Ucrania comienza a purgar su pasado
Los nuevos líderes persiguen a los antiguos privilegiados y reprivatizan sus propiedades
Los dirigentes que la Revolución Naranja catapultó al poder en Ucrania se afianzan en sus puestos con purgas, persecuciones judiciales y detenciones entre los privilegiados del pasado. Los primeros meses de gestión del tándem formado por el presidente, Víctor Yúshenko, y la primera ministra, Yulia Timoshenko, están marcados por el populismo de Timoshenko. Nadie puede asegurar hoy si su política alterará el clima de corrupción imperante en el país desde hace años y si se avecina un nuevo reparto de prebendas en beneficio de los marginados por Leonid Kuchma.
El Ejecutivo afirma que el régimen anterior privatizó bienes estatales para "meterse el dinero en el bolsillo" y que el nuevo Gobierno los recupera para "devolverlos al pueblo". El ciudadano confía de momento en sus líderes: la popularidad de la radical Timoshenko incluso supera a la del más moderado Yúshenko (ambos en torno al 54%).
La Revolución Naranja triunfaba en las calles mientras el Gobierno cerraba tratos con el empresario ruso Maxim Kúrochkin
Con la vista puesta en las elecciones parlamentarias de 2006, Timoshenko quiere recuperar las grandes compañías privatizadas en época de Kuchma para revenderlas mejor. Los dueños de esos bienes a renacionalizar tendrán derecho preferencial para volver a comprarlos durante las subastas al mejor postor, según explicó la primera ministra al diario Zerkalo Nedelii. Timoshenko desea que el Estado se reserve una participación como accionista minoritario en esas empresas revaluadas. Según ella, lo que el Estado gane en las pujas deberá destinarse a un programa para restituir los ahorros prácticamente confiscados de la población y a créditos para las pequeñas empresas.
Nadie sabe a cuántas empresas afectará la ley de revaluación que preparan las autoridades, pero los oligarcas marginados en época de Kuchma ven abrirse un filón. La semana pasada, el banco Privat trató de arrebatarle a Víctor Pinchuk, yerno del ex presidente, una importante empresa en Nikopol adquirida en 2003.
Timoshenko, mientras, sostiene que el Estado es el verdadero propietario de esa compañía. En manos de los tribunales está el futuro del gigante metalúrgico Krivorozhstal, adquirido en 2004 a precio de saldo por Pinchuk y el magnate Rinat Ajmétov.
El régimen de Kuchma sacó partido de su poder hasta última hora. La Revolución Naranja triunfaba en las calles de Kiev mientras el gestor de los bienes de la presidencia, Ígor Bakái, cerraba tratos con el empresario ruso Maxim Kúrochkin. Éste recibió de Bakái el céntrico hotel Dniepr de la capital, 346 hectáreas, varias residencias en la costa de Crimea y un mercado en Dniepropetrovsk. Ahora, los empleados afirman que ha vuelto al Estado después de vivir meses de tensión. Kúrochkin, que tiene buenas conexiones en el Kremlin, dirigió en 2004 en Kiev el Club Ruso, un foro de debates cuya función era apoyar la candidatura de Víctor Yanukóvich, derrotado por Yúshenko.
La fiscalía ha dado orden de búsqueda contra Kúrochkin y Bakái. Este último se enfrenta a siete expedientes penales, entre ellos la venta de inmuebles en Crimea, incluidas dachas de los dirigentes soviéticos. En un parque natural de Yalta habrían sido reservadas 10 hectáreas para el presidente ruso, Vladímir Putin.
También están acusados de desviación de fondos públicos y estafa otros ex altos cargos, desde ministros a gobernadores. El caso más sonado afecta al ex jefe del Parlamento provincial de Donetsk, Borís Kolésnikov, encarcelado por presunta extorsión. Frente a la administración presidencial sus seguidores han montado un pequeño campamento para pedir su libertad.
Timoshenko no controla todo el Gabinete, porque algunos ministros le han venido impuestos por Yúshenko. El primer gran escándalo del nuevo equipo ha afectado al titular de Justicia, Román Zvárich, que mintió y ahora resulta que no acabó la universidad. Zvárich ha admitido que no tiene título, pero afirma sentirse jurista. A pesar de la enorme popularidad de Timoshenko, hay síntomas inquietantes. Stepán Jmara -coordinador del grupo parlamentario de Timoshenko, que ha pasado de 17 a 27 diputados en poco tiempo-, ha dimitido en protesta por la infiltración de oligarcas. Y muchos analistas políticos y económicos dudan de que se esté cumpliendo la promesa de Yúshenko de separar los negocios de la política.
La oposición se siente perseguida
El nuevo Gobierno de Ucrania afirma haber descubierto 19.000 delitos económicos cometidos durante el régimen anterior dirigido por el presidente, Leonid Kuchma; de ellos, 1.700 en el campo de la privatización. Se han abierto 171 expedientes penales contra dirigentes de la Administración anterior y otros 371 relacionados con irregularidades electorales. Para el ministro del Interior, Yuri Lutsenko, esto significa que "la ley retorna a Ucrania", pero para otros, los que ahora están en la oposición, se trata de "una venganza política implacable". "Comparados con ellos, éramos unos sentimentales", señalan medios que apoyaron a Víctor Yanukóvich, el candidato claramente derrotado en las elecciones repetidas (las primeras tuvieron que ser anuladas ante las evidencias de un fraude masivo) y que era el preferido de Moscú.
"Yúshenko y Timoshenko [el presidente y la primera ministra, respectivamente] necesitan dinero para las elecciones, así como devolver los favores a los oligarcas que les ayudaron y les pasan factura", dicen. Pero reconocen que la oposición está desmoralizada. "Yanukóvich está quemado; hay que apostar por gente joven y sin comprometer", opinan.
En el partido de Yanukóvich, hay estrecheces económicas, ya que el oligarca Rinat Ajmétov ha dejado de financiar a su antiguo aliado después de que el Gobierno de Ucrania le persuadiera de que tal cosa podría tener consecuencias negativas para él.
En general, perdedores y vencedores de la Revolución Naranja se conocen muy bien por haber trabajado juntos en el pasado y en algunos casos mantienen relaciones que teóricamente permiten llegar a compromisos.
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