La vicepresidenta afirma que el dinero para la Iglesia "tendrá que ir a menos"

"Hemos llegado a un punto donde las aportaciones del Estado para financiar a la Iglesia católica, que han ido a más cada año, tendrán que ir a menos. Tendrá que cumplir su compromiso de autofinanciarse. No hay ningún país de la Unión Europea donde la Iglesia católica esté mejor tratada que en España". Con esta contundencia se expresó ayer la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en su empeño por contrarrestar algunas de las protestas escuchadas durante la manifestación del sábado contra la reforma educativa. De la Vega dijo estar "realmente sorprendida" por esas "faltas de información", y declaró varias veces "no es cierto", "tampoco eso es cierto", durante la entrevista que concedió al programa Hoy por hoy, de la cadena SER.

"Los motivos que se alegan para convocarla y asistir [a esa manifestación] no se corresponden con las previsiones" del proyecto de Ley Orgánica de Educación, a debate estos días en el Congreso. "O hay falta de información o se usa la educación como ariete para desgastar al Gobierno", añadió.

El Estado español (Administración central y comunidades autónomas) financia cada año a la Iglesia católica, en sus diversas manifestaciones -sueldo de obispos y sacerdotes, de capellanes castrenses, hospitalarios y penitenciarios y del profesorado de religión, más las subvenciones a los colegios concertados, entre otros capítulos-, con más de 3.000 millones de euros, sin contar con el paraíso fiscal en que se desarrolla gran parte de las actividades eclesiásticas, con la exención de los impuestos principales, entre ellos el IVA, el impuesto de bienes inmuebles (IBI), el de sociedades, el de transmisiones y el de actos jurídicos documentados.

La Comisión Europea ha llamado la atención al Gobierno por este trato fiscal, discriminatorio respecto a las otras asociaciones.

El Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero ha mantenido esos compromisos de financiación y de exenciones fiscales, con una aportación extra este año de 35 millones. Sólo los sueldos del profesorado de catolicismo, contratados y pagados por el Estado, pero seleccionados para cada curso escolar por los obispos, suman en 2005 algo más de 500 millones.

En 1988, cuando el Gobierno de Felipe González y la Conferencia Episcopal acordaron la fórmula del impuesto religioso en la declaración de la renta, los obispos estaban convencidos de que les bastaría un periodo transitorio de tres años para alcanzar la autofinanciación mediante las aportaciones de sus seguidores. Diecisiete años después, la transitoriedad se ha mantenido en el sistema fiscal.

La decepción fiscal de los obispos se produjo ya en la primera campaña de la renta, la de 1988, que recogía el llamado impuesto religioso. Entonces, apenas el 39% de los contribuyentes expresó sus preferencias en favor de la Iglesia, a pesar de que aquel año los prelados prepararon una campaña de publicidad para dar a conocer un sistema de financiación que entonces les pareció muy aceptable. Aquel primer fracaso obligó al Estado a complementar con 4.000 millones de pesetas la asignación tributaria de los católicos y dejó claro que no era posible cumplir el plazo de tres años marcado para la autofinanciación eclesiástica.

Pese a que la última de las prórrogas, acordada en 2002 por Rodrigo Rato, vicepresidente económico en los gobiernos de José María Aznar, caducaba este año, el Ejecutivo socialista la extiende un ejercicio más en el proyecto de Ley de Presupuestos de 2006, enviado en septiembre pasado al Congreso. El 90,8% del presupuesto de la Iglesia corre a cuenta del Estado cada año, una situación que, además de la vicepresidenta De la Vega, han criticado en el pasado los ministros Jesús Caldera, de Trabajo, y Juan Fernando López Aguilar, de Justicia. "Que el Estado aporte ayudas económicas a esta confesión se tendrá que acabar algún día", declaró Caldera el 22 de julio de 2004. Era la primera advertencia desde este Gobierno.

Respeto de un acuerdo

El secretario de Estado de Comunicación, Fernando Moraleda, dijo ayer que el Gobierno desea que se respete el acuerdo Estado-Iglesia de 1979, que preveía la autofinanciación, pero precisó que si la Iglesia católica sigue teniendo dificultades para ello, el Ejecutivo "sigue dispuesto a seguir ayudándola".

Preguntado por las declaraciones de la vicepresidenta a la SER, Moraleda subrayó que el Ejecutivo ha sido uno de los que más esfuerzo presupuestario ha hecho, "con el dinero de todos los españoles, para satisfacer las demandas de la Iglesia". "Si se cumple la letra, ese acuerdo [de 1979] lleva a la autofinanciación, pero existiendo ese compromiso, se viene incumpliendo año tras año a costa de incrementos significativamente importantes en los Presupuestos Generales del Estado", dijo antes de precisar que si en algún momento esta iglesia tiene dificultades para autofinanciar sus actividades económicas, el Gobierno "está dispuesto a seguir ayudándola".