El etiquetado de la miel deberá informar de qué países viene y en qué porcentaje para frenar el fraude

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto por el que se modifica la norma de calidad relativa de la miel. Así, se establece la obligación de indicar en la etiqueta del producto, en el campo visual principal, el porcentaje que representa cada uno de los países de origen de la miel, en el caso de las mezclas.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación busca mejorar la información proporcionada al consumidor sobre el origen de este producto. Con esta modificación se incorpora a la legislación nacional las modificaciones de la directiva de la Unión Europea impulsadas durante la Presidencia española del Consejo en el segundo semestre de 2023 y culminadas en 2024.

Según la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) y un informe elaborado por la Comisión Europea ―publicado en marzo de 2023―, el 51% de las mieles que llegan a España son fraudulentas, mientras que en el resto de la UE ese porcentaje se reduce al 46%. El análisis fue realizado a cientos de importaciones de miel durante el 2021 y 2022.

El ministerio ha indicado que esta nueva norma garantiza “que el producto que llega al consumidor no ha sido desprovisto de las sustancias o ingredientes naturales que le confieren sus propiedades características y cumple con los criterios de composición, calidad y pureza”.

Ya en 2020, España fue pionera en la Unión Europea en la clarificación del etiquetado del origen de la miel. Hacía obligatorio poner la lista de los países de origen de la miel y donde sus mezclas hayan sido recolectadas. Ahora, se tiene que especificar también la proporción de cada uno de ellos.

Con este cambio a la legislación, se pretende proteger y aumentar la competitividad de las mieles de origen español y posicionarlas frente a las importadas. Y, con más transparencia en los productos, se busca fortalecer el mercado nacional.

La modificación también elimina la variedad de miel filtrada y establece que aquella a la que se le haya retirado una parte importante del polen será considerada, únicamente, para uso industrial. Es decir, no podrá comercializarse directamente al consumidor final. El objetivo, según menciona el ministerio, es garantizar un producto de máxima calidad, así como claridad sobre el origen y sus características.

El sector apícola en España tiene una gran relevancia: son más de 2,8 millones de colmenas y la producción final, en 2023, se situó en 27.423 toneladas, según el ministerio. El país cuenta con 36.893 explotaciones, 17% de estos son profesionales, lo que supone el nivel de profesionalización del sector apícola más alto de la Unión Europea.

La semana pasada, los apicultores españoles ―así como los franceses y portugueses― se manifestaron contra las importaciones de “miel falsa”. En un comunicado, el COAG indicó que “la miel falsa en el mercado ha llevado nuestros precios a niveles insostenibles, poniendo en grave riesgo nuestra labor y la calidad del producto”. Exigían a la Comisión Europea, entre otras cosas, la validación de los métodos de detección de la adulteración y mayores controles en la frontera y mejoras en la trazabilidad.

El Ministerio de Agricultura ha indicado que el sector apícola desempeña una importante función social y de vertebración del territorio rural. Además, un papel medioambiental por su contribución a la polinización de las distintas especies vegetales.