comportaría "el cese inmediato de la prestación del servicio", es decir, la suspensión de la licencia.

El informe ha sido enviado a la Generalitat y al Ministerio de Industria, que tiene competencias sobre emisoras de onda media. Precisamente la condición de que debe haber reincidencia en la infracción para que el operador sea castigado es la que esgrimió ayer la Generalitat, la instancia actualmente con competencia sancionadora en el caso de las concesiones de frecuencia modulada, para descartar que vaya a emprender cualquier acción inmediata hacia la Cope.

El primer consejero del Gobierno tripartito, Josep Bargalló, explicó que lo primero que se hará con el informe es trasladarlo a los servicios jurídicos de Presidencia para que se haga un estudio exhaustivo, informa Enric Company. La documentación resultante se incluirá en el expediente abierto a la cadena de emisoras, que podrá ser sancionada en el futuro -ya no por la Generalitat, sino directamente por el CAC de acuerdo con la nueva Ley Audiovisual- si hay "reiteración" en el incumplimiento registrado por la autoridad audiovisual catalana.

Régimen sancionador

Fuentes jurídicas consultadas por este diario pusieron en duda, sin embargo, que, aún habiendo reincidencia, llegara a prosperar alguna sanción a la cadena motivada por sus contenidos. Dichas fuentes explicaron que el decreto 269/1998, vigente en Cataluña hasta la entrada en vigor de la Ley Audiovisual remite, en cuanto al régimen sancionador, a la Ley General de Telecomunicaciones del año 1998, que fue sustituida en 2003 por otra, que lamina las atribuciones de los Gobiernos autónomos en cuanto a las sanciones en el ámbito radiofónico.

Pese a la contundencia del informe, apoyado por citas, analizadas extensamente por los redactores, el organismo, en una nota de prensa difundida ayer, considera que la Cope "recoge en el seno de su línea editorial las convicciones y las ideas de una parte representativa de la ciudadanía y manifiesta su voluntad de garantizar la contribución que este medio hace, en términos generales, al pluralismo".

Por su parte, un portavoz de la cadena Cope dijo que, una vez recibido el informe del órgano regulador, lo estudiarán y valorarán las posibilidades de presentar alegaciones. "Mientras tanto", dijo este portavoz, "seguiremos manteniendo con el CAC las mismas relaciones institucionales de siempre".

Las reacciones al informe no se hicieron esperar. Así, mientras los partidos en el Gobierno catalán y CiU alabaron su rigor, el PP lo criticó: "Si alguien ve vulnerados sus derechos constitucionales puede recurrir a los tribunales", dijo el diputado autonómico Santiago Rodríguez. En el ámbito profesional, el Colegio de Periodistas valoró "positivamente" el informe del CAC, que puede consultarse completo en www.elpais.es.