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Reportaje:EL HOSPITAL DE LEGANÉS

La crisis de Leganés vista por las familias

Hijos y viudas de los enfermos terminales investigados por el fiscal apoyan a los médicos - Otras muertes en urgencias de pacientes no terminales llegan a los tribunales tras el eco de la polémica

Oriol Güell

Viven con el dolor de la muerte de un familiar. No ocultan su sorpresa por la virulencia que ha adquirido la crisis del hospital Severo Ochoa. Algunos se quejan de las heridas que la polémica ha reabierto. Y, aunque muchos agradecen el trato recibido en la enfermedad y muerte de parejas o progenitores, otros dudan de la actuación de los médicos.

"Sólo tengo palabras de agradecimiento. Mi padre fue tratado durante dos años de un cáncer de páncreas y murió en urgencias, acompañado de mi madre, yo misma y mis tres hermanos. Recibimos cariño, información y apoyo", explica María del Carmen, hija de Obdilio Moruño, fallecido en noviembre de 2004, y uno de los casos que investiga ahora el fiscal.

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"Mi padre entró andando a urgencias. Retenía líquidos. Le ingresaron y por la noche no me dejaron quedarme con él. Por la mañana estaba inconsciente y con convulsiones. Dijeron que había sido un infarto. Murió dos horas después. No me explicaron nada más. Creo que lo sedaron, pero no contestaron a mis preguntas". Así recuerda Juliana Martín la muerte, en junio de 2004, de Félix, su padre, de 72 años. Es uno de los casos de muerte de enfermos no terminales que, tras la polémica, las asociaciones de pacientes planean denunciar.

El Severo Ochoa era hace poco más de un mes un hospital medio del sur de Madrid, apenas conocido fuera de la zona. Hoy se encuentra en el epicentro del mayor terremoto de la sanidad pública en muchos años. La intervención del consejero de Sanidad de Madrid, Manuel Lamela, iniciada hace cinco semanas, ha tenido unas consecuencias sin posible marcha atrás: la cúpula del centro ha sido destituida, la fiscalía ha intervenido y la escena política, sindical y médica de Madrid viven una crispación sin precedentes.

Las familias de los fallecidos en Leganés parecen no escapar de este clima, aunque existen diferencias. Las que vivieron las largas y dolorosas enfermedades que llevaron a sus allegados a una situación terminal apoyan, casi sin excepción, a los médicos de urgencias. El calor de la polémica, sin embargo, ha hecho que las asociaciones de pacientes denuncien otras muertes de enfermos no terminales que acudieron a urgencias por dolencias sin aparente gravedad y que sufrieron repentinos empeoramientos de salud.

La Fiscalía de Madrid estudia 13 sedaciones aplicadas en el Severo Ochoa a enfermos terminales. La Consejería de Sanidad le ha pedido que aclare si existe responsabilidad penal de los médicos.

Las 10 sedaciones más controvertidas son las que una comisión del hospital formada por médicos calificó de "no indicadas", "dudosas" o "excesivas". EL PAÍS ha hablado con cinco familias de estos fallecidos, de las que cuatro han querido ofrecer públicamente su opinión del caso. Este diario también ha hablado con parientes de 11 de 18 personas que murieron en Leganés tras recibir cuidados paliativos entre julio de 2004 y el 31 de marzo de 2005.

Segundo Flores murió el 28 de junio de 2004 por las secuelas de un infarto cerebral. Fue sedado. El médico que la aplicó habla en un informe de muerte cerebral e intensos ahogos. También de "signos de dolor sin respuesta al tratamiento pautado y situación de agonía". Sus hijos y su nuera recuerdan "los gestos incontrolados" en el cuerpo de Segundo. "Los médicos dijeron que no se iba a recuperar y que estaba sufriendo. También, que si le sedaban iba a estar tranquilo. Yo no lo dudé. ¿Qué sentido tiene sufrir aun más cuando vas a morir?", se pregunta su nuera.

Concepción de Gregorio recuerda la "terrible situación" en la que su madre, Ángela Larren, llegó a sus últimas horas de vida tras muchos meses de tratamientos. Está agradecida por la "amabilidad y cariño" que le ofrecieron los trabajadores de urgencias el 16 de junio de 2004. "El cáncer de pulmón se le había extendido. Sufría mucho y sacaba esputos de sangre. Todos sabíamos que iba al hospital a morir. Sólo nos quedaba pedir que sufriera lo menos posible y así se lo dijimos a los médicos", explica.

