Los obispos negociaron en La Moncloa

El carácter evaluable de la asignatura de religión y la libertad de elección de centro sin restricciones fueron las dos peticiones de la jerarquía católica que dieron al traste con la negociación entre la Iglesia y el Gobierno sobre la reforma educativa. El proceso negociador, guardado hasta ahora en secreto por ambas partes, se desarrolló, siempre según fuentes gubernamentales, en cuatro reuniones celebradas en Moncloa (tres de ellas entre el 10 y el 25 de octubre) y basó su trabajo en otras tantas áreas de discusión: la autonomía de los centros, los profesores de religión y las asignaturas de religión y educación para la ciudadanía. Durante las conversaciones, el Gobierno, se mostró dispuesto a reconocer el "carácter especial" de la relación con los profesores de religión y a retirar del anteproyecto de Ley Orgánica de Educación (LOE) la consideración de servicio público de la educación y sustituirla por la de "derecho fundamental".

La vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, y el presidente del grupo parlamentario socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, fueron los encargados de representar al Gobierno socialista. La posición de los obispos fue defendida por el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Ricardo Blázquez; su portavoz, Juan Antonio Martínez Camino, y el vicepresidente, Antonio Cañizares. Este último, a diferencia de los demás, estuvo presente en todas las reuniones y, según fuentes cercanas a la negociación, jugó un papel clave.

Las reuniones recogieron el espíritu del "diálogo fluido y abierto" que habían acordado en Moncloa el 6 de abril pasado el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y Ricardo Blázquez. Para ello, se decidió abrir, con la ley ya en el Parlamento, una nueva fase de negociación caracterizada por la discreción y el contacto directo entre ambas cúpulas ejecutivas. Se trataba, en palabras de Martínez Camino, de "tomas de contacto, a última hora de la tarde y sin agenda previa".

El objetivo del Gobierno era, si se alcanzaba un acuerdo, elaborar una declaración pública conjunta. Pero no ocurrió así. Los resultados de las conversaciones fueron evaluados por el comité ejecutivo de la Conferencia Episcopal, que finalmente rechazó la propuesta. El Gobierno, según fuentes cercanas a Moncloa, considera que la negociación ha quedado rota y que la responsabilidad es de los obispos.

Aunque la vicepresidenta habló ayer de 15 propuestas del episcopado (13 aceptadas y 2 rechazadas), fuentes gubernamentales matizaron que todas ellas se podían subsumir en cuatro áreas. En dos se alcanzó un principio de acuerdo (profesores de religión y educación para la ciudadanía) y en otros dos la negociación fracasó (asignatura de religión y elección de centros). Este es el resumen de los encuentros y desencuentros.

- Elección de centro. El Gobierno, siempre según fuentes cercanas a la negociación, se mostró dispuesto a conceder a los centros concertados (de gestión privada y financiación pública) el derecho a decidir su tipología (por ejemplo, su conversión en fundaciones) . También aceptó el reconocimiento de su autonomía pedagógica y eliminar del articulado de la LOE (aunque no en el preámbulo, según dijo Martínez Camino en la Cope) la referencia a la educación como servicio público, un aspecto que ha levantado ampollas entre los obispos que consideran que abre las puertas a la "estatalización" de la educación y ataca a la libertad de enseñanza. El acuerdo en este punto incluía cambiar el término servicio público por derecho fundamental. El principal punto de fricción procedió del derecho de los padres a elegir centro. Los obispos, según fuentes gubernamentales, exigieron que la decisión de un padre fuese el criterio principal, de forma que a la hora de admitir alumnos en un centro contase por encima de otros tan asentados como la proximidad al centro o la renta. El Gobierno lo rechazó de plano porque, a su entender, suponía romper la equidad y abría las puertas a la creación de centros elitistas financiados con fondos públicos. La Conferencia Episcopal ha insistido en que defendió que se respetase la libertad de elección de centro, sin facilitar más detalles.

- Asignatura de religión. La Iglesia pidió, como reconoce Martínez Camino, que esta asignatura fuese evaluable y, por tanto, computable para la nota media. El Ejecutivo, basándose en su compromiso electoral insistió en que la asignatura no había de ser evaluable ni, por tanto, computable. El anteproyecto de LOE no entra en estos detalles, que deben ser desarrollados en reglamentos posteriores a la aprobación de la ley. Donde sí que hubo un principio de acuerdo fue en que la asignatura debía de ser de oferta obligatoria para los centros y voluntaria para los alumnos, según establecen los acuerdos con la Santa Sede. En este apartado, según fuentes gubernamentales, los obispos se mostraron dispuestos a reconocer en la declaración final la voluntad del Ejecutivo para llegar a un pacto aunque destacando que el esfuerzo era insuficiente.

- Educación por la Ciudadanía. La asignatura que crea la reforma educativa y que se estudiará en un curso de secundaria y en otro de primaria había despertado recelos en la Iglesia. Martínez Camino recordó ayer que el temor se centraba en que se convirtiese en una clase de moral. Este miedo motivó que pidiesen que la asignatura tuviese un carácter "técnico". "Como enseñar el derecho constitucional", indicó el portavoz episcopal. Fuentes gubernamentales señalaron que los obispos tampoco querían que fuese utilizada como arma de crítica contra la religión. Para superar los temores, los representantes socialistas admitieron que se limasen las asperezas y se destacase su carácter laico. Con ello, se llegó a un acuerdo.

- Profesores de religión. Aquí también se logró el pacto, según el Gobierno. Fernández de la Vega y Pérez Rubalcaba se comprometieron a dar estabilidad laboral a los profesores de religión (11.000 en la enseñanza pública y 22.000 en la concertada). Para ello se les iba reconocer el régimen de contratación laboral con una duración coincidente con el curso escolar (a tiempo completo o parcial). Asimismo, estos docentes percibirían las retribuciones que correspondiesen a los profesores interinos. Más espinosa fue la cuestión de los despidos. Ahora mismo, estos docentes son elegidos por la Iglesia y pagados por el Estado. La renovación de contrato depende de los obispos, que pueden impedirla si creen que el docente no cumple con los preceptos morales católicos (por ejemplo, casarse con un divorciado). El Ejecutivo, en este aspecto, estaba dispuesto a reconocer la "carácter especial" de la relación de los profesores y desarrollar un reglamento para regular la cuestión.