Toxicología detecta residuos peligrosos junto a la playa vizcaína de La Arena

El Instituto Nacional de Toxicología ha confirmado la existencia de residuos tóxicos a 100 metros de la playa vizcaína de La Arena, en una zona donde existe un proyecto para edificar cerca de 70 viviendas. "Pueden implicar un riesgo inaceptable para la salud humana", señala en un informe remitido a un juzgado. Otro estudio de la UPV señala que es una zona de marismas con especies únicas en Euskadi.

Los terrenos de Muskiz donde está contemplado el proyecto urbanístico (29 chalets de lujo y 48 pisos en una superficie de más de 30.000 metros cuadrados junto a la mayor playa de Vizcaya) han pertenecido históricamente a la Administración central. Algunas parcelas fueron cedidas en régimen de concesión a Campsa en 1973, pero en 1992 esta empresa (hoy CLH) las vendió a un particular. En 2005 fueron inscritas en el registro como propiedad de dos empresas, Iru Bat y Ondarra, las promotoras de la urbanización. Sin embargo, la Delegación del Ministerio de Economía en Vizcaya ha asegurado, en un escrito enviado al Ayuntamiento de Muskiz el pasado 15 de abril, que los terrenos son de su propiedad, por lo que ha iniciado un "expediente de defensa patrimonial".

Esta posible usurpación de terrenos públicos motivó, a mediados de 2004, la presentación de una denuncia en los juzgados por delito ecológico por parte del grupo ecologista Lur Maitea. El caso está siendo investigado por el Juzgado de Instrucción número 4 de Barakaldo. Por su parte, el Gobierno vasco paralizó las obras de relleno acometidas por las dos empresas entre mediados de 2002 y 2004, al considerar que se había invadido una zona pública. Desde entonces, hace año y medio, no se ha actuado en la zona.

Un informe del Departamento de Biología Vegetal y Ecología de la Universidad del País Vasco (UPV), realizado a petición del juzgado, certificó en septiembre pasado que es una zona de marismas en la que existe una especie vegetal única en Euskadi, "protegida por tanto por la ley de conservación de la naturaleza del País Vasco". Además, el servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) tomó muestras este verano de las tierras empleadas para los rellenos por las empresas Ondarra e Iru Bat. El representante legal de esta última, Luis Bilbao Borde, declaró el pasado 21 de octubre ante la juez de Barakaldo que los rellenos se realizaron "con tierras y rocas" procedentes de Barakaldo. Pese a no disponer de ningún análisis, dijo que eran "tierras vírgenes" y aseguró que estaba "cualificado para saber si las tierras están contaminadas".

La juez recibió el pasado 28 de noviembre el informe del Instituto Nacional de Toxicología, que detectó concentraciones de arsénico y cadmio que "pueden implicar un riesgo inaceptable para la salud humana y para el funcionamiento de los ecosistemas". Toxicología comprobó la existencia de los residuos tóxicos en "todas las muestras". Las concentraciones llegan a superar en 15 veces los límites establecidos por la Unión Europea para acoger desechos en vertederos de residuos peligrosos. En este caso, es ilegal la deposición de cualquier material contaminante.

La asociación Lur Maitea pidió ayer la "urgente" retirada de los desechos peligrosos.