Los familiares de Jesús Juárez, muerto por un cáncer inoperable de estómago, se manifiestan en términos muy parecidos.

Estos tres casos están entre los 13 que estudia el fiscal. La Comunidad de Madrid afirma que son sedaciones irregulares. Los médicos acusados y los familiares de los fallecidos, sin embargo, los consideran cuidados paliativos consentidos que evitaron el sufrimiento de personas cuyo estado de salud era irreversible y que afrontaban las últimas horas de vida entre el dolor y la angustia.

Estas discrepancias se hicieron públicas el pasado 11 de marzo, cuando Lamela anunció el inicio de las investigaciones. Pero su origen se remonta un año atrás, cuando en el seno de la comisión que estudia las muertes de pacientes en el hospital se desataron las pugnas entre los médicos que la forman. A un lado, la dirección del centro y un equipo de médicos quería seguir un protocolo para las sedaciones aplicadas en urgencias. Al otro, los médicos de este servicio y los de Anestesiología, que no estaban de acuerdo con el contenido del protocolo (los fármacos a utilizar, las dosis y los enfermos que debían recibirlas) ni con que estuvieran obligados a cumplirlo en contra de su criterio médico.

Mientras se libraba esta soterrada pugna, los enfermos seguían llegando a las urgencias del Severo Ochoa. Entre julio de 2004 y el pasado 31 de marzo, murieron 104 en ese servicio. Al menos 18 recibieron cuidados paliativos, según el registro del hospital.

Las siete familias consultadas se muestran abiertamente agradecidas con el trato recibido en las urgencias de Leganés. No les faltó información sobre el estado de sus allegados, ni sobre los tratamientos recibidos, todos ellos con el preceptivo consentimiento informado. "Un cáncer de hígado se llevó a mi padre. Pero lo hizo acompañado, tranquilo y entre atenciones. Desde el primer al último momento, los trabajadores y médicos de Leganés nos demostraron ser buenos profesionales y mejores personas", explica Mercedes, viuda de Ángel Gracia Martínez, fallecido a principios de noviembre en el hospital.

María del Carmen, hija de Obdilio Moruño, critica la polémica. "No me parece bien toda esta inquietud que se está generando en la gente. No sé de donde puede venir el problema. Lo que yo viví no es lo que se está diciendo". María del Carmen recuerda que los médicos le explicaron que, para evitar sufrimientos a su padre, existía el recurso de la sedación: "Mi madre, mis tres hermanos y yo firmamos el consentimiento".

La viuda de otro fallecido, que pide no citar el nombre, no tiene claro si habló de la sedación con los médicos: "No lo recuerdo, pero mi marido ya estaba sedado cuando llegó al hospital. Llevaba cuatro meses con morfina en casa. Tenía un cáncer de pulmón que le mataba del dolor. Le llevamos a morir al Severo Ochoa".

Este caso, casi calcado del relatado por el hijo de otro fallecido por cáncer de páncreas, es un ejemplo del "consentimiento informado implícito", explican fuentes jurídicas. "Cuando un paciente llega al hospital ya sedado es que recibe este tratamiento por deseo del propio enfermo y de la familia. Si no hay tiempo, los médicos entienden que implícitamente cuentan con el consentimiento informado".

Otras familias, sin embargo, no ocultan su malestar con el trato recibido en el Severo Ochoa. Son las que han acudido a las asociaciones de pacientes Adepa y Avinesa para que estudien si llevar sus casos a los tribunales. Estas organizaciones tienen más de 30 casos sobre la mesa. El Juzgado nº 3 de Leganés ha admitido a trámite una de estas querellas. Dos más serán presentadas en los próximos días.

"Lo que buscamos con la querella que ha sido aceptada es que se aclare de una vez lo que sucedió en urgencias", explica Fabiola, hija de un vecino de Leganés fallecido en 2003 en el Severo Ochoa, informa F. J. Barroso. Este vecino sufría la enfermedad obstructiva crónica (EPOC). Por la mañana, se encontraba mal, aunque fue capaz de vestirse solo. Fue al hospital, donde su estado empeoró. Murió a las tres de la tarde después de que los médicos le suministraran midalozam, un sedante contraindicado en enfermos de EPOC, según explica el abogado de la familia.

