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La mitad de los pobres que sobreviven con menos de un euro al día son campesinos

Una plataforma de la ONU exige que se garanticen los servicios básicos de salud y educación

De los 1.800 millones de personas que sobreviven en el mundo con menos de un euro al día, 852 millones son campesinos, según la Coalición por la Tierra (siglas en inglés, ILC), una plataforma de la ONU que reúne a Gobiernos, ONG y sociedad civil, y que acaba de celebrar su asamblea mundial en Santa Cruz de la Sierra, capital de una región boliviana donde las tensiones por la tierra son dramáticas. Lo que agrava la situación de esos pobres entre los pobres es justamente que no son dueños de la tierra que trabajan, y ello les condena a un futuro de inercia, indefensión médica y analfabetismo. La mayoría de esos campesinos son mujeres e indígenas.

La comunidad internacional busca alternativas para ellos. La asamblea de la ILC, que reunió a 80 delegaciones en la sede de la Agencia Española de Cooperación (AECI) en Santa Cruz, constató que el simple acceso de los campesinos a la tierra no erradica la pobreza, y que es necesario que los Gobiernos les garanticen servicos básicos de salud y educación. La tierra es vida, lema de la reunión, parece ser aún un grito universal de los desheredados.

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La declaración final de la asamblea plantea que la pobreza es hoy más que la carencia económica, y que miseria rural y violencia urbana están vinculadas por la enorme emigración de campesinos sin tierra a las ciudades e incluso más allá de las fronteras. Para la ILC lo fundamental es asegurar el derecho a la tierra, tanto a escala local como en los acuerdos internacionales: en especial para las mujeres, a quienes las tradiciones impiden gestionar el suelo que trabajan.

Los debates denunciaron los obstáculos que los campesinos encuentran para un derecho consolidado a la tierra: falta de dinero, abuso de los grandes propietarios, trabas legales y complejidad administrativa, e incapacidad del mundo rural para participar en las decisiones políticas.

Marco explosivo

Era la primera vez que la ILC se reunía fuera de su sede en Roma, y el marco de Santa Cruz resultó paradigmático por lo explosivo. El presidente de Bolivia, Carlos Mesa, acosado por una oligarquía que no quiere ceder nada y por la oleada incontenible del movimiento indígena, se arriesgó a inaugurar la cumbre en una región donde goza de la enemistad de los grandes empresarios agroindustriales y ganaderos y de una clase política que no se recata en reclamar el dominio del país y una autonomía política, e incluso la independencia. No es fácil ver una enseña boliviana en Santa Cruz; por doquiera, hasta en los capós de los taxis, hay banderas cruceñas, verdiblancas como las del Real Betis Balompié.

Mesa planteó: "No podemos en Bolivia hacer ningún debate sin tener en cuenta que somos una sociedad profundamente injusta"; y señaló que "el acceso a la tierra se ha convertido en los países en desarrollo en una cuestión social". Alertó de que "sectores ultraradicales" de ambos bandos "persiguen impedir en Bolivia en diálogo". Tras su discurso, salió inmediatamente de Santa Cruz. La Confederación Agropecuaria del Oriente (CAO), apoyada por otros sectores empresariales, anunció al día siguiente una querella contra el presidente.

"Tras el hundimiento de la minería en los Andes, se ha producido una incontenible emigración al Oriente, y en el departamento de Santa Cruz hay ya un 42% de aymaras y quechuas, además de 200.000 indios autóctonos de 32 etnias que reclaman sus derechos por la producción de hidrocarburos en sus territorios", dice Miguel Urioste, presidente de Fundación Tierra, coorganizadora de la cumbre. Urioste alerta de que las elites cruceñas crean un rechazo a los inmigrantes, y constata el desastre medioambiental: "Hace diez años, la superficie de bosque era el 90%. Ahora es el 10%. Triunfan el monocultivo de soja y las empresas madereras".

