Mas reclama 6.000 millones de euros el primer año de Estatuto

La propuesta de financiación presentada por Convergència i Unió (CiU) incluye un artículo por el cual la Generalitat de Cataluña percibiría del Estado algo más de 6.000 millones de euros adicionales (un billón de pesetas) a los seis meses de entrada en vigor del Estatuto. Los nacionalistas denominan a esta cuantía "cuota inicial de retorno", es decir, los ingresos suplementarios que obtendría la Generalitat el primer año de aplicación del nuevo modelo de financiación. Las previsiones del tripartito sitúan esta suma entre 2.400 y 3.000 millones de euros.

El artículo que determina la fórmula de esta cantidad reproduce textualmente otro del actual Estatuto, de 1979, que establece el porcentaje de participación de la Generalitat en los ingresos del Estado. La suma se calculará a partir de la "mediana de los coeficientes de población y esfuerzo fiscal de Cataluña, medido este último por la recaudación en su territorio del impuesto sobre la renta de las personas físicas". CiU nunca reclamó la ejecución de este precepto durante los 23 años de Gobierno.

Mas aseguró que estas cifras significan que la Generalitat recibirá el 18,5% de los ingresos totales del Estado. Aunque la cuantía difiere según los cálculos, los expertos de CiU creen que la Generalitat ingresaría 6.000 millones de euros adicionales. Otros cálculos técnicos lo elevarían a 9.000 millones.

El nuevo modelo de financiación de CiU contiene graves errores técnicos e inconstitucionalidades, según expertos. Entre ellos:

- Fondos estructurales. CiU otorga a una comisión bilateral la competencia de "determinar el porcentaje de participación de Cataluña en la distribución territorial de los fondos estructurales europeos". Este mecanismo supone formalizar una negociación de carácter bilateral entre el Estado y la Generalitat que se encargaría de fijar el techo máximo de las ayudas que podría percibir Cataluña. Este sistema significaría romper los criterios de distribución de las subvenciones que son uniformes para todas las comunidades calificadas bajo un mismo objetivo, en el caso de Cataluña objetivo 2, para regiones en declive industrial. El criterio actual es que cada autonomía reciba una cantidad por habitante y año en función del objetivo al que se acoge. Las autonomías gastan el dinero en función de los proyectos que presenten a Bruselas, con lo que el Gobierno central no interviene decisivamente.

- Financiación local. Aunque el Consultivo dictaminó la inconstitucionalidad del capítulo de financiación de CiU, los nacionalistas insisten en mantener la competencia "exclusiva" de la Generalitat sobre la financiación local en contra del artículo 149.1.14 de la Constitución, referido a la Hacienda general y deuda del Estado.

- Concierto económico. Los expertos del Gobierno catalán creen que la propuesta amaga un concierto económico, lo que ha sido considerado inconstitucional por el Consultivo.