La reforma hace emerger las divisiones internas
Canadá es un país recurrente en el complejo debate sobre la financiación autonómica en España. Su peculiar modelo de solidaridad interregional, en fase de revisión tras casi cinco décadas de funcionamiento, se basa en un programa diseñado para reducir las disparidades fiscales existentes entre las 10 provincias que integran la confederación. Ocho se benefician del sistema, las calificadas como regiones pobres, y dos -Ontario y Alberta, las ricas- contribuyen.
La negociación para adaptar el sistema de financiación a la nueva realidad económica tampoco está exenta de polémica. Ontario, que por su fuerte capacidad fiscal en términos relativos no recibe transferencias de solidaridad, acusa un fuerte desfase entre lo que sus contribuyentes envían a Ottawa y lo que reciben para apoyar sus políticas. El primer ministro, Paul Martin, reconoce que Ontario "merece" beneficiarse de partidas financieras para hacer frente a problemas específicos de la provincia, como la inmigración y la sanidad, pero se niega a firmar "cheques en blanco" en el proceso de reforma del sistema. "Los contribuyentes de Ontario gozan de unos ingresos mayores que en otras provincias y por eso tienen que pagar más. No creo que nadie ponga en cuestión ese principio", remacha.
El sistema existente persigue asegurar que los gobiernos de las 10 provincias disponen "de los ingresos suficientes" para proveer a sus residentes servicios públicos "razonables" y niveles impositivos "comparables". El sistema movilizará este año 10.900 millones de dólares. Después, cada provincia usa los fondos que llegan desde Ottawa con plena libertad, de acuerdo con sus prioridades.
Las divergencias se centran en cómo deben realizarse los pagos, y aquí han surgido las críticas del Gobierno separatista de Quebec, que denuncia una constante discriminación. Las cifras muestran que Quebec es la provincia que percibe más fondos en términos absolutos para compensar el bajo rendimiento de su economía, pero no per cápita. Al pataleo de Ontario (contribuyente) y de Quebec (receptora) se le suman las voces descontentas de New Brunswick y Saskatchewan.
Los críticos señalan que la fórmula usada para determinar las ayudas -basada en 33 criterios- y de modular las transferencias desde Ottawa es demasiado compleja. Otros precisan que el programa interfiere con las fuerzas del mercado y perpetúa la pobreza en algunas regiones. A todo esto se le suma el impacto de la desaceleración económica, que ha obligado a reducir los fondos del 1,1% del PIB en los años 80 al 0,7% en 2004.
