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Editorial:

Septiembre

Este septiembre se anuncia políticamente cargado. Están previstos, entre otros acontecimientos, la reunión de la Conferencia de Presidentes autonómicos, la votación en el Parlamento catalán del proyecto de nuevo Estatuto de dicha comunidad y la entrevista que Zapatero propondrá a Rajoy de forma inmediata, con el ánimo de llegar a un entendimiento razonable entre los dos partidos mayoritarios. Las tres citas se condicionan entre sí, y de su resultado depende decisivamente la continuidad o ruptura de la política de alianzas del actual Gobierno, que se pondrá a prueba en torno a la negociación y aprobación de los Presupuestos, en el último trimestre del año.

La segunda Conferencia de Presidentes tendrá lugar finalmente el 10 de septiembre, según adelantó el viernes la vicepresidenta Fernández de la Vega, y estará dedicada a estudiar los problemas de la financiación de la sanidad; es decir, en el fondo, la reforma del sistema de financiación autonómica, condicionado por los déficit en Sanidad. El tema interesa lo suficiente como para descartar intentos de boicot por parte de presidentes de comunidades gobernadas por el PP, aunque ya no estará Fraga, que fue quien en la primera reunión, en octubre, cortó cualquier tentación en ese sentido.

Algunos presidentes, como el de Extremadura, han amagado con su intención de plantear, al margen del orden del día, cuestiones relacionadas con las reformas territoriales en curso. En todo caso, la fecha elegida parece determinada por la necesidad de llegar a un acuerdo lo suficientemente separado de las fechas críticas en que debe resolverse el Estatuto catalán. Pero todo está relacionado. Por una parte, el portavoz de Esquerra advirtió a Solbes, a fines de julio, de que su partido no apoyaría los Presupuestos si no incluía el compromiso de absorber el 100 por 100 de la deuda sanitaria de las comunidades; algo que el Gobierno ya ha descartado. Por otra, Carod ha vinculado (la última vez, hace dos días) la continuidad de su respaldo a Zapatero a que el proyecto de Estatuto que salga del Parlamento catalán no se modifique en las Cortes.

El alineamiento de última hora de ERC con CiU en relación a los contenidos del Estatut ha suscitado la inquietud en las filas socialistas. Con independencia de las divergencias concretas (papel de los derechos históricos en el blindaje competencial, posibles desbordamientos de la Constitución, organización judicial, límites a la solidaridad, definición como nación, etcétera), lo que la gresca ha puesto de manifiesto es que ERC está dispuesta a utilizar a fondo su capacidad intimidatoria en los dos ámbitos: la posibilidad de cambiar de aliado y seguir gobernando en Cataluña con CiU si la crisis conduce a elecciones anticipadas; y la de dejar en minoría a Zapatero en la votación de Presupuestos.

Los socialistas se enfrentan al dilema de si es posible dar satisfacción a las demandas de sus socios nacionalistas sin provocar un movimiento interno de rechazo frontal al Estatut a su paso por las Cortes; con los efectos que ello tendría dentro del PSOE. Propuestas pintorescas de ERC como la de que el Estado pida perdón por la guerra del Rif, o excesivas, como que el catalán (con el euskera y el gallego) sean lenguas oficiales en toda España han cargado de razones a quienes desconfían de la capacidad de los actuales líderes de ERC de colaborar en una auténtica política de Estado. De ahí algunos movimientos por sondear otras posibles combinaciones. Unió (sin Convergència) se ha ofrecido como aliado "más fiable", pero el ministro Montilla ha insinuado que incluso sin contar con el nacionalismo catalán "hay más de una mayoría posible", aunque la única imaginable tendría que incluir al PNV, lo que tendría un alto precio político. Zapatero e Ibarretxe tienen previsto un encuentro, que también podría celebrarse en septiembre.

La entrevista con Rajoy, pendiente desde el desencuentro sobre política antiterrorista, se aplazó en su momento por las elecciones gallegas. Entretanto, la sima entre socialistas y populares no ha dejado de crecer. En enero pareció posible lo contrario, tras aquella reunión en la que ambos líderes decidieron crear una comisión de seguimiento del proceso de reformas de la Constitución y los Estatutos. Aquello duró apenas cinco minutos, por motivos mal explicados por ambas partes. Las razones para hacer compatible el disenso lógico entre Gobierno y oposición con el consenso en ese tema y otros como la política exterior, siguen, sin embargo, vigentes. Una de ellas, que se modificaría la Constitución sin acuerdo de los partidos que representan al 80% del electorado; otra, que la existencia de un marco que posibilite respuestas conjuntas de esos partidos es un freno objetivo a la tentación nacionalista de jugar al desbordamiento.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 28 de agosto de 2005