La juez rechaza la demanda municipal sobre el archivo de Salamanca

El Juzgado de Primera Instancia número 1 de Salamanca ha rechazado la pretensión del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Salamanca de retener la posesión de los fondos del archivo de la Guerra Civil de Salamanca. El grupo municipal popular había presentado una demanda civil contra el Gobierno de la nación "con el objeto de obtener la tutela sumaria de la posesión de los fondos documentales" que integran el archivo, "en cuyo disfrute ha sido perturbado" por el acuerdo tomado por el Consejo de Ministros.

El Juzgado de Primera Instancia número 1 de Salamanca ha rechazado la pretensión del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Salamanca de retener la posesión de los fondos del archivo de la Guerra Civil de Salamanca. El grupo municipal popular había presentado una demanda civil contra el Gobierno de la nación "con el objeto de obtener la tutela sumaria de la posesión de los fondos documentales" que integran el archivo, "en cuyo disfrute ha sido perturbado" por el acuerdo tomado por el Consejo de Ministros.

En su razonamiento, la magistrada titular del juzgado ha rechazado aceptar el trámite del interdicto con su planteamiento de que el acto de perturbación de la posesión que representa el acuerdo del Consejo de Ministros de aprobar el proyecto de ley de devolución de documentos a la Generalitat de Cataluña, por entender que ese acuerdo responde a un acto del Gobierno, y "todos los actos y omisiones del Gobierno están sometidos al control político de las Cortes Generales". En ese sentido, se apunta que se trata de "un acto prelegislativo que emana del órgano competente y seguirá su íter legislativo", recorrido en el que "este tipo de decisiones no están exentas de control, ya que lo tienen mediante su revisión en las cámaras". Igualmente se añade en la resolución judicial que, una vez aprobada la ley, la decisión se encuentra sometida al control de constitucionalidad que pueda hacerse a través del recurso correspondiente, "en caso de proceder" tal recurso.

En la demanda civil que no ha sido admitida, el equipo de gobierno en la Corporación municipal exigía, como medida cautelar, "el precinto de las 507 cajas que contienen los papeles solicitados por Cataluña", y que se estableciera "ordenar al Gobierno de la nación que no realice ninguna medida tendente a trasladar documentos.

El grupo de gobierno del Ayuntamiento salmantino ha decidido presentar recurso de apelación ante la Audiencia Provincial. En él, la argumentación básica radica en que "la ley permite ejercitar interdictos contra la Administración cuando ésta no actúa ejerciendo sus prerrogativas administrativas (es el caso de los actos políticos del Gobierno) y en que resulta contrario a la Constitución y al derecho y a la tutela judicial efectiva el afirmar que el Gobierno goza de espacios de inmunidad judicial absoluta", según ha comunicado el Ayuntamiento. Por su parte, el alcalde, Julián Lanzarote, del PP, ha señalado que la titular del juzgado concede la razón a los demandantes, ya que reconoce el derecho a la posesión frente a la propiedad, pero que no aprecia que el acuerdo del Gobierno y el proyecto de ley perturbe ese derecho.

En relación con la intensa campaña que desarrolla el grupo de gobierno del Ayuntamiento de Salamanca para requerir la asistencia de los ciudadanos a la manifestación convocada el próximo día 11 para demandar la permanencia de la integridad del archivo de la Guerra Civil, el grupo socialista ha presentado un requerimiento al alcalde para que informe en la comisión de hacienda sobre "los gastos que han ocasionando y están ocasionando a las arcas públicas municipales las campañas propagandísticas que se han llevado y se están llevando a cabo".

Según los socialistas, el alcalde deberá aportar informe de los servicios económicos municipales con el detalle específico de cada actividad, como decenas de miles de cartas "en papel caro" a los ciudadanos, anuncios y cuñas en medios de comunicación o 15.000 carteles, entre otras actuaciones, así como la empresa contratada para desarrollar esa actividad. El cambio de la fecha inicial, el día 4, ha obligado al reenvío de cartas y a la modificación de elementos ya dispuestos, lo que ha encarecido aún más la campaña.

En la carta del alcalde convocar a la manifestación programada el día 11, Julián Lanzarote afirma que "el archivo atesora parte de la memoria histórica colectiva de los españoles, que es la que permite, entre otras cosas, que se pueda hablar de una nación llamada España. Su desaparición es una victoria de quienes no creen en España como nación indivisible, ni, por tanto, en un pueblo español con una memoria histórica e identidad comunes". El lema de la convocatoria será: "Por la unidad del archivo. Por nuestros valores. Por nuestra historia común. Por nuestra dignidad".