El médico Maeso se enfrenta a 2.214 años de cárcel por el contagio de 276 pacientes

El escándalo estalló en abril de 1998. Fue el entonces consejero de Sanidad, Joaquín Farnós, quien señaló públicamente a un responsable del contagio masivo detectado en varios hospitales de Valencia: el anestesista Juan Maeso. A partir de ahí se inició una compleja y no exenta polémica investigación judicial que recayó en el Juzgado de Instrucción número 5 de Valencia, a cargo de José Manuel Ortega. Y hoy, más de siete años después, el único procesado se sienta en el banquillo de una sala expresamente habilitada en la Ciudad de la Justicia de Valencia. A Maeso se le acusa de contagiar el virus de la hepatitis C a 276 pacientes.

En algo más de 700 metros cuadrados se extiende un singular estrado en el que, además del tribunal, cuya ponente es la magistrada Carolina Rius, se sientan 171 abogados (135 en representación de los afectados), 114 procuradores, 7 representantes de los responsables civiles directos y 34 de los responsables civiles subsidiarios. El sumario 7/01 será ahora desgranado por el fiscal, Javier Carceller, las acusaciones particulares y la defensa del imputado. En ello participarán casi 600 testigos, entre los que se incluyen 273 de los 276 afectados (los otros tres han fallecido a consecuencia de la enfermedad contraída), médicos de la sanidad pública y privada en Valencia, genetistas y responsables del sistema sanitario durante los años en los que se produjo la infección.

El fiscal pide para Juan Maeso 2.214 años de cárcel, ocho por las lesiones de cada contagio y dos más por cada una de las tres muertes, que entiende directamente derivadas del mismo. Además, solicita una indemnización global de 28.885.002 euros (cantidades que oscilan en cada caso según la evolución del contagio, de las lesiones, de las incapacidades y de la edad desde los 13.000 a los 212.500 euros). El fiscal entiende que de esas indemnizaciones son responsables civiles directas las distintas compañías aseguradoras con las que Maeso tenía suscritas pólizas (de forma directa o derivadas de la concertación por el Colegio de Médicos o Sanidad). La responsable civil subsidiaria es, según él, la Administración autonómica, garante del funcionamiento del sistema sanitario.

La investigación se inició sobre casi un millar de pacientes. De ellos, el fiscal entendió que 276 fueron contagiados por Maeso en cuatro hospitales de Valencia: 46 en La Fe, 228 en Casa de Salud (de los que 13 fueron derivados de la sanidad pública dentro de un plan del Gobierno autonómico, del PP, para reducir la lista de espera), uno en la clínica Quirón y otro en el centro hospitalario Virgen del Consuelo.

Un vasto informe genético (rechazado por la defensa de Maeso al entender que estaba viciado porque buscaba sólo las coincidencias con su representado y no las que existían entre todos los afectados, además de que fue realizado por afines a la Consejería de Sanidad) estableció una secuencia filogenética del virus: genotipo 1A.

A partir de ahí quedaron fuera más de 500 de los pacientes inicialmente vinculados a la causa. Que Maeso fuera o pudiera haber sido el anestesista en las intervenciones fue determinante para el fiscal. Éste sostiene que Maeso se pinchaba la anestesia como estupefaciente y que con la misma jeringuilla inyectaba después a los pacientes. Y afirma que "existía una sospecha generalizada entre el diverso personal sanitario de ser consumidor habitual de estupefacientes". La defensa de Maeso niega la mayor: "En la causa, tal afirmación no existe, son rumores de pasillo, nada en una causa penal".