Fundación Tierra es una ONG de prestigio en una Bolivia donde algunas de las 800 organizaciones que trabajan en el país imponen sus programas sin que la debilidad del Estado pueda rechistar. Hay un consenso de que, sin la cooperación, Bolivia es inviable. En ese contexto, la sede de la AECI, dirigida por Víctor Navalpotro, es un centro de formación a pleno funcionamiento, y sirve de centro cultural.

Brasil y los sin tierra

Las organizaciones campesinas de todo el mundo vuelven hoy los ojos a lo que haga el Brasil de Lula. Edson Teófilo, uno de los principales economistas brasileños, aportó a la cumbre un realismo provocador. Dejó claro que en Suramérica (no así en Centroamérica) no hay escasez de tierras, por lo que el problema es de acceso y de reparto. Indicó que "es imposible imaginar en Brasil ninguna transformación sin el Movimento Sem Terra (MST)", y matizó que "el MST ya no es el del principio, ahora no van a pie, sino en coche". Resaltó que el Gobierno anterior, de Fernando Henrique Cardoso, había dado suelo a 400.000 familias sin tierra, y que Lula aspira a hacerlo con otras 500.000: por ahora se ha llegado al 20%. Fustigó las reformas agrarias "incompletas, detrás de las que están los sectores conservadores", porque brindar sólo el acceso a la tierra paraliza la verdadera reforma si no se dan también "servicios sociales básicos". Unos servicios que el mercado, "imperfecto de por sí", no otorgará: el Estado debe hacerlo. En el debate posterior, hubo un incidente sintomático de cómo están las cosas en el Oriente boliviano. George Prestel, líder ganadero, censuró que estas cumbres se celebren en países como Bolivia y no en el Primer Mundo. Teófilo le recordó que Europa ha debatido sobre las cuestiones agrarias hace mucho, y añadió que "la explotación ganadera óptima es de 80 vacas". Palabras sin duda afiladas en una región donde hay familias que, con el truco de reclamar fincas cada uno de sus miembros, reúnen hasta 150.000 hectáreas, escudadas jurídicamente como explotación ganadera. Si llega una inspección, los propietarios mueven vacas de una parcela a otra, para demostrar que allí todo es ganadero y legal. Los cruceños bromean sobre "vacas turistas".

Campesinos en Bolivia.
Campesinos en Bolivia.ASSOCIATED PRESS

Latifundio contra democracia

"El mundo rural es clave para la reducción de la pobreza", dice Bruce Moore, director de la Coalición por la Tierra (ILC), creada en 1995. Canadiense, hijo de madre analfabeta y huérfano temprano de padre, siente que lidera un instrumento capaz de coordinar a Gobiernos, ONG, sociedad civil e instituciones como el Banco Mundial. "La ILC no hace reforma agraria ni la financia", dice. "Junta a los actores y hace fluir la información. Nos estamos convirtiendo en una plataforma para dialogar y resolver conflictos".

Moore tiene claro que "donde hay acceso a la tierra, se produce más inversión, mejor distribución, menos conflictos, mejor nutrición, y los campesinos logran un efecto multiplicador de todo eso como compradores y vendedores. En cambio, el latifundio va contra la democracia. La paz y la seguridad se logran dando oportunidad a los marginados para que sean actores del desarrollo".

El auge de los movimientos indígenas no le sorprende. "Una de las fuentes de conflicto en el mundo es que los campesinos pobres son indígenas. Los miembros de la ILC nos piden vías para impedir los abusos contra esas poblaciones, que en cada sitio son diferentes. En mi país, indígenas y Gobierno están aparte. En Guyana, los problemas vienen de las empresas mineras, que contaminan el hábitat de las comunidades. En Indonesia, es la presencia de las madereras".

Moore tiene cierto optimismo. "El Parlamento europeo ha aprobado directrices que responden a nuestras propuestas, y cuyo cumplimiento por supuesto vigilaremos. Al empezar la ILC, sólo la apoyaba la sociedad civil. En los últimos dos años hemos recibido invitaciones de jefes de Estado de Indonesia, Filipinas, Suráfrica, Guatemala, Uganda, Níger, Burkina Fasso o Benin, países donde es crucial la resolución de conflictos rurales".

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