Antonia Jurado recuerda que salió del hospital pensando: "A mi padre se lo han cargado aquí". "Entró el 7 de enero para hacerse una radiografía. Tenía fiebre y los pulmones mal. Tardaron horas en urgencias en hacérsela. A las tres de la madrugada me dijeron que había tenido una crisis. Me despedí de él a las cuatro y aún estaba consciente. Cuando volví por la mañana había empeorado, según los médicos. Estaba inconsciente", añade. Antonio Jurado murió a las 16.15 del 8 de enero. Su familia no sabe si fue sedado porque, afirma, no fue informada de ello. Aunque sospechan que sí por el repentino estado de inconsciencia en que le encontraron.

Las versiones de estas familias discrepan de las anteriores. Hablan de médicos y enfermeras poco amables, de escasa información y de pacientes que entraron en el Severo Ochoa por dolencias menores y que murieron pocas horas después. Estos casos fueron estudiados por una comisión del hospital, que no encontró nada irregular en ellos. Tampoco la fiscalía ha recibido de Sanidad objeción alguna a la actuación de los médicos. Pero sus dudas persisten.

"Mi madre tenía 87 años. Llevaba una época cansada y se constipaba mucho, pero estaba bastante bien y tenía la cabeza pefecta. Entró en urgencias el 15 de febrero a la una de la tarde", explica Adoración Cuadrado, hija de Isabel Sardón. "Por la noche estuve con ella. Estaba nerviosa, pero bien. Por la mañana estaba inconsciente. El médico dijo que había entrado en coma. Murió a las 11".

Ella tampoco recuerda que ningún médico le consultara que su madre iba a ser sedada. Admite que ignora si relamente lo fue y se queja de que recibió muy poca información. "Lo que si sé es que mi madre no estaba para morirse", apostilla.

Las acusaciones del Gobierno de la Comunidad de Madrid a un hospital que él mismo gestiona han reabierto heridas y dudas que llevaban meses cicatrizando. "Yo no pienso en los tribunales, pero sí quiero que se aclare todo lo ocurrido", coinciden en señalar Antonia y Adoración.

"Yo, sinceramente, no me creo lo que ahora se dice. No sé lo que les pasó a otros, pero sí vi el trato que recibió mi marido y el cariño de los médicos.", concluye, por el contrario, Mercedes, hija de otro fallecido.

Manifestación de los vecinos de Leganés en apoyo del hospital Severo Ochoa, el pasado 1 de abril.
Manifestación de los vecinos de Leganés en apoyo del hospital Severo Ochoa, el pasado 1 de abril.CLAUDIO ÁLVAREZ

"Ahora ya no sé qué pensar"

Tras más de 40 años de matrimonio, Trinidad Ortega murió sólo una semana después de enterrar a su marido. Tenía una buena salud a sus 83 años. "Fue una desgracia. Pidió ir al cementerio a retirar las flores secas de la tumba de mi padre. La tumba de al lado recubierta de maleza pero abierta. No lo vimos y cayó dentro, desde cuatro metros de altura", recuerda un hijo.

Éste dice que firmó el consentimiento informado para que le realizaran un un TAC (prueba diagnóstica que evalúa las lesiones internas del organismo) en Leganés. "Tras el TAC nos dijeron que no había nada que hacer, que la hemorragia era irreversible. Cuando la vimos ya estaba sedada por las convulsiones. La verdad es que la primera vez no nos solicitaron consentimiento para sedarla, aunque luego sí lo pidieron para irle administrando morfina. Fue muy duro, pero nos pareció bueno el trato que recibió en el hospital", explica su hijo. "Lo que pasa ahora es que ya no sé que pensar con todo el revuelo que se ha organizado. Tenía convulsiones y quizá tuvieron que sedarla para hacerle el TAC, pero ahora nos queda la duda", añade.

El caso de Trinidad está entre los 13 que estudia la Fiscalía a petición de Sanidad. El médico que aplicó la sedación defendió en diciembre en un informe la medida ante el "pronóstico infausto en breve" de la paciente y su "situación de agonía y signos de dolor". También suscribe que tenía "el consentimiento informado".

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Sobre la firma

Oriol Güell
Redactor de temas sanitarios, área a la que ha dedicado la mitad de los más de 20 años que lleva en EL PAÍS. También ha formado parte del equipo de investigación del diario y escribió con Luís Montes el libro ‘El caso Leganés’. Es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Barcelona y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

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