Más gasto social

El proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2006 pone el acento en el gasto social. Los principales esfuerzos estarán en educación, investigación y desarrollo (I+D), vivienda, justicia, sanidad y ayuda al desarrollo. De las estimaciones se concluye, en principio, un ejercicio presupuestario razonable, que tiene cierto sesgo expansivo aplicando criterios ortodoxos. Así, por ejemplo, el crecimiento previsto del 3,3% del PIB coincide con los pronósticos de los analistas privados y las agencias multilaterales, pero suena discutible que la proyección se realice sobre un precio medio de 55 dólares por barril de petróleo. Quizá quepa calificar como excesivamente optimista la expectativa de disminución del déficit por cuenta corriente en 2006, debido a la dudosa capacidad de nuestra economía para restaurar total o parcialmente la competitividad perdida y a la probable impotencia de nuestros principales socios comerciales para aumentar la demanda de nuestros bienes y servicios.

Las prioridades no sorprenden: estabilidad presupuestaria como premisa y mejora de las aún muy penosas condiciones de crecimiento de la productividad. El primer objetivo trata de cumplir con el Pacto de Estabilidad europeo, y superarlo con creces, pues se prevé un superávit del 0,2% del PIB. La mejora de la productividad pasa por aumentos importantes en las asignaciones a los capítulos de educación e I+D. No aparecen por ahora detalladas las cantidades destinadas a luchar contra el analfabetismo digital que exhibe nuestro país, aunque es de esperar que esas partidas crezcan significativamente.

Sin infraestructuras tecnológicas, sin la incorporación intensiva de las tecnologías de la información a las administraciones públicas no hay modernización, tal como se ha visto a lo largo de estos últimos diez años en no pocos países. Bueno sería, por tanto, que se detallaran los planes en este ámbito, así como la concreción del aumento muy sobresaliente en el gasto educativo y en I+D, que supera, al parecer, en más del 30% al del año anterior en ambos conceptos. La condición necesaria es aumentar los recursos públicos; pero es igualmente preciso detallar cómo se van a gastar las aportaciones de los contribuyentes. La eficacia del gasto público y la capacidad de la Administración central para modernizarse son prioridades tan importantes como ese aumento del gasto selectivo que se ha decidido.

El gasto social se incrementa y también lo hace, y mucho, la ayuda al desarrollo (0,35% del PIB). Ésta es una buena noticia, pero tengamos cuidado en no caer en una paradoja: que nos acerquemos en las ayudas al Tercer Mundo a los países más contribuyentes, con el fin de destacar en la política exterior, pero retrasemos nuestra propia modernización económica. La mejor ayuda al desarrollo es ampliar el comercio, así como la inversión en las naciones pobres y relajar las frecuentes presiones proteccionistas. Para hacerlo, hace falta tener una economía y unas empresas modernas.