Las empresas españolas, a la espera de mayor estabilidad

La crisis de Bolivia ha afectado a las inversiones extranjeras, entre ellas las españolas, que se mantienen en suspenso desde hace varios meses hasta que los gobernantes puedan asegurar estabilidad jurídica para el capital extranjero. Hay empresas españolas como la petrolera Repsol-YPF que aseguran que todo está volviendo a la normalidad y que esperan una mejora a corto plazo. Pero la inestabilidad social viene ahuyentando las inversiones desde hace varios años.

Más de diez grandes empresas españolas han invertido desde los noventa en Bolivia

El clima de insurrección popular que se vive desde hace semanas en La Paz y otros lugares del país, unido a las demandas maximalistas de los sindicatos obreros y campesinos, además de las juntas vecinales de El Alto -que exigen la nacionalización no solamente de los hidrocarburos sino también de los recursos naturales- preocupan cada vez más a los empresarios extranjeros que trabajan en el país.

Alrededor de una decena de empresas españolas han invertido, desde los años noventa, en actividades petroleras (Repsol-YPF), de energía eléctrica (Grupo Iberdrola y Red Eléctrica de España), financieras (BBVA y Grupo Santander Central Hispano), industrial (Unión Española de Explosivos), en servicios de administración de aeropuertos (Aena Avertis) y en la industria editorial y de la comunicación (Santillana y Grupo Prisa).

Las inversiones españolas, alcanzaron en la década de los noventa los 300 millones de dólares anuales sobre un total de mil millones que era el monto de todas las inversiones extranjeras en el país. Desde 2003, cuando una asonada popular derrocó al entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, Bolivia ha sufrido un brusco proceso de reducción de las inversiones. Las revistas especializadas comenzaron a situar al país en los puestos más bajos de las escalas sobre atracción de inversiones.

No obstante, la confianza en la estabilidad política de Bolivia nunca alcanzó en los últimos años las mismas cotas que en la década de los noventa cuando llegaron las primeras inversiones extranjeras a Bolivia. Así, en el año 2003 el capital español en Bolivia sólo alcanzó los 62,7 millones de dólares, muy alejado de los 300 de los años noventa. Y el capital extranjero se quedó en 566,9 millones, la mitad de lo que se invertía en la década anterior.

España, que llegó a ser el primer país inversor de Bolivia, ahora se sitúa en el segundo puesto detrás de Estados Unidos, que invirtió 189 millones de dólares en Bolivia en 2003. Le siguen en importancia, el Reino Unido (62,5 millones), Brasil (61,1), Holanda (23) e Italia (21).

Ese año, la Comunidad Europea en su conjunto invirtió 201 millones de dólares. Bolivia, como miembro de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) ha comenzado a beneficiarse en los últimos años de las ventajas arancelarias concedidas por la Unión Europea. Y así, la balanza comercial con España, tradicionalmente adversa para este pequeño país, ha experimentado una lenta mejora.

Las importaciones de productos españoles sumaron 28 millones el 2002 y subieron a 32 millones en 2004, en tanto que las ventas bolivianas a España subieron de 9,5 millones el 2002 a 19,5 millones el 2004. El déficit de la balanza comercial para Bolivia era de 19 millones el 2002 y bajó a 13 millones de dólares el 2004, según cifras proporcionadas por la oficina de Comercio Exterior de la embajada española en La Paz.

"La paradoja es que existe mucha voluntad para trabajar en Bolivia, hay voluntad para incentivar el desarrollo de muchas áreas potenciales, pero todo se está quedando paralizado", admitió ayer el embajador español en Bolivia, Francisco Montalbán.

Montalbán destacó que los capitales españoles están dispuestos a "colaborar en el lanzamiento del sector productivo" y eso podría ayudar al nuevo Gobierno en sus planes para reducir la pobreza.

La empresa Repsol-YPF, la mayor inversora, está evaluando las perspectivas para definir un plan a medio y corto plazo. Su representante en Bolivia, Julio Gavito, aseguró ayer que la empresa está atenta a la evolución de la situación. Repsol está también a la espera de los reglamentos de la polémica ley de Hidrocarburos, aprobada por el Congreso. Los propios empresarios bolivianos, además de las empresas inversoras internacionales protestaron contra esta ley.

Aun cuando el Movimiento al Socialismo, del indígena cocalero Evo Morales, logró en las últimas semanas que el Congreso aprobara una carga del 18% en concepto de regalías y de 32% en impuestos para las empresas petroleras extranjeras como Repsol YPF, las exigencias aún van mucho más allá de lo que las empresas petroleras están dispuestas a admitir.

Hay algunos líderes indigenistas y vecinales que exigen como condición para retirarse de las calles que el nuevo presidente se comprometa a nacionalizar los hidrocarburos.

"En Bolivia, como en todo el mundo, las inversiones necesitan estabilidad y certidumbre", señaló ayer Gavito, el representante de Repsol en Bolivia.

En España, la compañía petrolera intentaba transmitir ayer cierta calma. El jueves emitió un comunicado en el que expresaba su voluntad de adaptación a los nuevos tiempos: "Repsol valora a las personas por encima de cualquier otra consideración y mantiene un firme compromiso de apoyo a las comunidades en las que realiza su actividad".

Repsol cuenta con 300 empleados en Bolivia, de los cuales 250 son bolivianos, 27 argentinos, 12 españoles y siete de otros países.

Un portavoz de Repsol indicó ayer que los indígenas partidarios de la nacionalización de los hidrocarburos habían ocupado cuatro pozos petroleros al comienzo de sus movilizaciones. "Pero ya han abandonado dos de ellos y probablemente en las próximas horas abandonen los otros dos", indicó la citada fuente. "Todo está volviendo paulatinamente a la normalidad", añadió. En efecto, en la madrugada de ayer los pozos fueron desocupados y la empresa preparaba la reanudación de su actividad, informa Efe.

Las compañías españolas con inversiones en el sector eléctrico gozan de mayor estabilidad en Bolivia que las petroleras. Ése es el caso de Red Eléctrica de España (REE), único transportista de energía eléctrica en el país. Cuenta con 113 empleados, de los cuales todos son bolivianos excepto el vicepresidente que es español.

"Llevamos tres años en Bolivia", comenta Luis Ballester, director general de Red Eléctrica Internacional. "Y hasta ahora el saldo ha sido muy positivo. Los beneficios, mejor de lo esperados. No hemos tenido ningún problema de impagos. La estabilidad jurídica ha sido excelente. Y tampoco hemos tenido ningún amago de conflicto laboral con nuestros empleados, la mayoría de los cuales son ingenieros". Durante los últimos días, y "sólo con carácter preventivo", Red Eléctrica de España ha reforzado las medidas de seguridad en las instalaciones.